Era fines de junio de 2002 y la Ilustre Municipalidad de Maipú llamaba a la Corte de Apelaciones de Santiago a proveer el cargo de juez del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú y unos meses más tarde Jacqueline Garrido Guajardo llegaba para quedarse. Los trabajadores no imaginaban lo que se les venía.
Discriminaciones, humillaciones, gritos, “castigos” con limpiar los baños e instrucciones de trabajar sábados, domingos y festivos eran solo algunas de las cosas que ya se comenzaban a dar a conocer en 2006, pero las represalias y amenazas que surgían tras el atrevimiento de alguien que alzara la voz terminaba silenciando a los pocos valientes. Eso, además del miedo a ser desvinculados.
Seguían pasando los años y con ellos varios intentos en vano de revertir la situación. “Ella sabe cómo hacerla. Nunca te echa, espera a que te sientas mal, revientes y te vayas solo”, “con todos hace lo mismo, por qué crees que todos se van de aquí”, “somos uno de los Tribunales con mayor rotación del país”, era parte del contexto según el relato de una denuncia realizada ya en 2016.
Los datos dicen más que mil palabras: solo desde ese año hasta la actualidad, ha habido al menos 60 rotaciones según lo que se pudo constatar con fuentes de la Municipalidad.
Número de personas trasladadas desde el Tercer Juzgado de Policía de Maipú entre 2016-2022
“Un día me pasó una escoba y me dijo ‘ya niñito, a trapear el piso’, enseguida mandó a otra funcionaria a llenar un balde con agua caliente y detergente para que yo trapeara. Cuando inicio, la Magistrado me dice ‘¡para, así no se hace!, ¿no sabes trapear el piso? Mete las manos al agua (caliente), tienes que estrujar el paño o sino no sirve’. Entonces le dije que no lo iba a hacer: ‘mire cómo ando vestido (de traje), acabo de entrar al Tribunal, no voy a estrujar el paño a esta hora’», cuenta uno de aquellos relatos de 2016.
“La Magistrado insistió amenazante y me dijo: ‘No te estoy pidiendo por favor, mete las manos al balde y estruja el paño’. Guardé silencio -con algo de temor-, medité rápidamente lo que iba a decir y concluí: ‘No me titulé de abogado para trapear el piso, no lo haré’ […] La Magistrado guardó silencio, movió ligeramente su cabeza de arriba abajo, y me miró de reojo con una expresión difícilmente descriptible, pero de fácil compresión para mí: haberla desobedecido traería consecuencias”, continúa, “y desde luego las trajo”.
Pero este testimonio es solo un pequeño ejemplo de las vivencias que a diario han debido soportar los empleados hasta el día de hoy. Una de las historias más fuertes de las que varios fueron testigos hace un tiempo fue la ocasión en la que obligó a una trabajadora a bajarse los pantalones en su oficina para revisarla, porque pensó que estaba embarazada a razón de que aparentemente había subido algo de peso. No contenta con ello, le pasó un test de embarazo para que se lo hiciera en ese mismo momento.
Otro de los relatos más destacados fue el haber escuchado a Garrido hacer público que uno de los trabajadores era VIH+. Nadie sabe con certeza cómo se enteró, pero apenas tenía la oportunidad, sacaba el tema y según varios testigos habría dicho cosas como “no entren ahora, que se pueden contagiar”, después de que esta persona usara el baño.
Y hablando de baño, varios coincidieron en señalar que no hace mucho, la Magistrado llegó dando la instrucción de que no podían hacer más sus necesidades durante la jornada laboral. “Ese día nos dijo que desde ahora teníamos que acostumbrarnos a hacer antes de salir de nuestras casas y esperar a que nos fuéramos, más encima sin saber bien a qué hora nos iríamos porque la hora de salida era incierta”, comentaron.
«Ha sido un nivel de violencia sicológica y de manipulación impresionantemente constante. Identifica minuciosamente con qué te puede humillar tanto laboral como personalmente, y cuando se le da la oportunidad lo utiliza. Hasta vigilaba qué llevabas de comida y lo criticaba. Otro método recurrente ha sido ponernos los unos contra los otros, de tal manera que no pudiéramos confiar en nadie», es parte de uno de los testimonios que, como todos, prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias.
