Hace unos días, tras una nueva audiencia de revisión de cautelares solicitada por parte de la defensa de Cathy Barriga, se confirmó la solicitud de reformalizar a la ex alcaldesa de Maipú por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de que las indagaciones dieran cuenta de un aumento en el monto final presuntamente defraudado.
De acuerdo con la información contenida en el último documento de la Contraloría General de la República (CGR), el cual será presentado por la fiscal Constanza Encina el próximo 13 de septiembre ante tribunales, no solo insiste en los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante la gestión anterior, sino además aumenta la cifra a $41 mil millones.
Tal como se aprecia en el cuadro a continuación, durante los años en que Cathy Barriga estuvo al mando de la entidad edilicia, había una serie de gastos devengados que eran presentados públicamente y ante la CGR de una forma, mientras la realidad era otra. Los «gastos devengados» corresponden al derecho que se genera sobre un gasto en un momento determinado, aunque el pago se haga en una fecha posterior.
Ante esto, la Contraloría es categórica en señalar que la máxima autoridad y los cargos pertinentes, tales como la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), la Secretaría de Planificación (SECPLA) y la Dirección de Control, estaban enterados sobre esta situación, y lejos de establecer un mecanismo de reparación, se ejecutaron constantemente acciones para ocultarlo.
«Es dable decir que la información expuesta ante la Contraloría y transparentada en la cuenta pública sostiene errores significativos, que afectan su representación fiel y adecuada en todos sus aspectos importantes, y que no advierte oportunamente la situación financiera real del Municipio para la realización de acciones que resguarden el patrimonio institucional», indicó la entidad fiscalizadora.
Sobreestimación de ingresos
En primer lugar, para inflar el presupuesto anual, la Municipalidad de Maipú contempló como ingresos por recibir una serie de montos que correspondían, principalmente, a deudas por derechos de aseo domiciliario y patentes municipales (63% y 32%, respectivamente). Sin embargo, estos montos tenían un promedio de solo un 5% de recuperación efectiva.
Por ejemplo, en el año 2018, se esperaba percibir $21.271.590.000 aproximadamente por estos conceptos, pero solo se recuperaron $1.071.969.000, y los otros $20.199.621.000 quedaron pendientes (95%) y, considerando que más de la mitad de los casos son deudas que superan los 5 años de antigüedad, incluso algunos datan desde 1989, cabe señalar que la probabilidad de que estos montos sean cobrados por la entidad son prácticamente nulos.
Como se ha logrado constatar que esta situación era advertida desde la Dirección de Control y se instaba a realizar las modificaciones pertinentes, en el informe se destaca que «las autoridades del municipio estaban en conocimiento de la manipulación de los ingresos, aumentándolos sin justificación o bien no realizando la modificación presupuestaria necesaria para reflejar los ingresos que realmente se iban a percibir durante el periodo, lo que da cuenta de la necesidad de ejecutar gastos mayores a los que el presupuesto real permitía».
«Estos ingresos debieron ser analizados y clasificados en la cuenta correspondiente de Deudores de dudosa recuperación, efectuar las gestiones de cobranza en forma oportuna o en su defecto, declarar incobrables los deudores morosos con el correspondiente castigo contable», afirma el organismo.
De los gastos no reconocidos
En un segundo ítem, el Informe de Contraloría indica haber detectado una serie de documentos devengados en un período, pero que correspondían a prestaciones de servicios originados en el período anterior, imcumpliendo así el «principio de Devengo», que establece que todas las operaciones financieras se deben registrar en el momento en que ocurren, no cuando se produzca el flujo monetario.
De acuerdo con la tabla que se muestra a continuación, el porcentaje de gastos reales que no fueron reconocidos debidamente en el período en el que se realizaron aumentó progresivamente y llegó a ser de un 11% en 2020.
«Se puede concluir que esta es una situación que proviene desde el año 2016, por gastos no registrados por un monto de M$1.355.242, lo que no se relaciona con el impacto de la deuda no registrada al 31 de diciembre de 2020 por M$14.278.273 siendo esta mayor en 1.054%», se explica en el informe.
«Esto se traduce en un impacto material para los siguientes periodos, dado que el aumento de esta cuenta por pagar sin presupuesto genera deudas acumuladas y además tiene como consecuencia el pago de intereses y multas no presupuestadas, generando una reducción de los accesos a servicios básicos esenciales en conjunto de los beneficios que la Municipalidad debe entregar a la comunidad, tanto en salud, educación, entre otros que estén proyectados a cumplirse», sentencia al respecto la CGR.
Cabe recordar que, ante esta situación de arrastre, la nueva gestión de Tomás Vodanovic logró firmar convenios de pago con las empresas con las que se mantenían millonarias deudas, entre ellas Enel y Veolia, además de concretar pagos a proveedores que mantenían demandas judiciales contra la Municipalidad por facturas pendientes.
Saldo en caja
En este punto, se habla de la existencia de un correo que resultaría clave de parte de quien ejercía como encargado oficina de presupuesto, en donde se informa que para el año 2020 existe un Saldo Inicial de Caja de M$2.485.750, señalando que es el monto tope que tenían para cubrir la deuda exigible (deuda flotante) del año 2019, sin embargo, la deuda total de M$4.454.770.
De esa deuda, solo pudieron pagar M$2.259.273, lo que dejó un saldo pendiente de aproximadamente M$2.195.496. Estas facturas no fueron registradas correctamente en el presupuesto y contabilidad de 2019.
«Así mismo, menciona que debieron efectuar rebajas a los Certificados de disponibilidad presupuestaria (CDP) emitidos y no devengados lo que en resumen indican que “Se tuvieron que rebajar M$6.801.320, del presupuesto de gasto del año 2019 para poder realizar el cierre de año 2019, monto que se tendrá que cubrir con presupuesto del año 2020”», se explica.
De esta forma, nuevamente Contraloría enfatiza que «la entidad edilicia tenía en conocimiento el comportamiento que mantenía la Municipalidad de Maipú con respecto a la sobre ejecución en los gastos, planificando cubrir el exceso de deuda con los presupuestos venideros», lo se repetía año a año.
Asimismo, el flujo de caja durante la administración de Cathy Barriga revelaba constantemente déficits significativos, donde el municipio no tenía suficiente dinero disponible para cubrir sus deudas y obligaciones, lo que se suma a los antecedentes.
«Este déficit de caja da cuenta que los saldos en banco en donde se mantienen los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones de pagos, eran insuficientes para contrarrestar la deuda que poseía el Municipio al término de todos los años analizados», sentencia Contraloría.
Frente a todos estos antecendentes que consolidan la responsabilidad de Cathy Barriga, quien fuera la edil de Maipú entre fines de 2016 y mediados de 2021 será reformalizada el próximo viernes 13 de septiembre.
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