Era inicios de marzo de 2023 y el Colegio Reino de Dinamarca, en Maipú, no podía iniciar sus clases porque una empresa realizaba trabajos de extracción de áridos a un costado del establecimiento, liberando una evidente y considerable cantidad de material particulado que no solo afectaba el funcionamiento en general, sino que se comprobó que podía implicar riesgos para la salud en el mediano plazo.
El problema se había intentado visibilizar meses antes de que iniciara el nuevo año escolar, y aunque las autoridades reaccionaron ya con la fecha encima, lo cierto es que hubo un total apoyo hacia la comunidad por parte del municipio y la Seremi de Salud, hasta que se lograron paralizar las obras de la compañía responsable: Minera Imperial.

También ubicada bajo el nombre la Unidad Fiscalizable (UF) denominada “Extracción de Árido Minera Júpiter Primera de Maipú”, representada por Jorge Alejandro Soto Ponce, fue sancionada en mayo de ese mismo año por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) «debido a la ejecución de un proyecto de extracción de áridos, con más de 100.000 metros cúbicos totales de material removido en pozo lastrero ubicado al interior del fundo La Rinconada de Lo Espejo, que abarca una superficie superior a 5 hectáreas, sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental».
Lo último que se supo a principios de agosto del recién pasado 2024, fue que tras la presentación de un recurso de protección desde Municipalidad de Maipú en contra de Soto, el empresario fue formalizado por la ejecución de estas labores de forma ilegal, considerando que Minera Imperial había sido clausurada en 2020 por decreto alcaldicio y, aún así, seguía operando.
Cabe recordar que, gracias a mediciones que realizó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), se comprobó la presencia de altas concentraciones de cuarzo en el aire en suspensión que generaban los trabajos, lo que puede terminar en graves enfermedades pulmonares en las personas que habitan en el sector aledaño. En detalle, se trataba de una cantidad 10 veces superior a la norma.
En este contexto, según se publicó recientemente en Fast Check, hubo una serie de denuncias adicionales que se enfocaron en la «afectación mediambiental del terreno explotado», lo que terminó con una nueva demanda por reparación en contra de la empresa y su propietario, esta vez presentada ni más ni menos que por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La entidad exige un plan de reparación por $1.323 millones.
“Durante veinte años se ha generado un riesgo continuo para la salud de los trabajadores de la faena, así como para la comunidad local próxima, riesgo no mitigado, reparado o compensado, que deviene en una variable más del daño ambiental causado por la actividad desarrollada por Minera Imperial […] Se han afectado 83 hectáreas altamente productivas en términos agrícolas”, señala el CDE en el escrito, enfatizando en que el daño es «irreparable y provocó la pérdida irreversible de la calidad del suelo dañado, así como del hábitat y biodiversidad original».
Durante los próximos meses, habrá noticias en torno a las posibles nuevas sanciones en contra de la minera y su representante.

Fuente: Fast Check CL – https://www.fastcheck.cl/
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