Oposición critica duramente proyecto impulsado por Diputados oficialistas que busca suspender Ley Karin por 5 años

Un intenso debate político y legislativo se desató en el Congreso Nacional tras la presentación de un proyecto de ley que propone suspender por un periodo de cinco años la aplicación de la Ley N°21.643 (conocida como Ley Karin), normativa que previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo.

La moción fue impulsada por un bloque de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) —Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré—, junto al republicano Diego Vergara y el independiente de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela.

La iniciativa plantea congelar temporalmente los efectos de la legislación y restablecer las normas laborales que regían de forma previa a su entrada en vigencia. No obstante, el texto especifica que los procesos de denuncia e investigaciones que actualmente se encuentran en trámite continuarán su curso bajo el marco vigente.

El argumento de los impulsores

Quienes promueven la suspensión argumentan que la aplicación de la normativa ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las instituciones y tribunales. Según datos expuestos por los autores de la iniciativa, a diciembre de 2025 las presentaciones asociadas a esta ley superaban las 66 mil denuncias.

• Eric Grohs (Diputado PNL): Defendió la medida señalando que se requiere abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla, buscando entregar certeza jurídica tanto a víctimas como a empleadores.
• Paulina Muñoz (Diputada PNL): Apuntó a fallas estructurales en el diseño de la norma y solicitó frenar su aplicación mientras el Ejecutivo ingresa las modificaciones y volvemos a discutirla en el Parlamento.
• Patricio Briones (Diputado PDG): Respaldó el texto manifestando la necesidad de un respiro legislativo y administrativo para capacitar a los fiscalizadores y ajustar los protocolos de investigación.
• Javier Olivares (Diputado PDG): Sostuvo que pequeñas y medianas empresas han enfrentado severas dificultades operativas, advirtiendo que hoy existen tribunales completamente colapsados con este tema.

Foto: Agencia UNO

La respuesta del Gobierno

La ofensiva parlamentaria coincide con el trabajo que encabeza el Ministerio del Trabajo ante el Consejo Superior Laboral para rediseñar el reglamento de la ley. El Ejecutivo identificó distorsiones en la implementación, tales como la saturación por denuncias que no corresponden al ámbito de la norma, la ausencia de un filtro de admisibilidad y la dilatación en los plazos de investigación.

Para resolver estos nudos, la propuesta gubernamental busca incorporar la exigencia de antecedentes mínimos para la tramitación, reordenar los ingresos, autorizar derivaciones con el consentimiento del trabajador y acortar los tiempos de indagación.

Según consignó CNN Chile, el Presidente José Antonio Kast planteó que la normativa requiere ajustes en sus plazos de investigación y en los filtros de admisibilidad de las denuncias, en una línea similar a la que trabaja el Ministerio del Trabajo, pero evitó respaldar el proyecto ingresado por el bloque de diputados oficialistas y republicanos, dejando en evidencia que ni siquiera dentro del sector que impulsa la moción existe consenso sobre la vía a seguir.

Rechazo en la Mesa del Senado

Pese a los reparos por la sobrecarga del sistema, la propuesta de suspender la ley encontró un muro de rechazo en la testera del Senado.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), descartó de plano apoyar el congelamiento de la normativa:

“No cuenten con mi voto para suspender esta ley. Todos los gobiernos han perfeccionado los reglamentos, están en todo su derecho, pero no podemos desproteger a quienes solo han tenido la Ley Karin para velar por sus derechos”, enfatizó la legisladora.

En una postura similar se manifestó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), quien rechazó suspender la ley, aunque admitió la existencia de distorsiones en su uso. A través de sus redes sociales, Moreira señaló que la norma se aprobó de buena fe, pero apuntó a que cerca del 80% de las denuncias terminan siendo desestimadas.

“Entendemos que hay un abuso que requiere cambios, pero no suspender la ley. Lo mejor es modificar el reglamento para hacer más exigentes los requisitos de ingreso de denuncias. Vamos a colaborar con ideas para evitar interpretaciones erróneas”.

Fuerte crítica desde la oposición

La molestia no se quedó solo en la testera del Senado. Diversos parlamentarios de oposición salieron a cuestionar la iniciativa que busca congelar la Ley Karin, calificándola como un retroceso inaceptable en materia de derechos laborales. Para varios de ellos, suspender la norma por cinco años equivale, en la práctica, a dejar en la indefensión a miles de trabajadores que hoy cuentan con una vía formal para denunciar acoso y violencia en sus lugares de trabajo.

"Suspender la Ley Karin es regalarles cinco años de tranquilidad a los acosadores", fue la frase que resumió el rechazo transversal a la moción presentada por el bloque impulsor. La discusión, en todo caso, recién comienza: mientras el Ejecutivo insiste en la vía del reglamento para corregir las distorsiones detectadas, la propuesta de suspensión deberá abrirse camino —o naufragar— en un Congreso donde, hasta ahora, no tiene los votos asegurados.