El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago para sumarse a la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), investigado por presunto fraude al Fisco y tráfico de influencias.
La Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Lorena Parra, presentó el requerimiento el 27 de junio, buscando despejar el camino para formalizar al parlamentario. Ahora, a esta acción se unieron tanto el CDE como la Municipalidad de Maipú, que también es querellante en la causa.
El escrito de 120 páginas detalla la presunta vinculación de Lavín con la empresa Modo 74, propiedad de su hermano Juan Pablo Lavín, y con la plataforma Socialtazk, utilizada por más de 70 candidatos UDI a nivel nacional. Según la investigación, su desarrollo habría sido financiado con fondos del Congreso y con la colaboración de asesores parlamentarios durante su jornada laboral.
El Ministerio Público estima que el perjuicio fiscal por estas operaciones supera los $93 millones. Además, el CDE acusa a Lavín y a sus cercanos de haber presentado documentación falsa para financiar irregularmente su campaña parlamentaria, generando un detrimento de más de $104 millones.
La Fiscalía también le imputa haber ejercido un rol de “alcalde en las sombras” durante la administración de su esposa, Cathy Barriga, influyendo en contratos y decisiones municipales en Maipú.
Con la incorporación del CDE y el municipio a la solicitud, el tribunal de alzada deberá resolver si desafuera al diputado, paso clave para que pueda ser formalizado por los delitos que se le atribuyen.
