Nuestra comunidad entrega a Carabineros la facultad de usar la fuerza para resguardar el orden público. Hacemos esto porque la historia nos ha enseñado que cuando las personas se defienden solas, terminan apedreando mujeres adúlteras (Evangelio de Juan 7:53).
Por esta razón tenemos policías. A ellos les damos permiso de portar un arma, de ejecutar la justicia. Pero este permiso que le damos no es un cheque en blanco. Es un permiso que la sociedad entrega bajo estrictas condiciones: la más importante de ella, el respeto por los derechos humanos.
La historia también nos enseña que cuando la fuerza se ejerce de manera arbitraria y de manera ilegal o ilegítima, las personas se rebelan.
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Es cosa de verlo en algo tan simple como una sala de clases. Cuando un profesor abusa de su autoridad la única forma de mantener del orden es a través del uso de la fuerza. Esto quizás podría funcionar 50 o 100 años atrás. Pero los tiempos han cambiado y el uso de la fuerza debería ser la última razón, el último recurso en ser empleado, cuando ya se ha agotado todo.
En la introducción a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de las Naciones Unidad se señala que es «esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».
Es decir, el Estado y sus agentes tienen la obligación de actuar apegados estrictamente a las normas. No hay ninguna situación, salvo la guerra misma, que justifique abusar violentamente de otra persona.
En las últimas semanas hemos visto saqueos, desmanes, vandalismo y hemos sido los primero en condenarlo. Es importante recordar que lo que estamos viendo es el mayor estallido social desde la vuelta a la democracia. No se trata de cualquier cosa, es una de las peores crisis institucionales en nuestra historia.
Lo que vemos en las calles es rabia, energías que estaban acumuladas hace más de treinta años y que explotan como un volcán dormido. Frente a esto es necesario encontrar soluciones. Soluciones sobre todo políticas, tanto a nivel de gobierno central como comunal. Y mientras esas soluciones llegan, mitigar la rabia de distintas maneras. Una de ellas es el resguardo del orden por parte de las policías, pero no es la única.
En efecto, las policías deben actuar y resguardar el orden público, es su deber y una necesidad social primaria. Pero el costo de ese orden no puede ser saltarse la misma ley. De ser así, quiere decir que el estado falla. Y si el estado falla, solo queda el caos.
Sin embargo, distintos testimonios, registros audiovisuales y opiniones de especialistas indican que el actuar de Carabineros ha pasado límites. Ayer publicamos que el Instituto de Derechos Humanos se querelló contra la 25 Comisaría de Maipú por un caso grave de torturas y abuso a una menor. Y no es el único testimonio.
Descontento social, respuesta policial
En estos días los se han volcado a las calles. En su mayoría, son adolescentes que se manifiestan en las calles con más o menos violencia. ¿Qué haremos con estos miles de menores de edad enojados? ¿Los vamos a salir a perseguir con palos? ¿Les vamos a disparar perdigones? ¿Los vamos a meter a calabozos para amenazarlos con seguir golpéandolos?
Al parecer, este es el camino que nuestro gobierno ha privilegiado. Sin embargo, las consecuencias sociales de este actuar son imposibles de medir en el corto plazo.
Es posible que 50 carabineros logren pacificar el centro de la comuna deteniendo y agrediendo. Tácticamente es una respuesta lógica desde el punto de vista policial. El fin del orden público se cumple, pero la pregunta más importante es qué va a pasar con esos esos estudiantes detenidos al día siguiente que salgan a la calle.
Desde el punto de vista estratégico, el desgaste humano de recursos policiales y la respuesta cada vez más violenta de los manifestantes dan cuenta de una política insuficiente. De seguir esta dirección, se terminará inevitablemente con más personas heridas y más muertos. Esto sin contar las consecuencias psicológicas que aún no se han estimado.
Solo el martes hubo más de 60 detenidos. Una de esas menores acusó tortura y golpes en sus genitales y el caso fue tomado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de una adolescente de 15 años que estudia en un colegio de Maipú que fue golpeada con un bastón de servicio en su zona genital y arrastrada por el piso por un hombre adulto armado.
Hemos visto cientos de apoderados que antes defendían a Carabineros, y que ahora rechazan su actuar. En La Voz publicamos el testimonio de un estudiante de Duoc Maipú, apresado sin mayor participación en hechos de violencia, que se sintió tratado «como la peor escoria del mundo».
