La historia se repite en la llamada «zona de sacrificio». Tras un nuevo episodio de emergencia ambiental, las organizaciones Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) interpusieron un recurso de protección contra diversos organismos del Estado.
El objetivo de la acción legal es tajante: exigen que, ante cualquier nuevo caso de intoxicación, se paralicen por completo las operaciones industriales hasta que se determine la causa exacta, para evitar que más niños, niñas y adolescentes sigan pagando el costo con su salud.
La emergencia: Intoxicación T59
La alerta se encendió nuevamente tras los reportes de fuertes olores a gas y cloro, coincidentes con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre.
El saldo fue alarmante:
- 127 atenciones de salud inmediatas por cefaleas, vómitos, dolor abdominal y mareos.
- Casi 200 personas afectadas en total durante los días siguientes.
- Diagnóstico recurrente: Más de un centenar de pacientes (mayoría menores de edad) fueron diagnosticados con «Intoxicación T59», el código internacional para efectos tóxicos de gases, humos y vapores.
Vulneración de derechos y desacato
El recurso, presentado el pasado 8 de noviembre, busca frenar las ilegalidades y arbitrariedades que afectan a los habitantes de Quintero y Puchuncaví.
Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, fue enfático: «Solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona».
Por su parte, Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, recordó una deuda histórica: el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 2019.
«Es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes. Exigimos el cumplimiento pleno de la sentencia», señaló Núñez.
¿Qué exigen las organizaciones?
El petitorio de las familias y organizaciones ambientales incluye medidas urgentes:
- Paralización automática de faenas del cordón industrial ante nuevos diagnósticos de intoxicación.
- Monitoreo público y continuo de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), vientos y mareas.
- Plan de reparación ambiental y sanitaria integral.
- Cumplimiento total del fallo de 2019.
Desconfianza en el sistema
Un dato revelador que expone Núñez es la «cifra negra» de esta crisis. Muchos vecinos, agotados y desconfiados del sistema, ya no asisten a los centros de salud. «Prefieren sobrellevar los síntomas en sus hogares porque no confían en que recibirán una atención integral y reparadora», comentó la abogada.
Ante este escenario, Greenpeace habilitó este formulario para reunir firmas y presionar tanto al Estado como a las empresas para que se hagan cargo de la crisis sanitaria.
