Desde este jueves 26 de marzo el precio de los combustibles tendrá un alza histórica en Chile. Desde $370 más por litro de gasolina de 93 octanos. Para el diésel —el combustible que mueve camiones, micros y una parte importante de la economía informal— el golpe es de $580 por litro, cerca de un 62% de aumento en un solo día. El Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, lo confirmó sin eufemismos: el Estado ya no puede seguir absorbiendo la diferencia entre los precios internacionales y los que paga el consumidor chileno.
La razón de fondo tiene dos capas. La primera es externa: el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, con Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro, disparó el precio del barril de petróleo de 70 a 110 dólares. La segunda es interna y más disputada: el gobierno de José Antonio Kast decidió modificar el MEPCO —el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles— para que los precios internacionales se traspasen con más rapidez al surtidor, y acusó a la administración de Gabriel Boric de haber dejado el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) con apenas cinco millones de dólares.
La Voz de Maipú consultó a ocho autoridades del distrito 8 para conocer su lectura de una medida que afecta de manera desigual a una comuna donde miles de familias dependen del auto propio o de servicios de transporte que no forman parte de la red RED.
Un diagnóstico transversal: la clase media paga la cuenta
En algo coinciden autoridades de derecha, centro y oposición: el alza golpea con más fuerza a la clase media que a cualquier otro segmento. Lo que cambia es la explicación del porqué y, sobre todo, a quién se le atribuye la responsabilidad.
El concejal republicano Edison Aguilera fue el más directo en respaldar la decisión del Ejecutivo. Para él, el alza «no nace de una mala decisión del gobierno de José Antonio Kast», sino de «un escenario internacional complejo que no se veía hace más de 40 años» y de «una herencia irresponsable del gobierno anterior en cuanto a las arcas fiscales». Aguilera encuadró la medida como parte de «un proceso de sincerar las finanzas públicas» y cerró su postura con un argumento que el oficialismo ha repetido esta semana: «Lo fácil sería desentenderse del problema, pero el gobierno actual está enfrentándolo.»
El concejal Juan Carlos Prado, de la UDI, entregó una lectura más incómoda para La Moneda. Prado reconoció que el gobierno «está dando la cara al país» y agradeció su transparencia —en contraste explícito con la forma en que la administración Boric manejó el alza de las cuentas eléctricas, que según él mantuvo oculta durante más de un año. Pero no se quedó ahí. «El subir de esta forma los combustibles no es una buena señal», dijo, y apuntó que el MEPCO «no debiera ser eliminado» y que existen otras alternativas: cerrar embajadas prescindibles, reducir el gasto político, ajustar el aparato público. Para Prado, el problema es de prioridades, no de inevitabilidad.
La oposición apunta al MEPCO y a las contradicciones del modelo
El diputado Cristián Contreras, conocido como «Dr. File» y militante del Partido de la Gente, rechazó el alza sin ambigüedades. Su diagnóstico apunta también a dos factores —el conflicto internacional y el estado del MEPCO— pero le asigna responsabilidad directa al actual gobierno por haber recibido el mecanismo «con cinco millones de dólares, cuando debió haber tenido el dinero suficiente para soportarlo».
Más contundente fue el diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista, quien rechazó de plano la lectura que presenta el alza como un fenómeno puramente externo. Para Barraza, el aumento «también responde en lo principal a las equivocadas y negativas decisiones políticas del gobierno que debilitan mecanismos de estabilización como el MEPCO». Y agregó una advertencia macroeconómica: el alza «vuelve a presionar la inflación, una variable que al país le costó años encauzar».
Barraza introdujo además la dimensión tributaria que el gobierno ha evitado conectar públicamente con esta discusión: «No es aceptable que, mientras se alivian cargas tributarias a las grandes empresas, bajando impuestos corporativos de 27% al 23%, se termine ahogando el esfuerzo cotidiano de la fuerza trabajadora.»
Maipú específico: el punto ciego de las medidas de mitigación
El plan de siete puntos anunciado por el Ejecutivo incluye el congelamiento de tarifas del transporte público RED hasta diciembre, subsidios a la parafina y bonos para taxistas y colectiveros. Son medidas reales, pero tienen un punto ciego que los representantes del Frente Amplio identificaron con precisión local.
El concejal Bladymir Muñoz lo planteó en términos concretos: «En Maipú hay miles de familias que dependen del auto o de micros no RED para trabajar.» El congelamiento de tarifas protege a quienes usan el sistema RED, pero no a quienes toman una micro particular, van en auto propio o dependen de servicios de carga que trasladarán sus costos al precio final de los productos. «Ahí el Estado tiene que ser más propositivo y claro», dijo Muñoz. «Algo concreto para la clase media que termina pagando el costo como siempre.»
La concejala Ka Quiroz profundizó esa lectura: «El alza del combustible no es solo un problema para quienes tienen auto, es un golpe directo al bolsillo de todas las familias de Maipú.» Quiroz enumeró la cadena de efectos: sube la bencina, sube el transporte, suben los alimentos, sube el costo de vida. Y advirtió: «No es justo que mientras se le carga la mano a la mayoría, se sigan impulsando medidas que benefician a unos pocos.»
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, también alzó la voz. En una declaración pública, el jefe comunal advirtió que el alza «tendrá graves perjuicios en el diario vivir de nuestros vecinos, y también en el funcionamiento de nuestra municipalidad». Vodanovic reconoció la disposición a colaborar con el gobierno, pero fue directo en su cuestionamiento: «No se entiende que en tiempos de estrechez, todas las medidas propuestas busquen aliviar el bolsillo de quienes más tienen, y cargarle la mano a las familias trabajadoras y comunas más vulnerables.» Cerró con una frase que apunta directo al modelo: «Las emergencias requieren de certezas y apoyo a quienes menos tienen, no incertidumbre y resguardo de los más ricos.»
La pregunta que queda sin respuesta
La diputada del distrito 8 Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, fue la más filosa en su diagnóstico político. «En solo trece días, el gobierno de José Antonio Kast instaló la ‘emergencia’ de la que habló en campaña», dijo. «El problema es quién la paga: las familias de Chile. Porque cuando sube el combustible, sube todo.» Urrutia recordó además que el mismo gobierno impulsa bajar el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%, y no ahorró en ironía histórica: hace unos años, como candidato, Kast criticaba las alzas de la bencina, advertía su impacto en la clase media y hasta llamaba a movilizarse. Hoy, como presidente, aplica —en palabras de la diputada— «la lógica del no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pensaba.».
El diputado Gustavo Gatica también se mostró contrariado por la medida. «Esta alza en los combustibles no la va a pagar el empresario ni los mas ricos del país. La va a pagar la clase media, en el arriendo, en el supermercado y en el transporte. Es es una decisión política totalmente indolente»
El gobierno se ha aferrado a su narrativa: crisis externa, herencia fiscal complicada, decisión responsable aunque impopular. Parte de la derecha —incluyendo un concejal UDI de Maipú— la acepta a medias: reconoce el contexto, pero cuestiona el instrumento y sugiere que hay otras formas de recortar que el Ejecutivo no ha explorado con la misma determinación.
La oposición, en tanto, señala una contradicción que el gobierno no ha resuelto en público: si hay urgencia fiscal, ¿por qué la carga recae sobre el combustible que usa la clase media y no sobre la rebaja tributaria que beneficia a las grandes empresas?
Esa pregunta no tiene respuesta esta semana. El jueves, en cambio, sí tiene precio: $370 más por litro.
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