Presidente Kast: Chile no necesita medallas, necesita vivir mejor

Presidente Kast, mientras usted participa en ceremonias internacionales, recibe distinciones y celebra reconocimientos en España, millones de chilenos enfrentan una realidad bastante menos ceremonial: vivir en nuestro país se ha convertido en un desafío económico permanente.

El desempleo, el encarecimiento de la canasta básica, las alzas en las cuentas de electricidad y gas, el precio de los combustibles y las enormes dificultades para acceder a una vivienda no son problemas secundarios. Son condiciones materiales que determinan nuestra calidad de vida.

Hoy, para una parte importante de la clase media chilena, trabajar ya no garantiza estabilidad económica. Tener un empleo, cumplir con las obligaciones financieras y actuar responsablemente no necesariamente permite ahorrar, acceder a una vivienda, disfrutar del tiempo libre o enfrentar una emergencia sin recurrir al endeudamiento.

Y esa es una de las grandes contradicciones de nuestro modelo económico: se nos exige responsabilidad individual dentro de un sistema que muchas veces no ofrece condiciones razonables para ejercerla.

Tenemos un sistema previsional cuya capacidad para entregar pensiones suficientes sigue siendo profundamente cuestionada. Un sistema de salud donde enfermarse puede convertirse en una preocupación económica adicional. Un mercado hipotecario cuyas exigencias, tasas de interés y precios de las viviendas han alejado a miles de familias del sueño de la casa propia. Y un sistema de protección social donde incluso el pago oportuno de licencias médicas justificadas puede transformarse en una carrera burocrática.

Mientras tanto, cada aumento de los combustibles, de la energía o de los bienes esenciales encuentra explicaciones en los mercados internacionales, los conflictos geopolíticos o las condiciones macroeconómicas.

Es evidente que Chile no controla todas esas variables. Pero precisamente para eso existe un gobierno: para diseñar políticas públicas que amortigüen sus consecuencias, protejan a las familias y generen condiciones de bienestar.

No basta con exhibir indicadores macroeconómicos favorables si sus beneficios no se traducen en mejoras concretas para la población. El crecimiento económico es importante, pero no constituye un fin en sí mismo. Su legitimidad social depende también de cómo se distribuyen sus oportunidades y de cuánto mejora efectivamente la vida cotidiana.

La economía no puede considerarse exitosa únicamente porque sus indicadores agregados mejoran, mientras una parte importante de la ciudadanía continúa experimentando inseguridad económica.

Y aquí aparece una cuestión fundamental, presidente Kast: la libertad económica que usted tanto defiende pierde parte de su sentido cuando las personas carecen de condiciones materiales para ejercerla.

¿De qué libertad hablamos cuando una familia necesita endeudarse para cubrir necesidades básicas? ¿Qué libertad real tiene un trabajador cuyo sueldo apenas alcanza para alimentación, transporte, vivienda y servicios? ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene una persona que trabaja durante décadas y enfrenta una vejez económicamente precaria?

La libertad no puede reducirse a la ausencia de restricciones estatales. También requiere oportunidades efectivas, seguridad económica y acceso razonable a bienes y servicios esenciales.

Una crítica sin banderas políticas

Y que algo quede absolutamente claro: esta crítica no tiene dueño político ni responde a una lealtad partidista.

Así como hoy cuestionamos al presidente Kast, anteriormente cuestionamos al gobierno de Gabriel Boric y a otras administraciones. Porque los problemas de Chile no comenzaron con un presidente ni terminarán cuando otro abandone La Moneda.

Esta reflexión nace desde una posición mucho más concreta: la experiencia cotidiana de ciudadanos que trabajan, pagan impuestos, cumplen sus obligaciones y, aun así, enfrentan enormes dificultades para acceder a condiciones dignas de vida.

No necesitamos pertenecer a la derecha ni a la izquierda para reconocer que algo no está funcionando. Necesitamos pensamiento crítico, independencia intelectual y capacidad para exigir responsabilidades sin importar quién gobierne.

Durante décadas hemos observado cómo distintos sectores políticos construyen sus discursos alrededor de supuestas diferencias irreconciliables, mientras sus resultados para la ciudadanía muchas veces terminan siendo igualmente insuficientes.

La derecha suele defender la libertad económica, el emprendimiento y la iniciativa privada, pero con demasiada frecuencia parece olvidar que la libertad de mercado también debe coexistir con condiciones justas para trabajadores, consumidores y familias.

