El Municipio de Maipú seguirá -probablemente- acumulando sanciones de la Contraloría General de la República. Y es que durante esta semana, Cathy Barriga anunció que se dispondrían de buses de acercamiento municipales para las vecinas y vecinos de Maipú.
Sin embargo, el aviso de Barriga se habría realizado de forma anticipada, pues la Municipalidad consultó a Contraloría si la idea de colocar buses se ajustaba -o no- a derecho.
Y la respuesta fue categórica: No. A través de un oficio fechado 23 de octubre de 2020, Contraloría indicó que: “se ha dirigido a esta Contraloría Regional la Municipalidad de Maipú, consultando acerca de la procedencia proporcionar movilización a personas durante el plebiscito nacional convocado para el 25 de octubre próximo, mediante los vehículos asignados al programa “servicio de buses de acercamiento vecinal renacer” y la corporación de educación de esa comuna, con el objeto de apoyar, complementar y ampliar el sistema de transporte público y facilitar la implementación de las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria, en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19″
El documento firmado por Carlos Frías Tapia, Contralor Regional, indica que “es menester tener en consideración que al tenor de las instrucciones impartidas con motivo del aludido plebiscito, contenidas en el oficio circular Nº 5.21O, de 2020 -que ese municipio cita en su presentación-, existe la prohibición absoluta de usar los vehículo estatales en cometidos particulares o ajenos al órgano o servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles, siendo útil agregar que dicha prohibición no admite excepciones de ninguna especie y afecta a todos los servidores que emplean vehículos sujetos al decreto ley Nº 799, de 1974”
Según la Contraloría General incluso los buses que estén a disposición de la Corporación de Educación de Maipú (CODEDUC), también están sujetos a dicha prohibición, “dado que estos conservan su calidad de bienes municipales”.
La justificación de la Contraloría pasa pues, de implementar los municipios medidas como las que propuso Maipú: “no pueden ser dispuestas por entidades con competencia territorial limitada, como son las municipalidades, por cuanto de aceptarse dicha hipótesis podrían producirse diferencias arbitrarias entre una y otro localidad, situación que no resulta aceptable”.
Dentro de los argumentos del ente contralor se cuenta el que los municipios dispongan de buses para traslados “podría eventualmente afectar la imparcialidad y debe de abstención que deben mantener esas entidades en este proceso plebiscitario”.
Paradojalmente, la posición de la Contraloría se basa en el dictamen número 6785 del año 2020, el que especificó que aún en condiciones de calamidad pública provocadas por el COVID-19 “las municipalidades se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, y 2 de la ley 18.575, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes”
¿Desobedecerá nuevamente Barriga a la Contraloría?
Desde la Contraloría el no a la idea de Cathy Barriga es categórico. Sin embargo, existe preocupación en los equipos municipales, pues la alcaldesa habría dado la orden de prestar el servicio, a pesar de lo que le señala el ente contralor.
La preocupación de los funcionarios aledaños a la alcaldesa, pasa pues ha sido frecuente que la exConsejera Regional no responda a las exigencias de Contraloría, lo que -en un futuro cercano- podría acarrearle serios problemas.
