Primero fueron los vecinos los que se organizaron y comenzaron a denunciar el insaciable apetito inmobiliario de empresas que, aprovechándose de la ambigüedad de las autoridades municipales de la Dirección de Obras, comenzaban a construir los denominados guetos verticales, o derechamente la versión moderna de los conventillos que caracterizaron el hacinamiento en que a principios del Siglo XX vivían en Santiago los más pobres.
Cuando los dardos apuntaron a la responsabilidad que le cabía a las autoridades del Municipio de Estación Central, éstas se excusaron con el argumento que el Plan Regulador había perdido su vigencia, sin embargo la Corte en definitiva resolvió que “la ausencia de un plan regulador comunal actualizado no implica la desregulación de las alturas máximas permitidas en inmuebles de edificación continua, sino que aplica la norma general, que es restrictiva”.
Sin duda lo que aquí falto fue una visión y planificación oportuna del tipo de renovación urbana que requería la comuna de Estación Central.
Pero la responsabilidad no es solo de la Dirección de Obras, en muchas comunas actúan los asesores urbanistas, dependientes de la Secretaría de Planificación Comunal a quienes o no se les escucha o derechamente No están hablando lo suficientemente claro.
Hay que recordar que la función de un Asesor Urbanista es Asesorar al Alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación, y por último informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Se olvidan los técnicos que la ciudadanía está tomando mayor conciencia acerca de lo importante que significa vivir bajo un modelo de desarrollo urbano que apunte a la sustentabilidad ambiental.
La pregunta es cómo se entera un ciudadano de los permisos de edificación que se aprueban en su comuna y más específicamente en su barrio.
El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción conceptualiza al permiso de construcción aludiendo a “la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General”.
Y es este mismo artículo, el que en su inciso final obliga a la Dirección de Obras del Municipio a exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos.
La importancia de este Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial lo señalado en su inciso final, es que obliga de alguna forma a los Concejales a ser estar más preparados para requerir mayores antecedentes y pronunciarse acerca de la legalidad a la que se pueda ajustar o no un permiso de edificación.
El mismo derecho y obligación pesa sobre los dirigentes vecinales, quienes según la Ley, ya debiesen estar recibiendo una carta en donde se les informa los Permisos de Obras otorgados en su Unidad Vecinal. Esta información debe socializarse entre los vecinos para que de esta forma puedan actuar oportunamente cuando se advierta la amenaza de algún proyecto inmobiliario que pretenda burlar las normas urbanísticas y medio ambientales.
Nolberto Salinas R.
Abogado
Profesor de Derecho Urbanístico
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Foto Portada: Guetos Verticales UTEM
