El municipalismo chileno no se limitó a criticar la propuesta del gobierno de José Antonio Kast de eliminar el pago de contribuciones para todos los mayores de 65 años. Fue más lejos: redactó su propio texto legal.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) elaboró una propuesta de redacción integrada para incorporar a la ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial, que establece una exención escalonada según ingresos, incluye salvaguardas para las finanzas locales y crea un mecanismo de compensación fiscal obligatoria a cargo del Estado central. El documento, al que tuvo acceso La Voz de Maipú, es la respuesta técnica y legislativa del municipalismo a una reforma que, en su versión original, amenazaba con vaciar las arcas comunales de todo el país.
Como informó La Voz de Maipú, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue uno de los rostros de esa ofensiva: el 22 de junio de 2026 se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para plantear los lineamientos de esta alternativa, y la AChM llevó la misma propuesta al subsecretario de Hacienda.
Tres tramos, no una exención para todos
El núcleo de la propuesta es una escala de tres niveles que reemplaza la lógica de «todo o nada» del proyecto gubernamental.
Los adultos mayores de 65 años —y mujeres de 60 o más— con ingresos anuales inferiores a 20,9 UTA quedarían completamente exentos del pago de contribuciones sobre su vivienda principal. Quienes perciban entre 20,9 y 41,9 UTA anuales accederían a una rebaja del 50%. Y los contribuyentes con ingresos superiores a ese segundo umbral seguirían pagando el régimen general, sin beneficio alguno.
En términos prácticos, y según los valores de referencia que maneja la propuesta, eso equivale aproximadamente a eximir a quienes ganan menos de $1,5 millones mensuales, rebajar a la mitad la carga de quienes perciben entre $1,5 y $3 millones, y mantener el pago íntegro para quienes superen ese nivel de ingresos.
«Son medidas que lo que buscan es aliviarle la carga a las personas mayores que están complicadas con el pago de contribuciones y permitir que aquellas que tienen buena situación y mayor ingreso puedan pagar y no desfinanciar por completo a los municipios de Chile», declaró Vodanovic tras su reunión con Núñez.
El beneficio se aplica exclusivamente a la vivienda principal del contribuyente —una sola por persona en todo el territorio nacional— y quedan excluidas las propiedades destinadas a arriendo, uso comercial o inversión.
El punto que diferencia esta propuesta de la del gobierno
La clave del texto de la AChM no está solo en los tramos: está en la cláusula de compensación íntegra.
La propuesta establece que toda menor recaudación que derive de la exención —sea por exención total, rebaja parcial o diferimiento— deberá ser repuesta por el Fisco de manera automática, permanente y en un monto exactamente equivalente a lo que cada municipio y el Fondo Común Municipal habrían recibido de no existir el beneficio. En ningún caso esa compensación puede financiarse con cargo a otros componentes del propio FCM ni a ingresos municipales existentes.
Para operacionalizar ese principio, el documento propone crear un aporte fiscal compensatorio especial, de carácter obligatorio y adicional al aporte ordinario contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Servicio de Impuestos Internos quedaría a cargo de certificar anualmente, antes del 31 de marzo, el monto exacto dejado de recaudar por comuna, y la Tesorería General de la República distribuiría los recursos de forma que cada municipalidad y el FCM reciban exactamente lo que les habría correspondido.
La lógica es explícita en el texto: «la política pública de protección de las personas mayores sea financiada por el Estado central y no mediante una reducción de los ingresos municipales destinados a la prestación de servicios comunales».
Como ha documentado La Voz de Maipú, cerca del 60% de la recaudación del impuesto territorial alimenta el Fondo Común Municipal, el principal mecanismo de redistribución entre comunas del país. Una exención total sin compensación golpearía con especial fuerza a los municipios de menor base tributaria.
Un caso especial: las propiedades de alto valor
La propuesta también contempla una figura de diferimiento para las propiedades con avalúo fiscal superior a 6.131 UF. En esos casos, el contribuyente puede mantener la exención mientras conserve la propiedad como vivienda principal, pero el monto eximido queda registrado como impuesto diferido: deberá pagarse al momento de vender o heredar el inmueble, salvo que el nuevo titular cumpla también los requisitos del beneficio.
Esto apunta a evitar que la exención opere como un subsidio encubierto a patrimonios de alto valor, sin que implique desalojar a adultos mayores de sus hogares mientras vivan en ellos.
Transparencia y control: un aparato institucional
El texto no deja los mecanismos de control librados a la buena voluntad. Propone una mesa técnica permanente integrada por el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el SII, la Tesorería General y las asociaciones nacionales de municipalidades, con mandato de evaluar anualmente la implementación y proponer ajustes.
Además, obliga a publicar en formatos abiertos —por comuna y con desagregación completa— los montos eximidos, las compensaciones entregadas y las fechas de transferencia. Cualquier modificación futura al beneficio deberá ir acompañada de un informe financiero con impacto desagregado por cada municipio del país.
El contexto político de la propuesta
La AChM presentó este texto como una propuesta transversal del municipalismo, no como una posición de un sector político específico. En el encuentro nacional de alcaldes realizado en La Serena el 3 de junio, ediles de derecha, centro, izquierda e independientes firmaron una declaración unánime que rechazaba la propuesta original del gobierno y condicionaba cualquier acuerdo a la protección de los ingresos municipales.
La propuesta que hoy circula en el Congreso es, en ese sentido, el intento del municipalismo por transformar esa posición de rechazo en una alternativa legislativa concreta: una que diga sí a proteger a los adultos mayores que lo necesitan, y no a desfinanciar los servicios que reciben todos los vecinos del país.
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