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AC contra Rabat: comisión revisora queda con mayoría opositora, pero la oposición aún no suma los votos en la Sala

El libelo, presentado por diputados de oposición, tiene tres capítulos: las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores, las concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad y una presunta falta a la probidad. El Gobierno sostiene que no hay infracción constitucional.

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AC contra Rabat: comisión revisora queda con mayoría opositora, pero la oposición aún no suma los votos en la Sala

La Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este lunes 16 de noviembre la tramitación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, la primera que enfrenta un integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Tras dar cuenta del libelo en la Sala, se sorteó la comisión revisora, que quedó integrada por los diputados Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA). Tres de sus cinco miembros pertenecen a partidos de oposición. Del sorteo quedaron excluidos los parlamentarios que firmaron la acusación.

El libelo fue ingresado el jueves 12 de noviembre, impulsado por los diputados Emilia Schneider y Jorge Brito (FA), Juan Santana y Raúl Leiva (PS), Marcos Barraza y Daniela Serrano (PC), Jaime Araya (Ind-PPD), Luis Malla (PL) y Jorge Díaz y Javier Muñoz (DC). La votación en la Sala se proyecta para comienzos de diciembre.

Los tres capítulos

Según el texto del libelo, al que tuvo acceso La Voz de Maipú —un escrito de 189 páginas al que se suman cerca de 3.900 páginas de documentos anexos—, los diputados acusan a Rabat de haber infringido la Constitución y las leyes por tres vías.

El primer capítulo se refiere a las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los acusadores sostienen que el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856 —modificada por la Ley N° 21.421 de 2022— excluye expresamente de ese beneficio a quienes cometieron abuso sexual o violación contra menores de edad, y que el ministro no resguardó el interés superior del niño. Según el libelo, ninguno de los decretos revisados se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva, y el ministerio habría aplicado la exclusión durante los primeros meses del gobierno antes de cambiar de criterio en junio de este año. También le reprochan haber resuelto con efectos generales una materia que, a juicio de los acusadores, correspondía decidir caso a caso a los tribunales.

El segundo capítulo cuestiona las reducciones de condena concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Los diputados argumentan que el ministro debió verificar los requisitos que fija el Estatuto de Roma, tratado que se integra al ordenamiento chileno a través del artículo 5° de la Constitución, y que las víctimas no fueron informadas.

El tercer capítulo imputa una falta al principio de probidad. Los acusadores afirman que, al explicar su actuación ante el Congreso —incluida la sesión especial de la Cámara del 28 de octubre— y ante la opinión pública, Rabat entregó información inexacta o incompleta y omitió antecedentes relevantes, entre ellos parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El escrito además pide a la comisión citar, entre otros, al exsubsecretario de Justicia Luis Silva, al subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira y al exministro Jaime Gajardo, y oficiar al Presidente Kast para que informe si impartió instrucciones al ministro sobre estos decretos.

La defensa del Gobierno

El Ejecutivo y los partidos oficialistas han descartado la salida del ministro. Rabat ha sostenido que la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema lo obligaban a conceder las rebajas, interpretación que los acusadores rebaten en el libelo.

El vicepresidente Claudio Alvarado afirmó en radio Infinita que para que una acusación prospere debe existir una infracción constitucional clara y demostrable, algo que, a su juicio, no se ha acreditado. Según el biministro, la acusación no es un instrumento para revertir la decisión política del Presidente de mantener a Rabat en el cargo. También criticó que la oposición haya anunciado el libelo antes de tener sus fundamentos jurídicos. Desde la UDI, en tanto, han expresado confianza en que la acusación será rechazada con los votos del oficialismo.

La aritmética en la Sala

La recomendación de la comisión no es vinculante: la decisión la toma la Sala. Para que la acusación contra un ministro avance al Senado se requiere la mayoría de los diputados presentes: si votan los 155, el umbral es de 78 votos. Según los cálculos difundidos por distintos medios, la oposición tendría 65 votos confirmados, mientras que Alvarado estimó que el oficialismo suma 75, aunque reconoció que no puede asegurar cómo votará cada parlamentario.

El resultado podría depender de las bancadas no alineadas. El excandidato presidencial Franco Parisi dejó abierta la posibilidad de que los diputados del Partido de la Gente (PDG) apoyen el libelo.

Lo que viene

El ministro debe ser notificado dentro de los tres días siguientes a la cuenta en Sala y luego tendrá diez días para comparecer ante la comisión, personalmente o por escrito. En su defensa puede plantear la cuestión previa, es decir, alegar que el libelo no cumple los requisitos constitucionales; si la Cámara la acoge, la acusación se tiene por no presentada. Desde esa comparecencia, la comisión tendrá seis días para estudiar la acusación y emitir su informe.

Si la Sala aprueba la acusación, Rabat quedará suspendido de sus funciones y el caso pasará al Senado, que actúa como jurado y vota cada capítulo por separado. Para declararlo culpable se necesita la mayoría de los senadores en ejercicio —hoy 26 votos—, lo que implicaría su destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.

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