Exabogada de Maipú durante la gestión de Barriga y una funcionaria con paso por cinco gobiernos: los nombres que visaron las rebajas de condena antes de Rabat

Nuevas aristas se siguen conociendo en torno a los cuestionados 56 decretos que concedieron reducciones de condena a sentenciados por delitos sexuales. De acuerdo con una investigación publicada por el medio The Clinic, antes de que los documentos llegaran al escritorio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, dos profesionales de su círculo cercano cumplieron un rol clave como los últimos eslabones técnicos en revisar y dar el visto bueno a los actos administrativos: la jefa de gabinete, Paula Bagioli Coloma, y la jefa de la Unidad de Reinserción Social, Fabiana Castro Brahm.

El procedimiento general para la concesión de este beneficio contempla un extenso circuito institucional que involucra a cuatro entidades. Inicialmente, las postulaciones son remitidas por Gendarmería hacia las seremis; luego intervienen las Comisiones de Reducción de Condena —conformadas por delegados de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y de la Corte de Apelaciones—, pasando por otras seremis hasta ingresar formalmente a la cartera de Justicia. Allí, tras la verificación legal y confección de las propuestas de decreto, los textos deben ser visados por la jefatura de Reinserción Social, derivados al gabinete ministerial y, finalmente, suscritos por el secretario de Estado.

En esta fase decisiva, tanto Bagioli como Castro registraron las últimas revisiones de los decretos, ambas respaldadas por un dilatado recorrido en la administración pública y el ámbito municipal.

El nexo de Paula Bagioli con Maipú y su paso por la academia

La actual jefa de gabinete de Fernando Rabat, quien fue la última persona en visar los decretos antes de la firma ministerial, es abogada de la Universidad del Desarrollo y doctora en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica, institución donde también cursó diversos posgrados.

En sus inicios profesionales se desempeñó como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en áreas vinculadas a políticas laborales. Posteriormente, ingresó a la esfera comunal: entre los años 2017 y 2018 ejerció funciones como abogada asesora de la Municipalidad de Maipú, durante el periodo edilicio encabezado por la exalcaldesa Cathy Barriga.

Tras su paso por la casa consistorial maipucina y labores en el ámbito privado, Bagioli asumió como asesora del Ministerio de Desarrollo Social (2019-2021) y más tarde como abogada asistente en el Tribunal Constitucional (TC), su última posición pública antes de recalar en Justicia. Paralelamente, desarrolló una trayectoria docente entre 2016 y 2025 impartiendo cátedras de derecho administrativo y argumentación jurídica en casas de estudio como la Ucinf, Universidad Finis Terrae, Usach, UDD y la PUC.

Fabiana Castro: trayectoria transversal en cinco administraciones de Gobierno

Por su parte, la jefa de la Unidad de Reinserción Social, Fabiana Castro Brahm, recaló en el ministerio junto con el inicio de la actual gestión tras una extensa carrera estatal que abarca cinco administraciones presidenciales de distinto signo político: Sebastián Piñera I y II, Michelle Bachelet II, Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Psicóloga de la Universidad Diego Portales y poseedora de un magíster en Políticas Públicas, Castro se inició en el sector público en 2011 como asesora en temáticas de infancia en la Subsecretaría de Prevención del Delito (primer mandato de Piñera). En el gobierno de Bachelet continuó en la repartición dentro del programa de Terapia Multisistémica, para luego, en la segunda administración de Piñera, liderar el Departamento de Prevención y Reinserción Social.

Posteriormente, entre enero de 2021 y noviembre de 2022 encabezó el Departamento de Justicia y Reinserción Juvenil del extinto Sename, periodo en el que prestó servicios bajo el mandato de Boric. Luego transitó por la gestión municipal como asesora y directora del Observatorio de Seguridad en Lo Barnechea, y asumió la Dirección de Seguridad Pública en la Municipalidad de Independencia con el arribo del alcalde Agustín Iglesias. En paralelo a ese rol municipal, colaboró como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materias de justicia juvenil y prevención en Brasil, antes de ser designada al frente de la unidad ministerial donde se revisaron los polémicos expedientes.