En los últimos años, la salud mental ha emergido como una de las principales preocupaciones de salud pública en Chile. Según el reciente estudio «Monitor de Servicios de Salud Ipsos 2024», el 69% de los chilenos identifica la salud mental como el principal problema sanitario que enfrenta el país, superando incluso preocupaciones como la obesidad, que ocupa el segundo lugar con un 43%.
La salud mental se ha convertido en un tema crítico en Chile, donde uno de cada cuatro ciudadanos presenta síntomas de ansiedad y un 13,4% muestra signos de problemas emocionales significativos, según el último «Termómetro de la Salud Mental» de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad. Estas cifras, que reflejan una realidad alarmante, subrayan la necesidad urgente de abordar esta crisis con seriedad y compromiso.
Las cifras revelan que las mujeres son las más afectadas, con un 34,6% presentando síntomas relacionados con esta condición. A pesar de la disminución general en los niveles de malestar psicológico desde fines de 2022, es evidente que las mujeres enfrentan mayores desafíos en este ámbito.
El acceso a servicios de salud mental sigue siendo un obstáculo significativo. Según datos del Observatorio de Salud Mental Chile, cerca de 400 mil personas no han podido acceder a atención profesional debido a problemas financieros y largas listas de espera. Este acceso limitado se traduce en un aumento del 26% en la automedicación entre quienes sufren problemas emocionales.
Tenemos un desafío en Chile que requiere atención inmediata y sostenida, con un enfoque comunitario e integral conjunto a acciones basadas en la proactividad y recursos adecuados, es posible mejorar el bienestar emocional de todos los chilenos y reducir el estigma asociado a buscar ayuda profesional. La colaboración, coordinación y trabajo en equipo entre el gobierno, instituciones y la comunidad, será clave para avanzar hacia una mejor salud mental para todos y todas.
Es crucial que tanto el gobierno como la sociedad civil tomen medidas decisivas para abordar esta crisis. La promoción y prevención deben ser prioridades en las políticas públicas, junto con una mejor financiación para servicios de salud mental accesibles y eficaces.
