La reciente creación de una superintendencia educación y la iniciativa del gobierno  con suma urgencia para crear la Superintendencia de telecomunicaciones ha sido la respuesta del gobierno para fiscalizar, regular, normar estas actividades económicas, Las telecomunicaciones son un área donde existen innumerables conflictos. Una industria que tiene el primer lugar en los rankings de reclamos de los usuarios, posee una falta de estabilidad en sus servicios, fallas permanentes, operadores con conductas abusivas y cobro de precios por sus servicios dentro de los más caros del mundo.

Las superintendencias en nuestro país no han cumplido un rol en defensa de los derechos de los  consumidores y usuarios, más bien han estado preocupadas de la estabilidad y solvencia de las actividades, además no han cumplido su rol fiscalizador y regulador. Basta ver lo sucedido con el caso La Polar, Además muchas de las propias circulares emitidas por las Superintendencias, al aplicarse han significado nuevos abusos por parte de las empresas en contra de los consumidores.

El modelo que se propone el gobierno en el proyecto de ley es de autoridad unipersonal, similar al aplicado en las actuales superintendencias de chile, que es precisamente el que tiene más riesgos de captura por parte de la industria o del aparato político, exponiendo al cuestionamiento de las resoluciones normativas o sancionatorias de las superintendencias, restando continuidad a las políticas internas de estas entidades. Lo que necesitamos en chile es un organismo que favorezca el equilibrio de los intereses en juego entre los sectores económicos regulados y los consumidores, fortaleza institucional y independencia presupuestaria, que pueda generar incentivos para captar y retener personal calificado en las agencias reguladoras.

En este contexto, un modelo que ha ganado aceptación es la idea de un  gobierno colegiado, más allá de las definiciones específicas sobre el número de integrantes, este modelo integra funciones bajo dos grandes objetivos: conducta de mercado (protección del consumidor, competencia y transparencia) y solvencia y estabilidad. Además establece mecanismos internos que impiden la injerencia del ciclo político y reduce las posibilidades de captura, entre otros.

Un gobierno colegiado para las agencias supervisoras tiene beneficios en términos de la legitimidad de los procesos regulatorios y sancionatorios, la continuidad de políticas de las instituciones reguladoras y mayor control interno en caso de avanzar hacia mayor autonomía.

El modelo aplicado en Chile para la regulación del sector de las telecomunicaciones actualmente, es el modelo tradicional en este ámbito, es una subsecretaria (subtel) incorporada en el ministerio del sector, este esquema es aplicado en Francia y Japón, en los casos de Francia y Alemania los operadores también reportan al ministerio del sector.

En Conadecus creemos que este modelo  tiene ventajas sobre los otros sistemas, ya que aminora significativamente el riesgo de captura del organismo regulador por parte de la industria, además dispone de las atribuciones suficientes para regular, fiscalizar, normar y sancionar, y tiene la función de implementación de las políticas públicas. Sin embargo tiene el inconveniente de no resguardar la independencia de los gobiernos de turno, igual creemos que el  grado de autonomía es muy superior al de otras agencias formalmente más independientes.

La conclusión es que la independencia no depende sólo ni principalmente de la figura jurídica adoptada, sino del contexto institucional, de las atribuciones efectivas del organismo, la calificación de personal y los recursos disponibles. Los consumidores esperamos que se implemente un nuevo modelo de superintendencias, que recoja estas demandas necesarias para la independencia de los organismos reguladores, la transparencia y defensa de los consumidores.