Una polémica al rojo vivo se está viendo entre la alcaldesa de Maipú: Cathy Barriga y un grupo de concejales de la comuna, quienes, en el concejo municipal pasado, solicitaron que se realice un concejo municipal de carácter extraordinario, con el fin de que la administración aclare los montos que ha debido pagar el municipio, por concepto de indemnizaciones a extrabajadores despedidos de la municipalidad.
Los concejales Ariel Ramos, Pedro Delgadillo, Gonzalo Ponce, Marcela Siva, Erto Pantoja y Abraham Donoso solicitaron, en carta enviada el jueves 13 de agosto de 2020, que en el día martes 18 de agosto a las 18 hrs, la administración diera cuenta de las causas vigentes en los tribunales laborales, con motivo de los despidos ocurridos desde diciembre de 2016, a la fecha.
Además, los concejales (que tiene por rol el fiscalizar) pidieron detalles de los montos pagados por indemnizaciones, y que se les adjuntara los decretos de pago.
Además pidieron lo mismo en el caso de los juicios por tutelas laborales. Asimismo, solicitaron un informe con los montos que ha tenido que pagar la municipalidad a AFP, isapres, FONASA y el AFC. Ello, pues varios trabajadores contratados bajo la modalidad honorarios, han logrado acreditar ante tribunales laborales, que tenían horario y jefaturas, por lo cual -además de indemnizarlos por años de servicio- el municipio ha debido pagar millonarios montos a las AFP, isapres, fonasa y el AFC.
Director Jurídico niega al concejo la entrega de cuentas
A través de un memorándum (número 1165) el director de asesoría jurídica del municipio: Jan Aeschlimann Meuli, negó a los concejales la realización del concejo.
Amparándose en la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades, el abogado indica que el concejo solicitado corresponde a una solicitud de información.
A juicio del abogado, la ley establece “en su artículo 79 letra h) un mecanismo especial señalando que corresponderá al concejo “(…) pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia”.
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Sin embargo, Aeschlimann parece desconocer que han sido muchísimos los concejos, donde los concejales han solicitado a Barriga que informe el número de despedidos y los montos que se han pagado.
Además, el director jurídico de Barriga, aduce a la crisis sanitaria por COVID-19 que afecta al país y cita los decretos de calamidad pública que se firmó, con fecha 18 de marzo de 2020 por parte del Ministro del Interior.
Finalmente el abogado aduce que contraloría, mediante el dictamen 3610 del 17 de marzo de 2020, autorizó a las jefaturas a implementar la modalidad de teletrabajo para funcionarios públicos.
El jurídico de Maipú se excusa diciendo que ambas medidas “han reducido considerablemente el personal que efectivamente se encuentra prestando funciones, por lo que, esta entidad edilicia, tiene la obligación de racionalizar y optimizar los recursos humanos disponibles”.
La carta firmada por el jurídico, tiene fecha 14 de agosto. Mismo día que las vecinas y vecinos, lo vieron a bordo de una caravana municipal, disfrazado de príncipe, acompañando a Barriga, junto a una cincuentena de funcionarios municipales, celebrando el día del niño.
Concejal Ramos exige concejo extraordinario
El impulsor del concejo extraordinario: Ariel Ramos, envió una extensa carta este lunes 17 de agosto, en la cual se queja que ni el director jurídico ni la dirección de asesoría jurídica: “ se encuentra facultada para dar instrucciones u órdenes, ni menos para adoptar decisiones, siendo esta unidad un órgano eminentemente técnico, coadyuvante y en caso alguno, resolutivo”.
Ariel Ramos va más allá y detalla que el jefe de la unidad jurídica del municipio: “carece de potestades públicas para rechazar una convocatoria a Concejo, como pretende hacerlo. Aún más, dicha potestad es inexistente en nuestro orden jurídico, es mas, ni siquiera la máxima autoridad del Municipio, la alcaldesa, tiene tales facultades, por cuanto se relaciona con potestades propias del Concejo Municipal”.
A juicio del concejal del PC: “Tan grave como intentar atribuirse potestades públicas de las que no se encuentra dotado, es el pretender eludir de cualquier forma el ejercicio de la función fiscalizadora del Concejo, obstaculizando la entrega de información de carácter pública relativa a datos, costos y todo lo relacionado a la gran cantidad de acciones jurisdiccionales en sede laboral que la Municipalidad de Maipú tiene en su contra”.
Ramos hace hincapié en que a la alcaldesa ya se le ha solicitado, en el concejo municipal, que informe los dineros gastados en indemnizaciones, sin que ella cumpla con hacerlo. Además, junto con indicar que el funcionario carece de las potestades para no llevar a cabo el concejo, asegura que “la sesión de concejo deberá llevarse a cabo, teniendo en consideración que la citación fue realizada en sesión de Concejo Municipal. Para estos efectos, los funcionarios intervinientes y los llamados a informar a este concejo deberán asistir en virtud de lo previsto en el reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal, en especial a lo previsto en su artículo 8”.