«Yo me atrevo a decir que absolutamente todos y todas hemos sido maltratados por Jacqueline Garrido en el Tribunal. No se salva nadie, ni siquiera los que ella elige para tener ‘más cerca’ y que aparentemente gozan de ciertos privilegios. No les dura nada», señaló otra de las personas afectadas, indicando que tampoco quedaban fuera los propios usuarios del Juzgado.
«Un día una mujer llegó a la institución y tenía problemas para pagar su diligencia. Decía no tener el dinero y andaba con su bebé. Mientras era atendida la Magistrado se metió y comenzó a exigirle que tenía que arreglárselas cómo pagar. Como al parecer conocía su caso, le dijo que por qué no se acostaba con el ex marido para pedirle que él le pagara. Varios escucharon eso, pero nadie pudo hacer nada. Vimos cómo la mujer se puso afuera del Tribunal y se puso a vender el coche de la guagua para pagar», contó otro de los testigos.
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Horas extras excesivas
El horario por contrato de la mayoría de los trabajadores es el día lunes desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, y de martes a viernes entre las 8:30 y las 17:30 horas, pero todos señalan que eso jamás se ha cumplido.
“Cuando llegué, los compañeros me dijeron al tiro que ni pensara que me iba a ir a las 17:30 horas. Si no quería quedar tachado de flojo o estar en la lista negra, lo correcto era irse cuando la señora Jaqueline Garrido lo permitiera”, expresó un ex funcionario.
Según señalan, hay ocasiones particularmente especiales como los informes trimestrales o los cierres anuales que implica -además que la Magistrado ande ‘de buenas’- que varios deban quedarse incluso hasta la madrugada, pero ni siquiera se trata solo de eso. La mayoría de los días, según indican, llegan las 19:00, las 20:00, las 21:00 horas y recién se están yendo a sus casas.
Esto trajo serias complicaciones durante el estallido social y después con la pandemia, época en donde -recordemos- el país se encontraba en Estado de Emergencia y se aplicaban los llamados toques de queda. Varios de los denunciantes declararon haber tenido que pagar taxis u otras locomociones para poder llegar a sus domicilios puesto que no alcanzaban a encontrar el metro abierto cuando terminaban sus respectivas jornadas.
Por supuesto, al ser contratados a honorarios, ninguno de los que ha debido someterse a esta situación ha sido recompensado con el pago de esas horas extras. Pero lo que no se le paga a estos trabajadores se le paga a Garrido.
De acuerdo con los registros en Transparencia Activa, la funcionaria de planta con estamento directivo que actualmente ostenta un sueldo bruto por sobre los $4 millones (aunque por muchos años estuvo por sobre los $5 millones), entre 2016 y 2021 figuraba con más de 70 horas extras mensuales y a veces alcanzaba más de 100. Esto significaba un considerable monto adicional a su remuneración (revisa la tabla arrastrando los datos hacia la derecha para visualizarlos completamente).
Desde mayo de 2021, después de todo este tiempo, se aprecia recién un importante cambio en esta situación, y ya para octubre de ese año la jueza dejó de presentar horas extras tanto diurnas como nocturnas.
El problema en este caso no solo es el exceso de estas horas, sino que también, de acuerdo a lo que pudieron confirmar varios testigos, Jacqueline no las cumple de manera efectiva. “A veces llega tarde o se va antes, y obviamente nadie le puede decir nada, y le deja las instrucciones a alguien en particular que le marque las horas. Incluso a veces ha mandado a marcar días sábados o domingos en los que ella derechamente no va”, indicaron.
Tal como se aprecia en la tabla, hubo algunos meses durante ese período en los que el monto adicional a su sueldo adjudicado solo en horas extras diurnas y nocturnas llegó a superar los $2 millones (marzo 2016, con 133 horas extras; enero 2019, con 110 horas extras; abril 2019, con 110 horas extras).
Santos en la Corte
Si bien los relatos no se quedan entre los pasillos y en numerosas ocasiones han llegado formalmente a las oficinas de la administración municipal, las manos de la entidad edilicia se han mostrado atadas una y otra vez.