Su cercanía histórica con determinados sectores empresariales merece ser examinada críticamente cuando los intereses económicos terminan teniendo mayor influencia que las necesidades sociales.

No puede hablarse permanentemente de libertad mientras se ignoran las asimetría económicas que limitan las oportunidades reales de las personas.

La izquierda, por su parte, ha construido buena parte de su identidad política sobre la defensa del pueblo, la igualdad y la justicia social. Sin embargo, también ha demostrado contradicciones profundas entre su discurso y sus prácticas.

Los casos de irregularidades vinculados a fundaciones, los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y las conductas de determinados dirigentes obligan a preguntarse cuánto de ese compromiso social se traduce efectivamente en soluciones y cuánto termina subordinado a intereses partidistas.

No basta con declararse defensor del pueblo. Hay que demostrarlo mediante resultados, coherencia y responsabilidad en el ejercicio del poder.

Y aquí aparece una hipocresía que merece ser cuestionada: cuando determinados dirigentes defienden públicamente un modelo de sociedad, pero sus decisiones políticas no contribuyen a mejorar los servicios de los que depende la mayoría, existe una contradicción que debe ser discutida.

No se trata de cuestionar el derecho de nadie a elegir dónde atenderse, educarse o vivir. Se trata de exigir que quienes toman decisiones sobre los servicios públicos comprendan las condiciones que enfrentan las personas que dependen de ellos.

Porque resulta demasiado fácil defender ideológicamente determinados sistemas cuando no se experimentan personalmente sus deficiencias.

El problema no es que un político sea de derecha o de izquierda. El problema comienza cuando su lealtad ideológica, sus intereses partidistas o su permanencia en el poder adquieren más importancia que las necesidades de la ciudadanía.

Divide y vencerás: la política de la confrontación permanente

Mientras los sectores políticos confrontan sus ideologías, somos nosotros quienes terminamos enfrentándonos como ciudadanos.

Nos dividimos entre izquierda y derecha, entre comunistas y capitalistas, entre partidarios y opositores. Discutimos, nos insultamos, defendemos políticos que ni siquiera conocemos y justificamos decisiones que, muchas veces, perjudican nuestra propia calidad de vida.

¿Y quién gana con esa confrontación?

Difícilmente el trabajador que no llega a fin de mes. Tampoco el jubilado cuya pensión resulta insuficiente, la familia que no puede comprar una vivienda o el paciente que espera meses por una atención médica.

Hay una expresión histórica que resume perfectamente este fenómeno: «Divide y vencerás».

Mientras la ciudadanía permanezca enfrentada defendiendo identidades políticas, disminuye su capacidad de organizarse alrededor de demandas comunes y exigir resultados concretos a quienes ejercen el poder.

Y eso termina favoreciendo a quienes prefieren una sociedad dividida antes que una ciudadanía crítica, informada y capaz de fiscalizar transversalmente.

No estoy planteando que todas las ideologías sean iguales, que todas las políticas públicas produzcan los mismos resultados o que todos los políticos actúen de la misma manera.

Estoy planteando algo mucho más importante: ninguna ideología merece una lealtad incondicional, y ningún gobierno debería quedar libre de crítica por representar nuestras preferencias políticas.

La ciudadanía no está obligada a defender a sus gobernantes. Son los gobernantes quienes tienen la obligación de responder ante la ciudadanía.

Por eso, criticar a Kast no significa defender a Boric. Criticar a Boric tampoco significa respaldar a Kast. Y cuestionar a la izquierda no convierte automáticamente a alguien en partidario de la derecha, del mismo modo que cuestionar los privilegios empresariales no transforma a una persona en comunista.

El pensamiento crítico comienza precisamente cuando dejamos de justificar aquello que condenaríamos si lo hiciera nuestro adversario político.

Chile necesita menos fanatismo, menos sectarismo y menos ciudadanos dispuestos a defender políticos como si fueran equipos de fútbol.

Necesitamos una sociedad que comprenda que el verdadero debate no debería ser quién derrota ideológicamente al otro, sino quién tiene la capacidad de mejorar nuestras condiciones de vida.

Porque las cuentas de la luz no preguntan por quién votaste. El banco no reduce la tasa hipotecaria por tu ideología. El supermercado no distingue entre izquierda y derecha cuando cobra sus productos. Y la enfermedad no espera a que tu sector político llegue al poder.

Los problemas de la ciudadanía son reales, cotidianos y transversales. Las soluciones también deberían serlo.

