¿Quién nos protege? La infancia en riesgo y la vejez en la incertidumbre

Hay una contradicción profunda en quienes prometen orden, seguridad y responsabilidad económica: cuando llega el momento de proteger a las personas, las decisiones del poder parecen responder a otras prioridades. La controversia por los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y las pérdidas registradas por el Fondo E de las AFP evidencian una misma preocupación: la fragilidad de los derechos cuando la protección del Estado cede ante decisiones políticas y riesgos financieros que terminan pagando las personas más sencillas de nuestro país.

1. La falsa promesa de seguridad: cuando la infancia deja de ser prioridad

José Antonio Kast instaló la seguridad pública como uno de sus principales compromisos de campaña. Sin embargo, los beneficios administrativos concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores han generado cuestionamientos sobre la coherencia de ese discurso. Más allá de las controversias jurídicas, el Estado debe garantizar que sus decisiones consideren la gravedad de los delitos y los derechos de las víctimas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Esto no significa desconocer las garantías legales de las personas condenadas, sino exigir transparencia, responsabilidad y protección efectiva.

La infancia no puede ser protegida en los discursos y desprotegida en las decisiones. La seguridad no se demuestra únicamente con promesas de castigo, sino mediante instituciones capaces de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y actuar con coherencia.

2. La vejez al arbitrio de la especulación: cuando jubilar se convierte en una apuesta

La caída real acumulada de 10,39 % reportada para el Fondo E durante el año encendió las alarmas entre quienes están próximos a jubilar. La exposición a instrumentos financieros derivados y a las fluctuaciones de las tasas de interés internacionales ha puesto bajo escrutinio la gestión de los fondos previsionales y los mecanismos de fiscalización de las AFP. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes, pero la preocupación es evidente: los trabajadores arriesgan ahorros acumulados durante décadas.

Después de toda una vida de trabajo, jubilar no debería depender de la suerte de los mercados financieros. En un sistema de capitalización individual, las pérdidas afectan directamente los ahorros de los afiliados, mientras las administradoras cobran comisiones por su gestión. Por eso, se requieren controles rigurosos y una seguridad social que distribuya los riesgos de manera más justa y garantice condiciones dignas durante la vejez.

3. ¿A quién protege el Estado?

Ambos escenarios, aunque distintos, plantean una pregunta fundamental: ¿están las instituciones poniendo a las personas en el centro de sus decisiones? Cuando la protección de la infancia genera incertidumbre y los ahorros previsionales quedan expuestos a pérdidas significativas, se debilita la confianza en la capacidad del Estado para garantizar derechos.

El Estado no puede ser fuerte para exigir sacrificios y débil cuando debe garantizar derechos. Chile necesita fortalecer la protección integral de la infancia, resguardar a las víctimas y avanzar hacia un sistema de seguridad social solidario, con pensiones dignas y mecanismos efectivos de protección frente a los riesgos financieros.

Las familias necesitan certezas, no solo promesas. Los niños y niñas merecen crecer sin miedo; las personas mayores, envejecer sin angustia; y quienes trabajan hoy, confiar en que su esfuerzo les permitirá vivir dignamente mañana.

Una sociedad segura no es aquella que promete castigo para algunos y rentabilidad para otros, sino aquella que garantiza dignidad y protección para todos.