Este miércoles 31 de julio, se llevó a cabo la audiencia de formalización de Jorge Alejandro Soto Ponce, representante de la empresa Minera Imperial, la cual ejecutaba labores ilegales de extracción de áridos a un costado del Liceo Reino de Dinamarca, afectando a la comunidad escolar maipucina.
Fue a principios de marzo de 2023 que la Municipalidad de Maipú presentó un recurso de protección con el objetivo de paralizar las faenas, ya que generaban polvo en suspensión con altos índices de cuarzo, situación que fue respaldada por un informe elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad, confirmando que los niveles del mineral eran mayores que los adecuados.
El problema había llegado a tal punto, que incluso el establecimiento educacional debió retrasar su inicio de clases por lo menos una semana, hasta que la querella fue declarada como admisible, enmarcada en el delito de «rotura de sello», toda vez que la empresa había sido clausurada por decreto alcaldicio en 2020, a pesar de lo cual seguía operando.
«El 9 de enero de 2020, la Dirección de Inspección de la Ilustre Municipalidad de Maipú informó que en el lugar indicado ‘se ejecutaba actividad económica de extracción de puzolana, mineral no metálico, con venta dentro del predio’ no contando con la Patente Municipal respectiva», se lee en el documento.
«Al no contar con la patente y/o los permisos exigidos para el ejercicio regular del rubro denunciado, el desarrollo de dicha actividad constituye una contravención al ordenamiento jurídico vigente, por cuanto se ejerce de modo clandestino, hecho que obliga a esta autoridad alcaldicia a emplear la medida de clausura», sentencian los antecedentes, apelando a lo contemplado en el artículo 58°, inciso segundo del Decreto Ley 3.063 de 1979.
Es así como esta semana, a más de un año del inicio de la acción judicial, el Ministerio Público formalizó al imputado «en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado» de la rotura de sellos, fijando arraigo nacional y un plazo de investigación de 180 días. A petición de la defensa, se estableció una audiencia de sobreseimiento para el 23 de agosto.
Cabe mencionar que, durante la audiencia, se observó que Soto poseía condenas previas por el delito de hurto de áridos y porte ilegal de arma, siendo la más reciente una causa que databa del año 2016 y que fue cumplida recién en 2022.
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