La Contraloría General de la República publicó recientemente un informe tras realizar una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Maipú. Ahí, se reveló una gran cantidad de dinero gastado en 2020 que no se ajustan a la ley chilena.
La auditoría en este caso se enfocó en el gasto en horas extraordinarias y en los contratos a honorarios suscritos por el municipio, con funcionarios de la propia entidad edilicia o con sus servicios traspasados, durante el período 2020.
Cabe señalar que durante el año 2020, la Municipalidad de Maipú aún era administrada por la ex alcaldesa Cathy Barriga.
Entre los principales hallazgos, se encontró que no existía el respaldo de los trabajos que realizaron 46 proveedores, los que suman un total $ 872 millones. Por lo mismo, el ente contralor derivó los antecedentes al Ministerio Público.
«La Municipalidad de Maipú desembolsó un monto de $872.502.849, en el pago de 46 prestadores de servicio. Sin embargo, no fue posible corroborar si efectuaron las labores para las cuales fueron contratados, debido a que no se encontraban respaldados con los antecedentes que permitan determinar, en cada caso, si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendada, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975″, se lee en el documento.
La auditoría también logró exponer que «el municipio desembolsó un monto total bruto de $81.664.015 con motivo del beneficio denominado «Bono Años dorados», el que fue otorgado a 14 personas contratadas a honorarios».
Dicho beneficio consistía en una compensación económica y estaba dirigido a todos aquellos prestadores de servicios que, a diciembre de 2019, tenían 75 o más años de edad y que presentaran por escrito su renuncia voluntaria.
Según las conclusiones de Contraloría, lo anterior tampoco se ajusta «a lo consignado en el dictamen N° 25.694, de 2005, de la Contraloría General, toda vez que no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios».
Asimismo, la Contraloría determinó que hubo pago a contratos a honorarios que tampoco cumplen con las normas establecidas. Por ejemplo, se encontraron «ausencias del acto administrativo que autoriza la ejecución de horas extraordinarias, atrasos no descontados y pagados, contratos a honorarios sin firma, y contratos a honorarios no aprobados mediante un acto administrativo».
En el 2020, además, «existieron diferencias entre la cantidad de horas extraordinarias asignadas mediante decreto alcaldicio y aquellas que fueron ingresadas en el sistema de asistencia de personal«.
Finalmente, la Contraloría resolvió que «en consecuencia, ese órgano comunal deberá, en lo sucesivo, adoptar los mecanismos de control que le permitan traspasar al sistema de asistencia de forma exacta la cantidad de horas extraordinarias asignadas conforme a lo establecido en el acto administrativo que las designa, dando cumplimiento a lo consignado en la normativa indicada».
Al cierre de esta edición, la gestión municipal actual no ha emitido comunicado alguno al respecto.
Revisa el informe aquí:
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