Este lunes, a las afueras de una actividad convocada por el gobierno que contaba con la visita del Presidente Gabriel Boric, una veintena de funcionarios a honorarios de Maipú que fueron despedidos al cierre de este 2024 aprovecharon la instancia y se reunieron a protestar contra el alcalde Tomás Vodanovic.
Con banderas negras, pancartas y un megáfono, algunos de los ahora ex trabajadores terminaron enfrentándose a Carabineros en el frontis del Gimnasio Fernando González, donde Tito Albornoz, histórico dirigente sindical que arribó al municipio con Christian Vittori (y por quien hizo campaña en las pasadas elecciones) terminó detenido.
Pero la movilización venía de hace días. La primera alerta se encendió por el 30 de diciembre, cuando comenzaron notificarse algunos casos y entonces el Sindicato de Honorarios de Maipú convocó a una reunión a todos los afectados -incluyendo a Albornoz-, pertenezcan o no a la agrupación. La cifra se estimaba preliminarmente en 200.
«Queremos recibir los antecedentes y además coordinar las diferentes acciones a tomar y así poder apelar ante cada situación. En este difícil y triste momento debemos estar unidos más que nunca», anticipaban en un comunicado subido a su plataforma y organizaron una convocatoria frente al Municipio (por Alberto Llona con Chacabuco) para el lunes 2 de enero.
Rocío Rojas Jeria, kinesióloga de profesión y maipucina de toda la vida, era una de las que trabajaba hasta el 31 de diciembre en la Oficina de Discapacidad en Maipú (dependiente de DIDECO) pero nadie le había avisado. Llegó ese mismo 2 de enero, post Año Nuevo, al lugar donde desempeñaba sus labores a honorarios desde hace 2 años y ahí mismo se enteró de una carta que le habían mandando a su domicilio, la que de todas formas tenía fecha de emisión del 26 de diciembre, un día después de Navidad. Este lunes 7 se sumó a la manifestación.
«Estos despidos fueron injustificados. A muchos nos avisaron el mismo día con carta o a viva voz solamente. Varios también estábamos con Ley Karin vigente. Yo, en particular, hice denuncia en septiembre del año pasado por diversos motivos, entre ellos, abusos de mi jefatura. Los directivos de DIDECO tenían noción de esto y, aún así, hubo este despido arbitrario de forma violenta y humillante», fue parte de lo que compartió.
«Desde que hice la denuncia no se siguió el protocolo correspondiente. Nunca me llamaron al departamento jurídico, están los correos enviados desde directivos de DIDECO, concejales y hasta el mismo edil. La investigación se suponía que seguía en curso y a pesar de todo se realizó esto que no es otra cosa que persecución», continuó la afectada, quien además cuenta con diagnóstico de TEA/TDAH y depresión moderada.
«Hoy estamos aquí porque queremos saber las razones. A mí mi jefe no me dio las razones e incluso se escondió cuando fui a preguntar. ¿Por qué nos tratan como descartables cuando al principio del discurso de Tomás nos trató de indispensables? También dijo que nunca haría lo que hizo Cathy Barriga que son los despidos masivos, pero por la boca muere el pez», sentenció.
La vecina alude a los recordados despidos masivos que ejecutó la ex alcaldesa cuando llegó a la administración municiapl, los que llegaron a contabilizarse en más de 1.000, para luego recontratar a otros 1.500 funcionarios a honorarios, algunos con sueldos millonarios.
Desde la administración de Vodanovic, a través de un comunicado, especificaron que en esta ocasión se trató de 176 contratos a honorarios que no fueron renovados, destacando que se enmarcan en un universo de 4.458 trabajadores y trabajadoras y agregaron que la decisión se sustenta en «criterios definidos por la normativa aplicable» y que «responde a un análisis integral de los servicios municipales».
En cuanto a los casos con Ley Karin, la entidad edilicia señaló que solo serían 9 los casos que habían presentado una denuncia, de los cuales 3 corresponden a investigaciones sumarias decretadas y otros 6 se encuentran «en recopilación de antecedentes o no cumplen con lo establecido en el protocolo de denuncias del Municipio».
Desde la parte afectada, incluida Rocío, no se descartan posibles acciones legales en contra de la Municipalidad.
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