Apenas comenzaba la primera jornada de formalización de la ex alcaldesa Cathy Barriga el pasado 16 de enero cuando la Municipalidad de Maipú fue excluida de la parte querellante a solicitud de la defensa de la otrora jefa comunal, la que fue acogida por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago con el argumento de que el Fisco ya estaba representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Sin embargo, la actual gestión liderada por Tomás Vodanovic ha estado insistiendo ante los tribunales que sí deben ser incluídos, toda vez que fue la propia entidad edilicia quien inició el proceso judicial con una querella interpuesta en 2021, investigación que pasó a estar en manos de la fiscal Constanza Encina.
Si bien el equipo de abogados de Cathy Barriga, compuesto en ese momento por Cristóbal Bonacic, José Miguel Barahona y Marcelo Hadwa, planteó que según el artículo Nº 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado (CDE) señala que cuando un delito afecte a un organismo del Estado ese organismo se podrá querellar y, en ese caso, el resto de las instituciones fiscales deben cesar de dichas acciones.
En tanto, la Municipalidad apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago y al TC con el objetivo de que el mencionado artículo sea declarado como inconstitucional, principalmente porque «imposibilitaría el ejercicio de la acción penal» al ofendido de un delito (municipio), además de limitar «del contenido esencial del derecho a defensa jurídica de la víctima».
“No contento con ello, el precepto impugnado discrimina arbitrariamente quiénes serán objeto de dicha vulneración (…) Lo anterior redunda en que, de aplicarse el precepto impugnado en la gestión pendiente, mi representada (Maipú) será excluida del procedimiento penal donde justamente se conocen los delitos cometidos contra ella”, indica el documento presentado por la entidad edilicia.
De acuerdo con lo señalado por La Tercera, recientemente el TC declaró admisible a tramitación el requerimiento y decretó suspensión del proceso que sigue la Corte, a pesar de que el propio CDE se ha expresado en desacuerdo: “son parte de la administración del Estado (…) de manera que los intereses públicos de ambas instituciones no están disociados, sino que son intereses únicos de la administración, representada por el CDE”, mantiene el organismo.
“No produce ninguno de los efectos pretendidos por el requirente, el requerimiento sufre una confusión entre los intereses del querellante y de los intereses de quien señala representar que afecta integralmente todo su texto, volviéndolo carente de fundamento, no solo plausible, sino de todo fundamento en absoluto”, agrega el CDE en relación a la acción presentada por Maipú.
Mientras tanto, la investigación en contra de la ex jefa comunal, Cathy Barriga, continúa en curso y espera llegar a una conclusión durante los próximos meses.
