En un reportaje publicado durante esta mañana por CIPER, se revela que la Fiscalía acusó a Joaquín Lavín León de no transferir a Modo74 SPA la suma de $34 millones que provenían de reembolsos hechos por el Congreso y el Servel.
Para el Ministerio Público, esta empresa sería creada y financiada en secreto por el diputado del Distrito 8, ya que si bien no figura dentro de esta, la razón social fue creada el 29 de enero de 2018, por Felipe Andrés Vásquez Diéguez, asesor de confianza de Lavín León entre julio de 2018 y agosto de 2019.
En la solicitud de desafuero ingresada por Fiscalía, según el medio anterior citado, detalla que «entre el Congreso y el Servicio Electoral (Servel) le reembolsaron a Lavín un total de $34 millones por servicios que le habría prestado la empresa Modo74».
Las facturas rendidas fueron justificados como «gastos de asignaciones parlamentarias» frente al Congreso, y como «trabajos de campaña» al Servel. Aunque estas transferencias hechas a la cuenta del parlamentario nunca pasarían a las arcas de la empresa, lo que levanta la sospecha del persecutor (Ministerio Público) de que el dueño de Modo74 es en realidad Joaquín Lavín León.
El detalle entregado por CIPER, señala que $22 millones corresponden a 44 facturas emitidas por la empresa al Congreso, y otras dos ante el Servel, por un total de $12 millones para su reelección de 2021.
Respuesta de la defensa de Joaquín Lavín León
En el reportaje, se menciona que Cristóbal Bonacic, abogado que encabeza la defensa del diputado, señaló: “La diferencia advertida por la solicitud de desafuero realizada por el Ministerio Público es fruto de una selección arbitraria del total de pagos realizados por el H. Diputado Lavín al proveedor mencionado, de suerte que no existe ninguna diferencia, tal como esta defensa lo explicó en detalle en la presentación efectuada ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”.
En dicha presentación, que es la contestación a la solicitud de desafuero presentada en junio, se reafirma la argumentación de que“no se consideraron transferencias desde Joaquín Lavín León a la cuenta corriente de la empresa Modo74 o a Felipe Vázquez Diéguez [asesor de Lavín que figura como dueño de la empresa] como persona natural, que en su mensaje de transferencia no se hiciera alguna alusión a pagos de facturas, o que, del mensaje del asunto, resulte evidente que no se corresponda con un pago de las mismas”.
De esta forma, Bonacic fue enfático en remarcar a CIPER que ciertos pagos, si fuesen considerados, dejarían“meridianamente claro que las respectivas facturas fueron pagadas”.
Modo74 para financiar software SocialTazk
En la solicitud de desafuero, se menciona a Modo74 como la responsable de financiar, con fondos públicos provenientes del Congreso, a SocialTazk, un software de recolección de base de datos y envío masivo de mensajes.
Fiscalía fundamenta que esta compañía, aparentemente vinculada a Joaquín Lavín León, sería creada con fines electorales ajenos al trabajo en la Cámara de Diputados, significando un presunto esquema de fraude al fisco.
“El imputado Joaquín Lavín León, en colaboración con los demás coimputados, defraudaron al fisco través de la rendición fraudulenta de facturas de la empresa Modo74, y la plataforma SocialTazk creada al efecto, simulando gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”, señala la solicitud de desafuero presentada por CIPER.
Entre 2018 y 2024, Joaquín Lavín León rindió 153 facturas emitidas por Modo74 SPA, lo que es consignado por el Ministerio Público como parte de los hechos que demostrarían intereses del parlamentario con esta empresa.
Dentro de lo destacado por el ente persecutor, está que en el teléfono y computador personal del diputado se encontraban registros de ingresos y egresos provenientes de Modo74, además de una base de datos con los usuarios actualizados del software Socialtazk.
Entre las pruebas recopiladas a través de correos, mensajes, presentaciones y testigos, Fiscalía señala que Lavín capacitaba a clientes para el correcto uso del programa.
“[Lavín] se preocupaba de cobrar personalmente o a través de su asesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, a quienes adeudaban montos a la referida empresa”, afirma la solicitud de desafuero publicada por CIPER.
Según los antecedentes, el parlamentario recibió el 56% de las facturas emitidas, mientras que el 44% fue destinado para clientes vinculados a la Unión Demócrata Independiente (UDI) reclutados por el propio Lavín.
La lista de los clientes de Modo74
Entre 2020 y 2021, el diputado del Distrito 8 ofreció SocialTazk a 70 candidatos del partido a nivel nacional, justamente en periodos de elecciones. “les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita”, expone Fiscalía.
El motivo de estos servicios gratuitos serían «a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.
Modo74 facturó a otras dos personalidades vinculadas al parlamentario, su esposa y ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y su padre, Joaquín Lavín Infante, quienes rindieron ante el Servel facturas por $10 y $3 millones, respectivamente.
Dentro de la Cámara de Diputados y la de Senadores, Joaquín Lavín León no fue el único que contrató a Modo74, ya que CIPER reveló que otros 7 parlamentarios ligados a la UDI, entre 2019 y 2023, también contrataron sus servicios rindiendo el cargo al fisco por un total de $17,4 millones:
- Sergio Gahona (UDI): $2.100.000.
- Enrique van Rysselberghe: $1.400.000.
- Osvaldo Urrutia (UDI): $7.000.000.
- Juan Manuel Fuenzalida (UDI): $5.300.000.
- Felipe Donoso (UDI): $1.000.000.
- Juan Antonio Coloma (UDI): $350.000
- Marlene Pérez (Independiente, bancada UDI): $236.000.
Con esto, la Fiscalía asegura que “el imputado Lavín era dueño del proyecto en forma subrepticia y cliente de manera formal, conociendo la incompatibilidad que existe de contratar como proveedor del Congreso Nacional a una empresa con quien mantiene vínculos societarios formales”.
