El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, presentó a las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara una nueva propuesta. Esto se sumaría al proyecto que fortalece la protección de policías nacionales, permitiendo que en ocasiones los funcionarios puedan quedar libres de responsabilidad penal.
En el documento, se puede leer que los policías pueden quedar «exentos de responsabilidad penal cuando se haga uso racional de la fuerza en el ejercicio de sus funciones o en cumplimiento de sus deberes permanentes».
Esto incluye a «Miembros de Carabineros, Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile, Autoridad Marítima y su personal, en el desempeño de sus funciones de Policía Marítima; Miembros de Fuerzas Armadas, en las funciones que ejercen durante estados de excepción constitucional y actos electorales y plebiscitarios», según lo señalado en el escrito.
Se entenderá que hay uso racional de la fuerza «aplicando principios de necesidad y proporcionalidad de la fuerza policial«, como por ejemplo «detención, evitar concreción de riesgo vital, repeler agresión, evitar fuga y disolución de reuniones no pacíficas o con armas».
El subsecretario expuso ante el Senado expresando lo siguiente: «¿Cuál es el nivel de fuerza que un policía puede usar para detener a una persona ante la comisión de un delito? Hoy, el Código Procesal Penal da para detener, pero tenemos distintas interpretaciones y regulaciones. Es necesario entregar la legitimidad que requieren las policías y los encargados del orden público en la actualidad«.
La iniciativa que absuelve a la policía de su responsabilidad penal ante el uso de la fuerza, ha generado distintas reacciones en usuarios, y varios de ellos manifestaban su preocupación por los excesivos abusos en el uso de la fuerza que la policía ha aplicado sobre la ciudadanía, sobre todo desde el Estallido Social.
Además de la eximente de responsabilidad penal, la propuesta del gobierno tiene como objetivo crear una agravante en ataques a funcionarios de Carabineros, la PDI o Gendarmería. En ella se contemplaría el intento de homicidio, castración, lesiones, acometimiento o resistencia violenta, empleo de fuerza o intimidación contra funcionario y que el imputado esté con el rostro cubierto para ocultar su identidad.
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