Maipú es una de las comunas más pobladas y extensas de la Región Metropolitana. Sus indicadores sociales (como pobreza, escolaridad y hacinamiento) y delictuales (denuncias a las policías y victimización) se encuentran en torno al promedio de la región. De igual manera, comparte con otras grandes comunas ciertos problemas que podríamos denominar como estructurales, por ejemplo, vecinos y vecinas con niveles importantes de temor al delito y una permanente percepción de escasa vigilancia e insuficiente respuesta del Estado.
Hace ya algunas décadas, los estados han reconocido que, para reducir la criminalidad, no basta con actuar después que el delito ha ocurrido: resultaba fundamental desplegar acciones que evitaran delitos. Nace así la prevención del delito y la violencia.
Se trata de un conjunto de estrategias que van dirigidas hacia aquellos factores que facilitan la ocurrencia de delitos. Esto es, hacia condiciones del entorno, como la oscuridad de ciertas calles o espacios públicos abandonados; o bien, y más importante aún, hacia factores sociales —individuales y comunitarios— que facilitan las conductas infractoras, como aquellos que afectan a adolescentes que abandonan el sistema escolar, a comunidades desorganizadas o a grupos que promueven o toleran la violencia.
¿Qué hace la seguridad preventiva?
Actuar preventivamente ha implicado identificar cuáles son las comunidades y territorios más afectados; cuáles son esos problemas que, a su vez, son generadores de violencias y delitos; saber a quiénes y cómo los afecta, y con qué recursos contamos para atenderlos. En síntesis, es fundamental conocer el problema para intervenir adecuadamente. Buena parte de este trabajo ha recaído en los municipios.
Progresivamente, desde el año 2000 en Chile, se han transferido competencias a las administraciones locales para asumir, al menos en parte, el trabajo de prevenir delitos y violencias a nivel comunal. Se ha sumado así a las ya amplias y diversas tareas municipales una de gran complejidad, y respecto de un problema frente al que nadie es indiferente: prevenir delitos y violencia.
Las más de las veces, los recursos económicos y técnicos que se aportan desde el nivel central han resultado insuficientes. Pese a las dificultades y limitaciones, buena parte de las comunas más grandes del país, Maipú entre ellas, han logrado proveerse de equipos de trabajo y de acciones que responden a los requerimientos básicos preventivos.
Este rol municipal es claro: preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario. Esto implica que no reemplaza a los estamentos tradicionales encargados de la seguridad reactiva (policías, en particular), sino que debe estar centrado en “adoptar y promover estrategias de prevención de tipo social, comunitaria y situacional del delito” (art. 3 Ley 21.802), a la vez que colabora con el resto de la institucionalidad estatal.
A través de su Plan Comunal 2026-2031, la comuna de Maipú ha priorizado cuatro problemas: robos violentos, robo en lugar habitado, violencia intrafamiliar y consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Para atender estos problemas, se plantean diversas acciones preventivas dirigidas tanto a atender factores causales psicosociales como situacionales. Por ejemplo, respecto de los primeros, campañas y actividades de difusión e información para las comunidades, capacitación para líderes/as para la resolución pacífica de conflictos, formación en habilidades parentales, entre otras. Para atender factores situacionales, el Plan compromete, por mencionar algunas acciones, patrullaje preventivo y fiscalización, así como recuperación y mantención de infraestructura urbana (pueden revisar el Plan Comunal en https://media.municipalidadmaipu.cl/media/documentos/2025/12/17659132247835.pdf).
La responsabilidad de velar por el cumplimiento del Plan es el municipio; no obstante, para su éxito es fundamental la participación activa de todas las instituciones convocadas (Carabineros, PDI, Fiscalía, SLEP, entre otras) y de las comunidades de Maipú. Y es que, como hemos dicho, la seguridad en las democracias modernas es mucho más que el Estado controlando el delito. Implica participación y coordinación, acuerdos colectivos, compromisos y rendición de cuentas.
¿Qué podemos hacer desde nuestras comunidades?
Las organizaciones de la sociedad civil (JJVV, comités, asociaciones y agrupaciones diversas, etc.) tienen un rol fundamental: primero, en la identificación de los problemas en sus territorios; segundo, en la definición de las acciones necesarias para atender esos problemas; tercero, en participar activamente de la ejecución de las actividades que las convocan; y, finalmente, en supervisar la acción de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus tareas y compromisos.
Comunidades que participan, que conocen sus derechos y los ejercen, que se cuidan mutuamente y a su entorno, son comunidades que construyen seguridad colectiva.
El clima generalizado de inseguridad y la experiencia cotidiana de vulnerabilidad actúan como desincentivos a la participación y la organización. Parece más seguro refugiarnos en nuestros hogares, no involucrarnos, desconfiar. Pero esa es solo la apariencia de la seguridad. Lo cierto es que los territorios más expuestos a la violencia criminal son justamente aquellos en los que se ha abandonado el espacio público, se ha instalado el “sálvese quien pueda” y la desconfianza hacia las instituciones y los otros (en especial si son diferentes), limitando cualquier vinculación significativa.
Nuestra indiferencia o resignación va creando el escenario perfecto para la proliferación de la violencia en general y de la violencia criminal en particular. No es fácil volver a confiar, no es fácil ejercitar la empatía, no es fácil reconocer a otros diferentes como iguales en derechos. Pero es necesario.
Las comunidades podemos y debemos visibilizar los problemas que nos aquejan. Una manera clave de hacerlo es denunciando los hechos que pueden constituir delitos, incluyendo aquellos que cometen funcionarios públicos. Las instituciones habilitadas para recibir su denuncia e iniciar así una investigación son Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. En todas estas instituciones se puede denunciar presencialmente, pero también existen canales virtuales, siendo el más amplio el de Fiscalía. Informémonos sobre qué y cómo denunciar (vea https://tudenunciacuenta.cl/).
Cuidando a nuestras niñeces. Niños, niñas y adolescentes están más expuestos a la violencia y cuentan con menos herramientas propias para protegerse. Es clave acompañar a quienes tienen deber de cuidado, ocupar los espacios públicos con actividades recreativas para todos y todas, integrar a los establecimientos educacionales y promover allí también la sana convivencia.
Resolviendo nuestros conflictos sin recurrir a la violencia. Promoviendo mecanismos restaurativos, como la mediación de conflictos, y adhiriendo a ellos, avanzamos en la construcción de paz en nuestros barrios.
Ejerciendo la ciudadanía democrática y protegiendo los derechos que hemos alcanzado. El derecho a la vivienda y al entorno dignos, la salud, el trabajo y la educación están estrechamente vinculados a una mayor seguridad frente a la violencia y el delito. Las condiciones sociales en que desarrollamos nuestra vida son cruciales. A modo de ejemplo, y en palabras del Banco Interamericano de Desarrollo: “Las mejoras en la calidad de la educación temprana y el mayor acceso a servicios sociales en la niñez se asocian a menores tasas de delincuencia en la juventud y adultez” (Marco Sectorial, 2023, pag. 20).
