El gobierno junto al parlamento acordaron que trabajadores con contratos suspendidos, seguirán recibiendo sus remuneraciones, aplicándose al 54% de trabajadores que están bajo el código del trabajo, es decir, contratados (aproximadamente 5 millones de personas).

De cierta forma entrega una falsa tranquilidad, ya que el fin principal es dar estabilidad a los trabajadores, disminuyendo (pero no eliminando) el uso del art. 159 de terminación de contrato por “caso fortuito” o de “fuerza mayor”. Uno de los criterios es que los eventos sean permanentes, caso que no se aplica a la “CoronaCrisis” ya que es transitoria y monitoreada de acuerdo al comportamiento de la pandemia.

Sin embargo, los art.159 y 161, han sido los más usados desde el Estallido Social, aumentó en un 23% la cifra de desvinculaciones comparado con 2019 y la tasa de desocupación ha crecido (7.8%), llegando en el trimestre móvil dic-febrero 2020, a 650 mil personas sin trabajo.

Por otro lado, el 38,9% de la fuerza de trabajo ocupada, casi 3.600.000 personas, está bajo condiciones informales de trabajo como construcción, comisionistas, honorarios, trabajadoras de casa particular, subcontratados, entre otros.

Muchos de estos últimos casos, no tienen la posibilidad de hacer cuarentena en sus casas, porque sus labores no se pueden realizar de forma virtual, carecen de computador, internet o teléfono, agregando el hecho de que no reciben seguro de cesantía y deben buscar alternativas muy sacrificadas, para los gastos de sus hogares.

Lo anterior debería crecer aún más, ya que de acuerdo a resultados de una encuesta publicada en La Tercera, un 28% de las empresas desvinculará a trabajadores, mientras la Encuesta del Banco Central, indica que un 76% de las empresas prevé despidos en los próximos 6 meses, por lo que el escenario futuro no pareciera mejorar.

De acuerdo a lo anterior, resulta ofensivo que la Dirección del Trabajo decrete un dictamen que vulnera los derechos de los trabajadores, más aún cuando se intenta llevar adelante un proyecto de modernización de la DT, que viene a eliminar importantes facultades.

Estas normas tienen que ver con la flexibilidad del multirut, fuero (no retroactivo) sindical para formación de Sindicatos, ampliación de hipótesis en la aplicación de servicios mínimos en contextos de huelga, entre otros que sólo profundizan la desigualdad entre trabajadores y patrones.

El cambio en la legislación laboral actual, debiese ser tan bullado como el cambio constitucional, para alcanzar los niveles mínimos de países desarrollados, como por ejemplo el derecho a sindicación, derecho a huelga, negociación colectiva por rama, igual trabajo igual salario (género), eliminación de multirut, entre muchas más.
Inyección Comparada de recursos.

Bonos y subsidios

La ayuda de los bonos significó para el Estado desembolsar 167 millones de dólares, alrededor de 144 mil millones de pesos chilenos. Para la inyección de recursos del Seguro de Cesantía, el Estado dispondrá de 2.000 millones de dólares, es decir 1.721 billones de pesos aproximadamente.

Para el subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado, el Estado inyectó 200 millones de dólares, alrededor de 175 mil millones de pesos. En total 2.400 millones de dólares, 2 mil billones de pesos chilenos, una inyección histórica sin duda, pero que comparada a nivel internacional, queda corta y no tan sólo por la cantidad de dinero, sino por la carencia de medidas económicas proteccionistas

Por ejemplo el gobierno de Perú preparó un paquete de 26.400 millones de dólares más una inversión histórica que irá a la mitad de las familias del país, sextuplicando el gasto público, y que en las últimas horas, el gobierno ha decidido reformar las AFP, algo que sabemos que en nuestro país está lejos de ocurrir.

En Corea del Sur el gobierno comprometió la entrega de $700.000 pesos chilenos, a cada hogar de cuatro personas, del 70% de hogares con menos salarios o más vulnerable como se diría por acá. La lista de ejemplos es extensa, pero el hilo conductor parece ser concluyente, en Chile faltan medidas proteccionistas para los hogares y millones de familias, las cuentas y servicios básicos se siguen pagando, las deudas no se han suspendido, añadiendo el miedo al despido y la reducción de sueldos.

No se puede negar que hay una considerable inyección de recursos que ampliará la focalización del gasto público, pero no se puede hacer cargo de las altas brechas de desigualdad de nuestro país arrastradas desde décadas.

Sólo queda la esperanza, de que la Corona Crisis deje una gran lección de políticas públicas igualitarias para nuestro país, y de un pueblo con memoria de aquellos errores, que no se pueden volver a cometer por el bien de las generaciones futuras.

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