Contribuciones: el pacto invisible que sostiene a Maipú

Cada cierto tiempo, en nombre de la justicia o del sentido común, reaparece una vieja promesa: “terminar con el pago de contribuciones”. Suena bien. En un país donde las familias hacen malabares para llegar a fin de mes, decir que el Estado “deje de meter la mano al bolsillo” parece una reivindicación legítima.

Pero lo que se presenta como un alivio económico inmediato es, en realidad, una trampa populista que amenaza con desfinanciar el corazón de los municipios y con ello, la vida cotidiana de millones de personas. Las contribuciones no son un castigo, sino una forma concreta de solidaridad territorial, un pacto silencioso entre comunas que sostiene la vida local.

Gracias a este sistema, los municipios con mayor recaudación —como Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura— colaboran con comunas que, como Maipú, cargan con los costos urbanos y sociales de una población trabajadora que cada día mueve Santiago, pero que recibe mucho menos de lo que aporta en esfuerzo y servicio.

En un país tan desigual como Chile, donde la calidad de vida sigue dependiendo en buena medida del código postal, eliminar las contribuciones sería debilitar uno de los pocos mecanismos de redistribución que hoy garantizan equidad territorial. Y hacerlo, además, en nombre de la justicia o la libertad individual, no solo es un error técnico: es una renuncia a la justicia social.

Maipú es la segunda comuna más poblada del país y una de las que mejor refleja la desigualdad estructural del territorio chileno. Cada mañana, miles de vecinos cruzan la ciudad en largas horas de viaje hacia el oriente para trabajar en servicios, oficinas y labores que mantienen funcionando la capital.

Somos, en muchos sentidos, la comuna dormitorio de la clase trabajadora de Santiago, una comuna que produce y sostiene buena parte del crecimiento metropolitano sin recibir proporcionalmente los beneficios de ese desarrollo. Allí, el Fondo Común Municipal (FCM) cumple un rol fundamental: redistribuye parte de los recursos de las comunas con mayores ingresos hacia aquellas con menor base tributaria.

En el primer semestre de 2025, el fondo acumuló $1,46 billones, de los cuales el 54% provino de las contribuciones. Gracias a esos aportes, comunas como Maipú pueden mantener sus calles, reparar luminarias, financiar programas de seguridad, cultura, aseo y áreas verdes.

Como bien señaló el alcalde Tomás Vodanovic, “que me diga Kast cuánta plata nos quiere sacar a los municipios para explicarle cómo va a afectar la vida de la gente en un país tan desigual”. La propuesta de José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda parece, a simple vista, razonable.

Promete que el Estado compensará lo que pierdan los municipios, y que esa brecha se cubrirá reduciendo sueldos de parlamentarios o despidiendo a los supuestos “parásitos del Estado”. El problema es que esa ecuación no cierra por ningún lado.

Reducir sueldos excesivos puede tener un valor simbólico —y probablemente ético—, pero en términos fiscales es marginal frente a los más de 1,3 billones de pesos anuales que genera el Impuesto Territorial. Afirmar que esos recortes bastarían para reemplazar lo que hoy financia el Fondo Común Municipal es vender una ilusión aritmética.

Y más grave aún, proponer que un Estado “achicado al máximo” será capaz de suplir los fondos que se le quitan a los municipios es una contradicción de base: no se puede querer menos Estado y, al mismo tiempo, exigirle que cubra más.

Incluso economistas de derecha, como Ignacio Briones, han advertido que esta es una medida “altamente regresiva” que afectaría la sostenibilidad municipal y eliminaría uno de los impuestos más eficientes y progresivos del sistema chileno.
Briones lo dijo con claridad: “Ocho de cada diez chilenos ya están exentos de pagar contribuciones; este impuesto está concentrado en los sectores de mayores ingresos y cumple un rol redistributivo fundamental”.

Lo que se vende como justicia es, en realidad, una transferencia encubierta a los más ricos. Es cierto: el Fondo Común Municipal no es perfecto.
Existen casos injustos —como adultos mayores con viviendas no ostentosas pero tasadas a valores altos— que merecen una revisión sensata de la fórmula. También hay espacio para perfeccionar la recaudación y mejorar la transparencia en el uso de los recursos.

Pero nada de eso invalida su función estructural: financiar el día a día de los municipios y sostener la vida urbana básica. El Impuesto Territorial es progresivo, difícil de evadir y socialmente justo. Por eso economistas de distintas corrientes lo han defendido como uno de los pocos tributos que promueven equidad real entre territorios. Eliminarlo sería sustituir un sistema comprobado por una promesa fiscal imposible de cumplir.

Si algo se debe reformar, es bajo tres principios básicos:

1. Revisar la fórmula del Fondo Común Municipal, para ponderar mejor la población y las vulnerabilidades, no solo la recaudación.

2. Hacer más visible y transparente el uso de los recursos, vinculando cada peso con mejoras concretas en la calidad de vida local.

3. Educar fiscalmente a la ciudadanía, para que entienda que el pago de contribuciones no se pierde: vuelve al barrio en forma de bienes públicos.

Pagar contribuciones es parte del contrato social de vivir en sociedad.
Es el costo mínimo de habitar un territorio que cuenta con veredas pavimentadas, iluminación, áreas verdes y servicios públicos. Y también, un recordatorio de que no existen los barrios “autosuficientes”: incluso las comunas más ricas se sostienen en redes de trabajo, transporte y servicios que exceden sus fronteras.

Por eso es importante que las autoridades den el ejemplo, cumpliendo sus propios deberes tributarios. No hay discurso más vacío que pedir austeridad fiscal mientras se descubren autoridades o figuras públicas que eluden o postergan sus pagos de contribuciones. El compromiso con el país no se demuestra en conferencias, sino en la responsabilidad de contribuir como cualquier ciudadano.

La crítica a las contribuciones no es un fenómeno aislado

Forma parte de una ola ideológica internacional que desprecia todo lo que huela a redistribución o Estado, desde Trump en Estados Unidos hasta Milei en Argentina.
El discurso es el mismo: presentar cualquier impuesto como una carga moral, y a cualquier funcionario o programa público como “parásito” o “gasto inútil”.
Pero los países desarrollados no crecieron destruyendo sus sistemas tributarios, sino fortaleciéndolos. Suecia, Alemania o Canadá son ejemplos de cómo la recaudación progresiva y la redistribución territorial son pilares del desarrollo sostenible.

Las contribuciones no son populares porque su beneficio no se ve directamente.
Pero si desaparecen, se notará enseguida: calles más oscuras, barrios menos seguros, servicios más precarios. El bienestar local no se improvisa; se financia.
Y en esa ecuación, Maipú es el rostro de la redistribución: la comuna que recibe la devolución silenciosa de aquellas donde viven quienes trabajan aquí.

Podemos y debemos mejorar el sistema, pero jamás destruirlo. Porque sin contribuciones no hay fondo común; y sin fondo común, no hay país común. Las contribuciones hacen posible un mejor Maipú hoy y mañana: una comuna que devuelve dignidad a quienes cada día devuelven vida a Santiago.