Contra Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez Vallejos y todos quienes resulten responsables por los delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco la Municipalidad de Maipú confirmó el ingreso de una querella este miércoles.
A partir de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía contra la ex alcaldesa Cathy Barriga, quien permanece en prisión preventiva por estos días en la cárcel de San Miguel, ya se esbozaban antecedentes que vinculaban a su esposo, el diputado Lavín, con acciones cometidas bajo su gestión entre 2016 y 2021.
Como un «alcalde en las sombras» ha sido catalogado el parlamentario en varios de los testimonios que se han entregado en el marco de las indagatorias del caso Barriga, un apodo que toma sentido en las 44 páginas expuestas por la entidad edilicia.
«En un total de 113 declaraciones prestadas hasta hoy ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en la investigación RUC 2110056705 [caso Barriga], el diputado es mencionado un total de 186 veces», comienza exponiendo la representación del Municipio que hoy se encuentra bajo la administración de Tomás Vodanovic.
«En principio, ello podría no ser extraño. Lavín no solo es cónyuge de Barriga, sino también, desde 2014 y hasta hoy, Honorable Diputado de la República por un distrito electoral que incluye a la comuna de Maipú. Pero, analizado el contenido de las declaraciones que le refieren, no es difícil percatarse que su intervención excedía largamente el ámbito de una relación entre cónyuges o la función fiscalizadora de su cargo», sentencia al respecto, antes de comenzar a precisar los hechos.
«Los hechos» en relación al tráfico de influencias
Según los testimonios, se apunta a que Lavín instaló personas de su confianza en cargos importantes, concretaba reuniones con ellos, solicitaba gestiones directas y reportes sobre lo que sucedía en el Municipio, ofrecía cargos, entre otras cosas, configurando así el delito de tráfico de influencias.
«Estructuró el Municipio conforme a sus intereses situando en puestos clave a gente de su confianza, accediendo a información confidencial y tomando decisiones propias de autoridades municipales en conjunto con su cónyuge, quien por las urnas sí había conseguido hacerse del sillón edilicio», afirma el documento, recordando que el diputado había sido candidato a alcalde en 2012, pero perdió contra Vittori.
El rol de Domínguez
Antes de continuar detallando antecedentes, en la querella se menciona la figura de Arnaldo Domínguez, etiquetándolo de «emisario». El aludido formaba parte del equipo del parlamentario, y resultó ser quien intermediaba comunicaciones con los funcionarios municipales cuando no era directamente con Lavín.
“[E]s la persona clave ya que Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contrato [sic] por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, relata uno de los testigos.
En otro testimonio, se mantiene la misma idea: “[E]l diputado estaba metido en toda la municipalidad, eso es un hecho, pero a través de Arnaldo siempre. Esto significaba que cada problema lo trataba de solucionar o prevenir Joaquín Lavín, pero siempre con Arnaldo como intermediario”.
Desvinculaciones y contrataciones
Una semana después de la instalación de barriga en diciembre de 2016, Lavín le envió un correo electrónico a la entonces alcaldesa Barriga y a quien fuera en ese momento el director jurídico, Carlos Fairlie, con asunto “Func. Honorarios que pueden perjudicar la gestión”.
Tal como se aprecia en la imagen, el correo contenía un excel adjunto en donde se enlistaba un total de 235 funcionarios que fueron desvinculados por la instrucción del diputado. Ellos fueron los primeros.
«El informe policial concluye que fueron un total de 496 trabajadores los desvinculados como resultado de lo instruido en los 9 correos analizados. A su vez, este interviniente ha tomado noticia de que por estas desvinculaciones al menos 72 de esos trabajadores demandaron en sede laboral a la Ilustre Municipalidad de Maipú, significando para el Municipio el desembolso de al menos $1.149.670.114 en el pago de condenas, transacciones o avenimientos», señala la Municipalidad en la querella.
La situación generó un amplio debate ante el Concejo Municipal, donde Cathy Barriga defendía la decisión tomada por una supuesta sobredotación de personal para hacer campaña a la reelección de Vittori, los famosos «funcionarios fantasmas», situación que continuó siendo cuestionada hasta el fin de su administración.
«Contrataciones, reintegros, enroques y favores: clientelismo al interior del Municipio«, continúa la querella en otro subtítulo, donde se reitera en cómo «Lavín y Domínguez ejercieron sistemáticamente su influencia sobre diversos funcionarios municipales para obtener decisiones favorables a sus intereses o terceros vinculados a ellos».
«No solo había desvinculaciones, también se instruían contrataciones. “Me enviaban currículums para contratar gente a través de personas de RRHH. Me los pasaban por mano directamente», declaró una de las ex administradoras municipales de la época, añadiendo que tomó conocimiento sobre la presencia de jóvenes de las juventudes UDI que estaban trabajando en el municipio.
Varios correos que aparecen recibidos por Joaquín Lavín León dan cuenta de los «compromisos» tanto fuera como dentro de la UDI que mantenía en relación a ciertas contrataciones.
Además de algunos casos de reintegro o enroque de funcionarios -igualmente cuestionado por la parte querellante-, otra de las cosas que llamó profundamente la atención fueron los favores personales que habría gestionado Lavín. El hecho queda graficado en los siguientes correos:
Desde la parte querellante, solo por el concepto de «tráfico de influencias», se afirma que con estos antecedentes «queda de manifiesto entonces que el ejercicio indebido de influencias por parte de los querellados se realizó por medio de prevalimiento y abuso de sus cargos».
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