La razón principal hasta ahora ha sido que el cargo de la Magistrado no solo es propuesto a través de una terna por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, sino que también, en materias disciplinarias, depende totalmente de ella. Por este motivo, cualquier investigación o acción que se haya querido realizar por los hechos que se han denunciado desde hace casi dos décadas deben hacerse llegar hasta dicha institución, y es ahí donde no han tenido efecto alguno.
El intento más reciente se mantiene vigente: el pasado 3 de enero, el alcalde Tomás Vodanovic respondió a un oficio de la Corte en el que se solicitaba un informe respecto del desempeño de los Jueces de Policía Local, oportunidad en que la máxima autoridad de Maipú aprovechó para exponer las conductas “reprochables, graves y reiteradas” de Garrido en el Tercer Tribunal.
Junto a ello, se adjuntaron una serie de antecedentes con lo cual se logró poner en curso un sumario contra la Magistrado en donde se investiga las “conductas que eventualmente podrían ser constitutivas de maltrato laboral”.
STH se pronuncia
Roque Pérez Donoso, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios (STH) de Maipú, expresó haber estado informado sobre esta situación prácticamente desde que asumió su rol, y a pesar de que han hecho llegar las diferentes denuncias ante el Municipio, nunca lograron tener resultados por lo que se explicaba anteriormente.
El dirigente destaca que los honorarios se encuentran particularmente desprotegidos en este tipo de escenarios, ya que solo los funcionarios de planta o contrata están amparados por disposiciones legales que les permiten denunciar abusos o maltratos ante la Contraloría, mientras que los honorarios no. Cabe señalar que, de todas formas, los jueces no están obligados a obedecer lo que dictamine la entidad fiscalizadora.
En esa misma línea, Pérez aseguró que por parte del sindicato habría un apoyo total. “No nos importa si están sindicalizados. Son personas, son honorarios, y vamos a velar por todos. Creemos que la autoridad local debería tener más facultades sobre estos temas. Esta persona tiene reclamos de todos lados y no puede ser que sea intocable”, expresó el dirigente, indicando que se está planificando una propuesta para que los funcionarios a honorarios afectados salgan del Tribunal en cuestión.
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Hoy, los trabajadores expresan miedo, pero al mismo tiempo una actitud resignada de “ya no tener nada más que perder”. Cada uno de ellos ha terminado con daños sicológicos en diferentes niveles que los tienen con tratamiento profesional, y lo mismo para varios de los que llevan un tiempo fuera del lugar porque renunciaron, han sido reubicados o derechamente desvinculados.
Algunos han llegado a sufrir incluso consecuencias físicas por el estrés, como uno de ellos que terminó desarrollando alopecia, según cuentan. Otro tuvo un episodio de desvanecimiento luego de enfrentar a la Magistrado, y aunque esta negó que le prestaran auxilio en presencia de varios trabajadores, terminó de todas formas en el hospital y presentando licencia médica después de lo ocurrido.
La Voz de Maipú se puso en contacto con Jacqueline Garrido para consultarle respecto de su propia versión de los hechos, y prefirió que habláramos con su abogado, Marcelo Díaz Suazo. En la conversación, el profesional confirmó que el tema estaba judicializado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, destacando que había varios otros expedientes contra la Municipalidad de Maipú, toda vez que el empleador es la entidad edilicia y, por tanto, es ella quien «ha incumplido una serie de fórmulas propias del buen trato laboral».
«Los trabajadores, en su momento, para evitar que la Municipalidad los despidiera o tuvieran que autodespedirse -como al menos hay un caso- intentaron salvar la situación iniciando una denuncia contra la Magistrado, la cual no prosperó en ningún aspecto», detalló el abogado, y si bien respondió que la serie de hechos que se le imputan a Jacqueline Garrido derechamente «no son efectivos», al mismo tiempo reiteró que «la responsabilidad laboral corresponde a la Municipalidad de Maipú, jamás a la Jueza, por ello está demandada por tutela laboral por exactamente los mismos hechos. Cualquier hecho de maltrato laboral guarda relación con la Municipalidad».
