Justicia desestima petición de la defensa de Cathy Barriga y ratifica a la Municipalidad de Maipú como querellante

Un nuevo revés procesal enfrentó este martes la exalcaldesa Cathy Barriga en tribunales. En el marco de la segunda sesión de la audiencia de preparación de juicio oral, que se realizó ayer martes, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó mantener a la Municipalidad de Maipú en calidad de parte querellante dentro de la causa.

La resolución fue adoptada por la magistrada Constanza Estay, quien desestimó los requerimientos presentados por la Defensora Penal Pública orientados a apartar al municipio del juicio, decisión que fue ratificada posteriormente por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Oriente.

La pugna por la exclusión del municipio

Tras la audiencia, el abogado José Pedro Silva, quien lidera la representación jurídica de la Municipalidad de Maipú, manifestó su satisfacción con el dictamen judicial al señalar que “nos deja muy conformes” la acogida de los planteamientos esgrimidos por el equipo consistorial.

Asimismo, y tras los reiterados intentos de las defensas de Barriga por marginar a la administración local, Silva abordó:

“Desde el punto de vista de la parte acusatoria le da mayor peso al que hayan más querellantes y sumado al Ministerio Público, por lo tanto, creemos que esa es la razón por la cual pretenden excluirnos de la presente causa”.

Por su parte, desde la vereda de la exautoridad comunal, el abogado defensor Renato González matizó el alcance de la determinación judicial, puntualizando que la intervención del municipio no es generalizada.

“No es que el querellante municipalidad esté en todos los hechos de la acusación fiscal. Son hechos específicos, el tribunal bien lo determinó y en ese contexto ellos podrán participar como querellantes en esas situaciones específicas que ellos han acusado”, sostuvo.

Próxima definición: acción indemnizatoria y delitos imputados

En paralelo al debate de las pruebas para el juicio, González adelantó que este miércoles 21 de octubre el tribunal resolverá la admisibilidad de una demanda de acción popular indemnizatoria ingresada por el municipio maipucino, recurso que persigue la reparación económica por los perjuicios derivados de los ilícitos imputados.

Cabe recordar que la investigación judicial contra la exalcaldesa contempla cargos por cuatro delitos de corrupción presuntamente perpetrados a lo largo de su administración municipal: fraude al fisco, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.