El Presidente José Antonio Kast no tardó en distanciarse de una de las consignas que más circuló en la arena política esta semana: la de enviar a los militares a las calles para combatir la delincuencia. Lo hizo en La Araucanía, durante su segunda jornada de gira en la región, donde encabezó una nueva versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (ENELA). Y lo hizo con un calificativo que no dejó espacio para la ambigüedad: «populista».
La demanda había sido planteada por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y luego reforzada por el excandidato presidencial Franco Parisi, ambos reaccionando a la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo. El Gobierno ya había señalado que las Fuerzas Armadas carecen de las herramientas legales para ese tipo de despliegue, pero esta vez Kast elevó el tono.
«¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo?»
Para sustentar su rechazo, el Mandatario no recurrió a argumentos abstractos sino a una historia concreta: la de un conscripto de 17 años que se sumó voluntariamente al servicio militar, fue convocado durante el estallido social de 2019 para controlar el orden público, disparó su arma en ese contexto, causó la muerte de un ciudadano ecuatoriano y hoy cumple diez años de condena en La Serena.
«¿Dónde está el joven? Preso. Diez años. Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, pero ¿quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie», señaló Kast.
El debate sobre el rol de las FF.AA. en seguridad interior no es nuevo. En 2024, cuando el entonces alcalde de Maipú Tomás Vodanovic solicitó despliegue militar en la comuna tras el hallazgo del cuerpo del exmilitar Ronald Ojeda, el tema ya dividió a los concejales de Maipú y puso en evidencia la falta de consenso político sobre dónde termina la misión policial y dónde comienza la militar.
Institucionalidad versus «solución fácil»
Kast fue explícito en distinguir entre el Estado de Excepción Constitucional , una herramienta que, según reconoció, podría usarse para justificar el despliegue, y lo que a su juicio sería la respuesta estructural correcta.
«Podríamos declarar Estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales, que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público», sostuvo.
Y cerró con la frase que sintetizó su postura: «La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. La responsabilidad por sobre el populismo: la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria».
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