Este lunes 16 de febrero de 2026, desde las 7:00 AM, la calma en el sector de Camino a Melipilla se rompió con el inicio del anunciado desalojo del Campamento Santa Marta. El operativo, respaldado por el decreto alcaldicio Nº 102/2026, busca erradicar el asentamiento informal conformado hace ya 4 años, el que llegó a sumar más de 100 hogares (casi 400 personas), en su gran mayoría extranjeros en situación irregular.
Lo que el municipio define como un proceso «humanitario» y necesario por seguridad, algunos habitantes lo denuncian como un acto de abandono y amenazas.
La postura del Municipio: «La patudez tiene límites»
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llegó al lugar escoltado por un fuerte contingente policial. Para el jefe comunal, este operativo es una continuación del éxito obtenido en el campamento El Trébol, pero advierte que en Santa Marta existe un foco de resistencia ligado a intereses de un grupo reducido de personas.
«Como municipio hemos decidido por tercera vez consecutiva hacer un proceso de desalojo con un enfoque lo más humanitario posible donde se le ha ofrecido a todas las familias que cuenten con niños, personas mayores o alguna persona con discapacidad un subsidio de arriendo transitorio», fue parte de lo señalado por el edil.
«En este contexto, hubo un elemento distintivo de otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas, de nacionalidad chilena, que desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo, que no permitió la comunicación con las familias, que entregaba información falsa, que tergiversaba permanentemente las acciones», continuo explicando la autoridad, refiriéndose principalmente a un grupo que incluso llegó a confrontarlo agresivamente al punto de prensa.
«Yo creo que la patudez también tiene límites y nosotros tenemos que hoy día hacer valer el imperio de la ley. No nos vamos a echar para atrás porque cuatro o cinco personas violentas que tienen negocio en este sector nos griten improperios», sentenció Vodanovic.
El Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, por su parte enfatizó que el campamento representaba un riesgo crítico para sus propios habitantes, citando problemas sanitarios y de infraestructura eléctrica.
«Hemos venido trabajando junto al municipio en una planificación rigurosa que incluye un catastro de todas las familias. Hemos diseñado una estrategia que incluye informar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez, con el propósito de que esto sea un proceso con estricto apego a los derechos y dignidad de las personas», indicó Durán.
«Vamos a continuar en este esfuerzo hasta el último día del gobierno del Presidente Boric, porque nos importa recuperar el espacio público, resguardar la integridad y la seguridad de las personas que viven en los campamentos y ciertamente terminar con las incivilidades y eventuales delitos», destacó el delegado, apuntando además al incidente que involucró la presencia de una menor de edad en brazos de una de las personas que se acercó a gritar insultos contra las autoridades. «Creo que eso es una manera de demostrar que aquí hay un intento de utilizar la infancia con el propósito de impedir el cumplimiento de la ley», comentó al respecto.
La versión de las dirigencias: «Es una total mentira»
Una de los principales puntos que alegaron las diferentes voces de residentes de la toma fue que supuestamente no se les había avisado con suficiente anticipación. Incluso decían que no hacía más de 4 días que se habían enterado, lo cual fue inmediatamente desmentido por la institucionalidad presente, entre ellas, el Seremi de Seguridad Pública de la RM, Alejandro Jiménez, quien defendió la legalidad de los plazos y la constante comunicación que, según el gobierno, existió con los pobladores.
«Esto se notificó hace más de 15, 20 días atrás como corresponde con la norma. La municipalidad siguió concurriendo hasta el día de ayer renotificando a las personas, es decir, las personas fueron notificadas de acuerdo al plazo legal más una constante comunicación. Nosotros como gobierno hemos sido sumamente exigentes y drásticos en el sentido de que se cumplan los pasos», declaró el seremi.
Al interior del campamento, el relato se mantiene desde la crítica. Vivian, una de las habitantes, y Ángel, otro vecino, interpelaron directamente la gestión de Vodanovic, acusándolo de no haber pisado nunca el terreno y de actuar bajo presuntas amenazas.
«Eso es una total mentira, no ha hecho mesa de diálogo, el Tomás Vodanovic no se ha hecho presente aquí, solamente a través de las redes sociales y eso no funciona acá. Lo que pasó en El Trébol fue una total mentira, no se hizo una mesa territorial […] Él dio una entrevista donde decía que había hecho un desalojo humanizado del Trébol y eso fue una total mentira, la gente del Trébol se vino para acá porque no le dio la ayuda que él había dicho», acusó la mujer.
Ángel, en tanto, dijo que «el alcalde de la comuna no ha hablado con nadie del campamento, con nadie. La municipalidad dice que ha habido un poco de resistencia para la entrega de información, es mentira. Es que no vienen con buenas maneras, vienen siempre con la mentira acá, tenemos un montón de audios que han amenazado a la gente acá, amenazas de que los van a desalojar con los niños, aunque estén los niños, los van a sacar a fuerza con la fuerza pública. Mi hija vive conmigo acá. La idea es poder llegar a un acuerdo con el alcalde, pero no se ha hecho presente. Necesitamos al alcalde acá para que él se haga presente, para que lleguemos a un diálogo».
Respecto a la denuncia contra Ruth Fuentes —hoy con una querella presentada por el municipio en su contra por de presunta estafa al cobrar supuestamente por evitar el desalojo—, se sostuvo que los pagos eran para honorarios de un abogado.
Cuatro detenidos
El Coronel de Carabineros, Jorge Molina, entregó el balance de la jornada, confirmando que la resistencia ha sido focalizada y que se han realizado peritajes para detectar posibles ilícitos dentro del recinto. En total, según lo comunicado, hubo cuatro personas detenidas, las dos primeras de nacionalidad venezolana, irregulares en el país, y se les detuvo por oponerse al procedimiento y por ocultación de identidad. En tanto, los dos últimos son un hombre y una mujer, ambos chilenos, el primero por desórdenes, ella por maltrato de obra a Carabineros.
«Carabineros debió utilizar las fuerzas necesarias para reducirlos. La primera etapa se ha desarrollado de buena forma, hemos cortado toda la energía eléctrica para brindar una mayor seguridad operacional, estamos con ejemplares caninos antidrogas para detectar posibles situaciones, entierros, escondites. También se van a periciar todos los vehículos para determinar si tienen los permisos vigentes o encargo por robo. Quedan aproximadamente de 15 a 30 personas, pero son familias que están sacando sus cosas», detalló Molina.
Al cierre de este reporte, las maquinarias municipales mantienen el operativo en curso con la demolición de las estructuras desocupadas, mientras familias aún cargan sus pertenencias en camiones de mudanza provistos por el municipio.
