En medio de una complicada sesión de concejo municipal, que incluyó insultos, gritos y una persona agredida en un confuso incidente a la entrada del acto, los concejales junto a la alcaldesa de Maipú: Cathy Barriga Guerra, aprobaron 26 transacciones laborales, producto de la judicialización de los despidos por parte de la administración UDI en Maipú.
A través de un documento al que tuvo acceso La Voz de Maipú, la Directora de Asesoría Jurídica: Valeria Díaz Camus, explica a los concejales que “Desde finales del año 2015 a la fecha, la Corte Suprema ha procedido a unificar criterios respecto a someter a las reglas del Código del Trabajo la contratación por parte de los Municipios de personal a honorarios; al respecto ha señalado que los prestadores de servicios a honorarios contratados en virtud del artículo 4 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma prescribe, en su mayoría realizan labores permanentes y habituales para el municipio, por lo que no enmarcarían en los supuestos que prescribe este artículo, primando el principio de la realidad cuando se pruebe la comparecencia de los requisitos del artículo 7 del Código del Trabajo, esto es, la existencia de una relación laboral bajo condiciones de subordinación y dependencia, además del pago de una remuneración por la labor desempeñada”.
En resumidas cuentas los trabajadores a honorarios demandan que el cese de sus contratos es nulo y acusan también, que es injustificado. Por ello acuden a los tribunales solicitando pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, además de indemnización por años de servicio. Finalmente piden el pago de las cotizaciones previsionales, al comprobar en sede jurídica que a pesar de estar contratados en calidad de honorario, debían cumplir horarios y tenían una jefatura.
Ante este escenario los perjuicios para el Municipio -se estiman- serán enormes. Sin embargo los juicios suelen ser largos, y muchos de los trabajadores enfrentan cesantía y otras complicaciones económicas que facilitan que el municipio ofrezca salidas alternativas. Es decir, entre despedido y municipalidad, acuerdan un pago menor al que el primero obtendría si lleva el juicio hasta el final.
En el caso de ayer, 26 arreglos judiciales fueron aprobados por el concejo. En total las 26 personas demandaban $449.124.642. Sin embargo el acuerdo contempló un pago total de $80.427.102. En el documento que tuvimos acceso se habla de un “Ahorro al Tesoro Municipal de $368.697.360”. Sin embargo, de no haber tantos despedidos, muchos de estos casos se podrían haber evitado.
PRUEBAS:
