El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llegó esta mañana al Campamento Santa Marta para supervisar el operativo de desalojo junto al Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán. A su arribo, el alcalde fue increpado con insultos por una pareja de pobladores, quienes fueron detenidos.
Pese al tenso recibimiento, Vodanovic se mostró firme. Señaló que la gran mayoría de las familias —en su descripción, principalmente migrantes en situación irregular— se plegaron al plan social y abandonaron el campamento de forma pacífica. La resistencia, dijo, se concentra en un grupo pequeño: «Han sido siete personas, máximo ocho, chilenas la gran mayoría, que tienen un negocio asociado, son las que oponen más violencia, las que se niegan al plan social».
Sobre ese grupo, fue categórico: «Al Estado de Chile, ni al municipio, ni a mí como alcalde ni al delegado nos va a temblar la mano porque ocho personas que tienen intereses creados nos griten algo».
El operativo avanza por etapas
Consultado sobre cuántas familias permanecen aún al interior, el alcalde reconoció no tener un número exacto: «El operativo va avanzando por fases, no es que podamos intervenir todas las viviendas en simultáneo». Aseguró, sin embargo, que el proceso se desarrolla conforme a lo planificado y que las familias visitadas están accediendo a trasladar sus pertenencias.
La defensa del proceso y el límite de «la patudez»
Vodanovic defendió con fuerza el componente social del operativo: subsidio transitorio de cuatro a cinco meses, traslado de enseres, resguardo de mascotas y medidas especiales para niños y niñas. «Si en ese contexto aún una familia no se quiere sumar al plan social y sigue mostrando violencia, yo creo que la patudez también tiene límites», afirmó.
Sobre la denuncia penal contra Ruth Fuentes —la mujer acusada de cobrar a familias prometiendo detener el desalojo— el alcalde evitó precisar los montos ni confirmar la cifra de $100.000 que maneja el municipio: «Los antecedentes han sido puestos a disposición de la fiscalía». Y zanjó el debate de fondo: «Ninguna familia se hace propietaria de un terreno por el hecho de tomárselo irregularmente. Hay una fila bien larga que todos respetamos para optar a los subsidios habitacionales».
Cerró con una advertencia para los próximos días: «Nuestra decisión es firme. No nos vamos a echar para atrás porque cuatro o cinco personas violentas que tienen negocio en este sector nos griten improperios».
