El concejal Juan Carlos Prado, quien llegó al concejo municipal compitiendo por Renovación Nacional pero hoy milita en la UDI, presentó recientemente una querella en donde acusa una presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde Tomás Vodanovic (FA).
La acusación se centra en el financiamiento municipal de la defensa penal del edil en una causa por calumnias e injurias de 2024, de la cual Vodanovic fue finalmente sobreseído.
Lo llamativo es que Prado está representado por Giovanni Calderón, coordinador de asesores de la bancada de senadores de la UDI y uno de los abogados que han actuado como voceros en la defensa de Cathy Barriga. Una de las intervenciones públicas más recientes fue en abril de este año, cuando emitió algunas declaraciones en favor de la ex alcaldesa de Maipú en el matinal de Mega, Mucho Gusto.
La querella de Prado expone prácticamente los mismos argumentos que meses atrás presentó Cristóbal Bonacic, también conocido abogado defensor de la exalcaldesa, en la causa penal que ella enfrenta, tal como lo señaló durante esta jornada La Tercera.
El Ministerio Público incluso mantiene abierta una investigación sobre estos mismos hechos, luego de que Bonacic los expusiera a la fiscal Constanza Encina en el marco de la causa de la exalcaldesa, según el mismo medio citado.
La acusación
La acción original surgió tras declaraciones de Vodanovic en 2023 sobre un asesinato en el restaurante Casona Green Bull, donde representante legal del local, José Luis Rifo, se querelló por calumnias e injurias. Tras una conciliación en diciembre de 2024, la causa terminó con un sobreseimiento definitivo, ratificado en febrero de 2025.
Según el concejal UDI, Vodanovic debió pagar con recursos propios los honorarios de su defensa en esa causa, en lugar de utilizar dineros municipales. Sostiene que el artículo 18 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales solo permite costear defensa con fondos públicos cuando el funcionario es víctima de un delito, no cuando es imputado.
En específico, Prado cuestiona que se contratara al estudio privado Asesorías Bascuñan, Barra, Awad, Contreras y Schürmann, el mismo bufete que representa a la Municipalidad de Maipú en las acciones judiciales contra Barriga.
«Llama poderosamente la atención que la oficina de abogados privados contratada por el alcalde Vodanovic para defenderlo en una causa también privada, sea el mismo al cual se le han pagado decenas de millones de pesos en otras causas penales y que se destinen tantos recursos municipales a estos fines que poco y nada tienen que ver con las necesidades de los maipucinos», sostiene.
La respuesta del municipio
Desde la municipalidad explicaron que la contratación de la defensa de Vodanovic se ajustó a la legislación vigente y a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría, la cual establece que corresponde a las municipalidades proveer defensa jurídica a sus autoridades cuando enfrentan acciones judiciales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Además, recalcaron que el origen de la causa fueron declaraciones emitidas por Vodanovic como autoridad comunal, por lo que negar la defensa con fondos municipales habría dejado desprotegida a la jefatura comunal.
En detalle, declararon lo siguiente:
La contratación de la defensa jurídica del alcalde Tomás Vodanovic para efectos de la causa mencionada, y en la cual fue sobreseído definitivamente, se realizó conforme a lo establecido en la legislación vigente y a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República.
El proceso judicial en cuestión se originó a partir de declaraciones emitidas por el alcalde en su calidad de autoridad comunal, en el contexto del cumplimiento de funciones públicas y referidas al funcionamiento municipal.
Tal como lo establece el artículo 88 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales —norma que también se aplica a los alcaldes—, corresponde a la municipalidad proveer defensa jurídica a sus autoridades cuando éstas son objeto de acciones judiciales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Esta interpretación ha sido reafirmada por la Contraloría en múltiples dictámenes, señalando que es deber institucional evitar que un funcionario asuma personalmente las consecuencias legales de decisiones adoptadas en el marco de su rol público.
La contratación del estudio jurídico cumple con los requisitos legales y se encuentra plenamente justificada. Negar esa defensa, en consecuencia, habría desprotegido institucionalmente a la jefatura comunal en un caso judicial directamente relacionado con su ejercicio de autoridad.
Cabe destacar que la primera audiencia se realizó cuando Vodanovic no ejercía como alcalde, pero los honorarios de esa instancia fueron costeados con su dinero personal. Solo al asumir su segundo mandato, los gastos posteriores fueron asumidos por la municipalidad, conforme a la normativa vigente.
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