En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó los ejes del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, anunciando, entre otras medidas, la eliminación de las contribuciones para personas mayores de 65 años en su primera vivienda. Sin embargo, en un contexto donde la política pública exige responsabilidad y evidencia, este tipo de anuncios, aunque se presenten como un alivio, pueden terminar siendo medidas regresivas que comprometen seriamente el financiamiento de los municipios.
Las contribuciones no son simplemente un impuesto. En Chile, constituyen uno de los pilares del financiamiento territorial. Cerca del 60% de la recaudación del impuesto territorial se destina al Fondo Común Municipal (FCM), el principal mecanismo de redistribución entre comunas. En 2024, este fondo superó los $1,5 billones, permitiendo sostener servicios básicos en todo el país.
Este dato no es menor: el FCM representa, en muchas comunas, una parte sustantiva de su presupuesto operativo. En el caso de Maipú, por ejemplo, la comuna recibe del orden de $70 mil millones anuales, lo que equivale aproximadamente a un 40% de su presupuesto municipal total.
Debilitar este fondo no es un asunto técnico menor. Es, en la práctica, reducir la capacidad de los municipios para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, como seguridad, mantención de espacios públicos, infraestructura y programas sociales.
El problema de esta propuesta no es solo fiscal, sino también de diseño. Al establecer una exención general por edad, sin considerar el nivel socioeconómico, se termina beneficiando tanto a personas en situación vulnerable como a quienes tienen mayor capacidad económica. Es decir, se subsidia patrimonio sin focalización, utilizando recursos que debieran destinarse precisamente a quienes más lo necesitan.
Además, la medida impacta directamente la base del impuesto territorial. Reducir esta fuente de financiamiento sin una compensación fiscal clara implica una merma estructural en la recaudación que alimenta el FCM. Traducido a escala local, comunas como la nuestra podrían enfrentar reducciones, preliminarmente, del orden de un 10% a un 15% de los recursos que reciben desde este fondo, lo que equivale a miles de millones de pesos menos cada año.
En concreto, esto significa menos inversión en seguridad, menos mantención de áreas verdes y menor capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas. En otras palabras, una política que busca aliviar a un grupo termina afectando la calidad de vida de la mayoría de nuestros vecinos y vecinas.
Apoyar a las personas mayores es una prioridad que compartimos y ya existen mecanismos para exentar del pago de contribuciones a quienes por situación económica no pueden pagarlo. Pero hacerlo a costa de debilitar el financiamiento municipal no es el camino.
La buena política pública no se construye sobre soluciones simples a problemas complejos. Se construye con responsabilidad, focalización y visión de largo plazo. Y en este caso, eliminar contribuciones sin una compensación adecuada es retroceder.
Bladymir Muñoz Acevedo
Concejal Ilustre Municipalidad de Maipú
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