La Radio Bío Bío realizó un acabado reportaje sobre los contratos a honorarios en diversas municipalidades de la Región Metropolitana (RM). Tipo de contrataciones que propician las malas prácticas dentro de las administraciones municipales. Lo que se puede explicar por las grandes cantidades de trabajadores que manejan los municipios y los casi inexistentes sistemas de control.
Algunas de éstas malas prácticas son los contratos cruzados y simultáneos, muchos de ellos por trabajos de los cuales no hay registro de haber sido ejecutados. La contratación por pago de favores políticos, a familiares o simplemente clientelismo, son algunos de ellos.
Contratos a Honorarios en Maipú
Según los datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en el año 2016, considerando solo la gestión municipal de las 52 comunas de la RM existen más de 37 mil trabajadores, entre los de contrata, planta y honorarios. Estos últimos siendo el 56, 6% de la cifra.
Nuestra comuna se destaca por la contratación de funcionarios a honorarios. Según los datos de la Subdere, en el año 2016, Maipú posee un total de 3.813 trabajadores, de ellos, 165 son contrata, 552 son de planta y 3.096 son a honorarios.
Somos la única comuna de las 52, pertenecientes a la RM, que supera los 3 mil trabajadores contratados a honorarios. Lo que ha sido un avance exponencial durante los años.
Respecto a este tipo de contrato, el abogado Carlos Fairlie, jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Maipú, señala a Radio Bío Bío que “cuando estás contratado a honorarios, la fiscalización queda sujeta a la buena fe de lo que te entreguen en los informes. Piensa que en Dideco puedes tener a más de 1.000 personas; lo mismo pasa en otras unidades. Si eres muy acucioso, quizás puedas revisar unos 500, pero difícilmente todos al detalle de cada cosa que hicieron. Desde esa perspectiva, puede pasar que haya personas que no estaban asistiendo o que no prestaban el servicio”.
Malas prácticas
De acuerdo a un documento realizado por la Contraloría, los patrones que más se repiten respecto al uso del contrato de honorarios son:
- Contratos que no especifican las labores a realizar y los dejan como una expresión genérica.
- Contratos que se extienden por años y para ejecutar tareas propias de otros funcionarios del municipio
- Horarios que se contraponen con la naturaleza de los trabajos contratados.
- Jornadas laborales definidas sin establecer mecanismos de control para verificar su cumplimiento.
- Contratos con familiares
- Inexistencia de antecedentes que permitan acreditar la realización de los trabajos.
- Contratos incompatibles de forma simultánea.
“¿Cuál es el ente fiscalizador de la gestión municipal? Los concejales, pero ellos también están involucrados en estas irregularidades. ¿Te das cuenta? Quienes están para fiscalizar también están emitiendo boletas, pero a la municipalidad cruzada”, dice a Radio Bío Bío Víctor Hugo Alvarado, dueño y representante del estudio jurídico Law & Consulting, que patrocina a un grupo de comerciantes maipucinos querellantes en el Caso Basura.
La hebra de la madeja del Caso Basura
Un caso emblema a nivel nacional, en términos fraude al fisco, cohecho, sobornos y lavado de dinero, ese ha sido el Caso Basura, donde existió una gran participación de políticos de nuestra comuna.
La teoría del Ministerio Público ha sido que parte de las posibles coimas para beneficiar a empresas en millonarias licitaciones, se han pagado mediante dineros municipales que se justifican a través de contratos a honorarios.
Un ejemplo, es el de Felipe Martínez, ex concejal comunista por Cerrillos, hoy encargado de Relaciones Laborales en el Hospital El Carmen, al mismo tiempo que era concejal mantenía un contrato a honorarios en Maipú; asimismo, su compañero en el PC, Ariel Ramos, actual miembro del concejo municipal de Maipú, tenía un vínculo contractual con Cerrillos.
Lo mismo pasó con los democratacristianos Cecilia Foncea y Abraham Donoso, concejales de Cerrillos y Maipú respectivamente, y con contratos a honorarios cruzados.
Abraham Donoso, actual concejal de nuestra comuna, también fue cuestionado, junto a otros funcionarios de Maipú, por distintos contratos sin respaldo en la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (ver reportaje de CIPER).
Una causa que, además de fraude y contratos simulados, apuntaba al posible desvío de platas desde la fundación hacia campañas políticas, en una trama que involucraba al actual ministro de Obras Públicas y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), y a varias personas de su círculo cercano.
El proceso terminó en septiembre de este año en medio de una serie de acuerdos reparatorios que, en el caso de Donoso, le significó devolver $1,5 millones.
La administración Barriga
Una de las primeras medidas de la actual alcaldesa de nuestra comuna, Cathy Barriga, que asumió su cargo a fines del 2016, fue no renovar el contrato a 456 funcionarios municipales contratados a contrata (ver nómina).
La administración municipal fue más allá, puesto que abrieron sumarios que aún están en curso y denunciaron ante la fiscalía a 37 personas sobre las cuales no había información respecto a su destinación y función específicas o “cuyas funciones no resultan conocidas para el personal y dirección en donde estaban asignados”. También incluyeron a funcionarios que habrían registrado y cobrado horas extra por sobre el máximo permitido e incluso a uno que lo hacía mientras estaba en el extranjero.
Sin embargo, fue el 8 de noviembre del año en curso, el presidente del Partido Progresista (PRO) y, en ese entonces, candidato a diputado por el distrito 8, Camilo Lagos, presentara una querella contra Cathy Barriga y su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, por supuestas contrataciones irregulares bajo la actual administración (ver querella).
Se acusa de haber llevado al municipio a cuatro personas, que durante los últimos años han trabajado como personal de apoyo o asesores parlamentarios de Lavín en el Congreso con una jornada de trabajo fijo, que fueron contratados a honorarios en la Municipalidad de Maipú en paralelo. Su querella fue admitida.
En respuesta, dos de los funcionarios aludidos, Romina Castillo y Gastón Bustamante, se querellaron de vuelta contra Lagos por injurias y calumnias, argumentando que no existían tales contratos paralelos, ya que ambos habrían puesto fin a sus trabajos en la Cámara de Diputados previo a la firma de sus nuevos convenios en Maipú. También señalan que las labores en la municipalidad sí se habrían realizado, aunque en el documento no se refieren a su supuesta participación en actividades de campaña durante su horario de trabajo.
Inicialmente, el tribunal no admitió a trámite esta última querella, pues la otra aún se encuentra abierta, por lo que no se ha establecido la falsedad de las imputaciones formuladas. Pero Castillo y Bustamante apelaron y la Corte de Apelaciones les dio la razón. Ahora, ambas causas corren de forma paralela y se encuentran abiertas, a la espera de confirmase si son o no parte de la extensa red de falsos honorarios.