Gobernar es mejorar la vida de las personas

Chile necesita una discusión política mucho más seria, menos ideológica y más orientada a resultados.

Necesitamos capacidad técnica, coordinación institucional, eficiencia en el gasto público y decisiones que respondan a las necesidades de la ciudadanía, no solamente a los intereses de los sectores políticos o económicos.

No se trata de desconocer la importancia de las relaciones internacionales ni de sostener que los recursos públicos sean ilimitados. Se trata de establecer prioridades, evaluar resultados y exigir que los recursos disponibles se administren con responsabilidad y sentido social.

También se trata de reconocer que el bienestar no puede medirse exclusivamente a través del crecimiento económico, la inversión o los equilibrios fiscales.

Esos indicadores importan, por supuesto. Pero deben relacionarse con variables igualmente relevantes: el poder adquisitivo de los salarios, el acceso a la vivienda, la calidad de la atención sanitaria, las oportunidades educativas, la seguridad económica de los adultos mayores y la posibilidad de desarrollar una vida que no esté permanentemente condicionada por las deudas.

Una sociedad no alcanza el desarrollo simplemente porque produce más riqueza, sino también cuando esa riqueza permite ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Presidente Kast, los chilenos no necesitamos que nos expliquen permanentemente por qué las cosas suben, por qué las pensiones no alcanzan o por qué acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil.

Necesitamos que quienes gobiernan trabajen para cambiar esas condiciones.

Queremos algo bastante elemental: trabajar, recibir remuneraciones dignas, acceder a salud y educación de calidad, disponer de transporte adecuado, alimentarnos bien, disfrutar del ocio y proyectar nuestro futuro sin que cada decisión implique una nueva deuda.

No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo condiciones razonables de vida en un país que aspira al desarrollo.

Y esto no es exclusivamente una crítica a su gobierno. Es también un cuestionamiento a una clase política que, durante décadas y desde distintos sectores, ha demostrado demasiada capacidad para confrontarse y demasiadas dificultades para construir soluciones sostenibles.

Porque mientras unos defienden al empresariado y otros aseguran representar al pueblo, las familias continúan pagando las consecuencias de políticas insuficientes, promesas incumplidas y disputas ideológicas que rara vez resuelven sus problemas más urgentes.

No necesitamos que desaparezcan las diferencias políticas. Son legítimas y necesarias en una democracia. Lo que necesitamos es que esas diferencias no se conviertan en un obstáculo permanente para construir acuerdos, exigir responsabilidades y resolver los problemas de la sociedad.

La verdadera medalla de un presidente

Presidente Kast, puede guardar sus reconocimientos y celebraciones internacionales. No son esas distinciones las que determinan el éxito de su gobierno.

La verdadera distinción que esperamos de usted no se entrega en una ceremonia en España.

Se obtiene cuando una familia chilena puede llegar tranquila a fin de mes. Cuando un trabajador puede acceder a su vivienda. Cuando un jubilado recibe una pensión suficiente. Cuando un niño tiene acceso a educación de calidad. Cuando enfermarse deja de representar una amenaza económica y cuando el esfuerzo de trabajar se traduce efectivamente en una mejor calidad de vida.

Y esta exigencia no es solamente para usted. Es para todos quienes han gobernado, gobiernan o aspiran a gobernar Chile.

Porque los ciudadanos no somos instrumentos de sus proyectos ideológicos ni estamos obligados a transformarnos en defensores incondicionales de sus partidos.

Somos personas con necesidades, responsabilidades, aspiraciones y derechos. Personas que queremos vivir tranquilas, trabajar, desarrollarnos y disfrutar de aquello que construimos con nuestro esfuerzo.

El éxito de un gobierno no debería medirse por las medallas que recibe su presidente, sino por la calidad de vida que alcanzan sus ciudadanos.

Y si algo debemos recuperar como sociedad es precisamente nuestra capacidad de pensar críticamente, de cuestionar a quienes ejercen el poder y de comprender que nuestras necesidades comunes son mucho más importantes que las diferencias ideológicas que nos separan.

Porque Chile no necesita que gane la derecha ni que gane la izquierda a cualquier precio.

Chile necesita que, de una vez por todas, ganen sus ciudadanos.

Y gobernar, señores políticos, no es coleccionar reconocimientos, administrar discursos ni perpetuar confrontaciones.

Gobernar es resolver problemas. Y los problemas que necesitan nuestra atención están aquí, en Chile.