Este 2024 se cumplen 20 años desde que comenzó a funcionar la Dirección del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo cual buscó dar una respuesta concreta al escándalo de corrupción del caso MOP-GATE y de lo ocurrido con Chiledeportes y Ferrocarriles del Estado, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
Es así como desde aquel año hasta la fecha, han existido importantes avances en lo que refiere a la profesionalización y transparencia en la elección de altos cargos públicos a nivel central, dentro de importantes servicios a lo largo de todo el país, de nivel jerárquico 1 y 2, en los ámbitos de educación, salud, trabajo, seguridad, economía, cultura, deporte, entre otros.
De ahí que más de 1.500 cargos para directores nacionales y regionales en los últimos 20 años de diferentes servicios a nivel central hayan sido designados considerando la formación, experiencia y mérito para obtener el trabajo (competencias estratégicas. gerenciales, técnicas y personales), y no por confianza política, como pasaba anteriormente a la existencia del SADP.
Dicho esto, sin duda han existido avances y se ha ido en la dirección correcta, más allá de ciertas críticas que se han hecho al sistema, como lo es el excesivo cambio de directores al llegar un nuevo gobierno a nivel central y que el presidente tenga la facultad de pedir la renuncia de ellos, así como también que no exista mayor evidencia sobre el impacto del nuevo sistema en la gestión pública.
En consecuencia, sin duda habrá que hacer algunas modificaciones legales para darle mayor continuidad al trabajo de aquellos directores seleccionados, pero al menos hay un piso mínimo de profesionalismo para los procesos de elección a nivel central y en los diferentes ministerios, lo que muestra una preocupación real de parte del Estado por mayor probidad y eficiencia.
No obstante, estos avances a nivel central contrastan con lo que pasa en las municipalidades, en donde no existe nada parecido, a pesar de que la Comisión Engel propuso llevar a Alta Dirección Pública algunos cargos importantes a nivel municipal y del envío de un proyecto del presidente Gabriel Boric al respecto en marzo del 2022 en la misma línea, lo que no ha sido considerado por el congreso.
Lo menciono a partir de ciertos casos, como ha pasado con la Municipalidad de Las Condes por ejemplo, atravesada por múltiples escándalos de corrupción, como pasó con el ex Director de Compras, Pedro Carrasco, quien estuvo años de años robando el dinero de todas y todos los vecinos de la comuna sin ningún control, mientras alcaldes como Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza miraban para otro lado.
Para qué decir de las Corporaciones Municipales, que en el caso de la Corporación Cultural de Las Condes, simplemente la transformaron en una caja pagadora de favores políticos y en un lugar para meter gente sin ninguna preparación, sin pasar por ningún concurso público ni nada parecido, lo que es una vergüenza, no solo para las y los vecinos, sino también para quienes hemos trabajado en municipalidades.
Tomando mi propia experiencia como servidor público, luego de haber trabajado en los últimos 6 años en municipalidades como profesional, no solo veo la necesidad de que la Alta Dirección Pública llegue a las municipalidades en algunos altos cargos, sino también en muchos otros cargos intermedios, ya que se ven personas sin la preparación adecuada, y que solo están ahí por contactos políticos, familiares o simplemente por amistad.
Ante lo anterior, vale la pena mencionar el drama de los concursos públicos para los cargos de planta municipal, que muchas veces son solo una pantalla, ya que gran cantidad de ellos son seleccionados solamente por la cercanía al alcalde de turno, y se instalan en las municipalidades para siempre, sin ningún control y sin tener mínimas competencias básicas ni las ganas de trabajar para las y los vecinos.
En definitiva, es urgente darle mayor transparencia a los concursos públicos, especialmente a nivel municipal, ya que solo genera mayor malestar y distancia de la ciudadanía con las políticas públicas, y solo beneficia a unos pocos inescrupulosos, que denigran al Estado y el trabajo honesto y profesional de muchas y muchos que vemos lo público con responsabilidad y como un ámbito clave para la democracia de un país.
