Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro de Justicia tras tensa sesión especial por rebaja de condenas

La controversia política desatada por la firma de los 56 decretos que concedieron reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales —entre ellos abusadores de menores de edad— escaló al plano institucional más complejo para el Ejecutivo. Tras el término de una tensa sesión especial celebrada la tarde de este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, las bancadas de oposición confirmaron de manera unánime que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Se trata del primer libelo acusatorio que enfrenta un miembro del gabinete del Presidente José Antonio Kast, marcado a su vez el segundo proceso de esta índole que se activa durante el presente año en el Congreso Nacional.

Los argumentos de las bancadas opositoras

La determinación de los parlamentarios se oficializó luego de escuchar la exposición del propio titular de Justicia en la Sala, instancia en la que defendió su decisión aduciendo que su actuación se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico y al acatamiento de fallos emitidos por la Corte Suprema.

Dichas explicaciones fueron catalogadas como insatisfactorias por parte de los legisladores quienes previamente habían otorgado al Ejecutivo un plazo de 48 horas para remitir la totalidad de los antecedentes y decretos respectivos.

Daniela Serrano, jefa de bandada PC e independiente, acusó al secretario de Estado de extralimitarse en sus atribuciones y de no responder las dudas de la Sala.

“Ya iniciamos el primer paso que era escuchar al gobierno en lo injustificable, se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y por tanto de manera responsable acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional”, afirmó la diputada, enfatizando la necesidad de perseguir la responsabilidad política hasta el final.

Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, calificó la determinación ministerial como un hecho inaceptable.

“Producto del error garrafal que cometieron, y que es absolutamente imperdonable, es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional”.

Juan Santana del Partido Socialista, sostuvo que el secretario de Estado no estuvo a la altura de la coyuntura.

“Todas las fuerzas opositoras, porque tenemos un dilema ético y moral con el país y con las familias de aquellas víctimas, vamos a empujar esta acusación constitucional y vamos a hacer uso de todas las herramientas de fiscalización que tenemos a disposición para hacer valer la responsabilidad política que el presidente Kast no quiere hacerle valer a sus ministros”.

Cristián Tapia, independiente del PPD remarcó que la materia trasciende disputas partidarias.

“Este no es un tema de política, es de humanidad, es para proteger a la víctimas (…) el ministro nos ha dejado la pelota en el área para hacer un gol y eso es una acusación constitucional que sin lugar a duda, inclusive parlamentarios del oficialismo también han manifestado su idea de la acusación constitucional”.

Luis Malla, de la bancada Liberal, ratificó la adhesión de su bancada apuntando a la línea de mando completa.

“Ni el ministro Rabat, ni el subsecretario Silva, ni nadie que haya estado involucrado en esto, incluyendo los Seremis, deberían seguir en sus cargos. Es por eso que la bancada liberal va a firmar esta acusación constitucional”.

Por su parte, el timonel de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz precisó que los comités ya coordinan reuniones con abogados constitucionalistas con el fin de redactar y dar forma técnica al documento acusatorio antes de su ingreso formal a la oficina de partes.

Proyecto de resolución y la postura de La Moneda

La ofensiva parlamentaria se da minutos después de que la Sala de la Cámara Baja visara un proyecto de resolución solicitando al Presidente de la República remover de sus cargos al ministro Fernando Rabat, al subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado. Dicho texto fue aprobado por una mayoría de 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones, registrando descuelgues en el bloque oficialista.

Pese a admitir que la situación configuró un error dentro del Ejecutivo, el Presidente Kast respaldó la continuidad de Rabat al mando de la cartera para que sea él quien encabece las correcciones legales pertinentes. Entre estas medidas, el Ministerio de Justicia ya ingresó un proyecto de ley a la Comisión de Constitución del Senado destinado a clausurar la vía administrativa de rebajas a personas condenadas por agresiones sexuales.