Preocupa que nuestra única respuesta como comunidad sea pegar palos. ¿Dónde están las autoridades políticas? ¿Por qué nadie ha sido capaz de mediar con nuestros propios hijos?
No se trata de extraños o alienígenas caídos del espacio. Son nuestros propios hijos y vecinos los que están en la calle protestando, manifestándose. Esto también incluye el vandalismo injustificado de algunos sectores aislados,.
¿Qué haremos con ellos? Porque por más veces que los metamos presos, seguirán estando ahí, al igual que la indolencia de nuestras autoridades que mantienen un cómplice silencio frente a lo que pasa.
El silencio de la Municipalidad de Maipú
Hoy hubo un concejo municipal autoconvocado sin Cathy Barriga. Se desconoce su ubicación. Como medio hemos intentado establecer puentes de comunicación, pero nos remiten a la información oficial de la página web. No hay disponible para dar entrevistas o explicar lo que pasa, ni tampoco para recibir personas, ni prensa, ni dirigentes. Nada que huela a crítica o preguntas incómodas.
Tenemos en resumen un municipio mudo, cuya comuna flota a la deriva contenida solo por el uso de la fuerza policial. ¿Es todo lo que podemos hacer como comuna?
Sobre esto, no ha habido ninguna palabra por parte de nuestra primera autoridad, la señora Cathy Barriga Guerra. Fuentes cercanas a nuestra alcaldesa señalan que estaría superada por la situación actual, sin saber qué hacer. Y no es para menos, ayer una turba de estudiantes estuvo a pocos metros de llegar hasta sus oficina.
La preocupación es real, pero no menos real debe ser la búsqueda de soluciones sociales y políticas a lo que está pasando, partiendo por la unidad más básica de gobierno: la municipalidad.
Hubo una experiencia interesante de un diálogo ciudadano que se dio en Sol Poniente, donde algunos funcionarios municipales, entre ellos Francisco Parra de Organizaciones Comunitarias, se sentaron a conversar. No hubo concejales, ni tampoco estuvo la alcaldesa presente, pero fue un primer paso. Un acto tímido, insuficiente, pero un primer paso.
Ante esta insuficiencia, los barrios se han organizado por cuenta propia y han hecho sus propio cabildos, como en Lo Errázuriz, Los Héores, y este sábado en La Farfana, antiguo barrio de la alcaldesa y donde rechazaron la ayuda municipal.
La razón de este rechazo pasa por una prolongada ausencia en los barrios, que ahora en momentos de crisis pasa la boleta. Este fin de semana esperan reunir en La Farfana a más de 200 vecinos. La municipalidad no está invitada.
La relación con la municipalidad se hace más difícil cuando la mayor parte de quienes nos gobiernan no viven en la comuna. Ni la alcaldesa, ni su jefe jurídico, ni la administradora municipal. Ninguno de ellos vive en Maipú. El más cercano está a una hora de distancia en caso de cualquier emergencia. Uno de los cargos más importantes, DIDECO, sigue vacante hasta donde hemos podido indagar.
A esto se suma paro de funcionarios en la Municipalidad, donde se han sumado AFUMMA, Planta General y Sindicato de Trabajadores a Honorarios.
A nuestro diario se contactan diariamente funcionarios municipales para expresar su preocupación, como la exposición a la que están expuestos los funcionarios de los módulos de «seguridad» durante turnos de noche. Sin ir más lejos, hace dos días quemaron un módulo en El Abrazo y el funcionario sigue esperando una llamada para que alguien al menos le pregunte cómo está.
Mismo caso con tres funcionarias despedidas por su condición sexual debido al difícil ambiente que se respira en la interna de nuestro municipio, y cuyos testimonios daremos a conocer prontamente.
A esto podemos sumar una larga lista, como los problemas que hemos expuesto reiteradamente sobre Maipú Seguro, donde se denunció a dos funcionarios sorprendidos robando y el encargado de la unidad dejó la situación sin castigo. O el reciente testimonio de una trabajadora de Smapa donde cuenta cómo los lectores recorrían la comuna con zapatos rotos y la falta insumos materiales y humanos para la reparación de filtraciones.
Sobre nada de esto ha habido un pronunciamiento público de alcaldía o alguna de sus unidades. En parte, porque existe una orden de que nadie hable públicamente sin la autorización expresa de la alcaldesa.
Como medio esperamos sinceramente que esta situación se revierta, y nuestro municipio pueda estar a la altura de lo que estos convulsionados momentos exigen.