El último domingo ciento de miles de personas salieron a las calles en todo el país para pedir el fin del sistema previsional privado que se impuso al país en 1981. Es probable que la indignación ciudadana con el actual modelo de pensiones se convierta en el movimiento político más relevante para Chile de los próximos años.

Las razones para ello son obvias. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) actualmente están entregando jubilaciones que para la gran mayoría de sus afiliados está por debajo incluso del sueldo mínimo. Y la curva demográfica indica que en los próximos cinco a diez años millones de ciudadanos se aprestarán a cobrar sus pensiones, tensionando al sistema al máximo.

Mientras tanto, los propios militares que decretaron su implementación en plena dictadura tuvieron la sensatez de restarse del sistema y quedarse con el modelo antiguo de reparto. Ahora, sus pensiones son muy elevadas, en especial las de los altos mandos.

Cuando José Piñera, Miguel Kast y los demás jóvenes “Chicago Boys” convencieron a los uniformados de las bondades de un sistema privado que perpetúa hasta la vejez la condición social de cada cotizante, Chile estaba en medio de un frenesí capitalista como probablemente no había vivido desde la época de gloria del salitre. Los grandes grupos financieros se estaban “haciendo la América” con un tipo de cambio que les permitía adquirir dólares a sólo 39 pesos para importar bienes de consumo, comprar empresas más débiles y expandir sus imperios financieros. Es lo que Carlos Tromben ha llamado “el enorme esquema Ponzi” de las finanzas chilenas en su reciente libro “Crónica Secreta de la Economía Chilena”.

El esquema Ponzi -llamado así por un estafador de origen italiano llamado Charles Ponzi que operó en Estados Unidos durante los años 20- básicamente consiste en embaucar a inversionistas prometiéndoles retornos por sobre la rentabilidad de mercado. Pero en realidad el recaudador no invierte en nada, sino que sigue captando clientes, cuyos depósitos sirven para pagar esos retornos prometidos a los inversionistas anteriores. En definitiva, es lo que se conoce como estafa piramidal, la que funciona bien mientras no exista un grupo significativo de inversionistas que exija al mismo tiempo sus intereses. El Grupo Arcano presidido por Alberto Chang parece ser el más reciente ejemplo de este tipo de fraudes.

Pues bien, en medio de esa euforia turbo-capitalista de los grandes grupos financieros chilenos de comienzos de los años 80 debutaron las AFP en Chile. Era un modelo diseñado por jóvenes “Chicago Boys” que creían a ciencia cierta que lo que habían estudiado en universidades estadounidenses era una verdad matemáticamente revelada.

Pasado el tiempo, resulta bastante obvio y triste a la vez que las AFP son una estafa piramidal, pero legalmente sancionada. Si la libertad individual es uno de los grandes axiomas del capitalismo, ¿entonces, por qué no dar libertad a los cotizantes para retirar al menos una parte de sus propios ahorros? La respuesta es simple: si ello sucediera en masa, el esquema Ponzi colapsaría.

Las AFP no son en realidad un sistema de pensiones, sino que son un mecanismo para financiar a las grandes empresas. En otras palabras, es un modelo que transfiere el dinero de todos a los bolsillos de unos pocos. Y cada vez más ciudadanos se dan cuenta de ello, lo que explica las marchas de ayer las que, muy probablemente, crecerán en los próximos meses e incluso años.

Si esta estafa legal resulta tan obvia, y la indignación popular crece día a día, ¿porqué nadie en la clase política se hace realmente cargo de ello?

La propuesta programática de Michelle Bachelet fue la de crear una AFP estatal, algo que todavía no sucede, por cierto. ¿Para qué? Para introducir más competencia y bajar los costos administrativos, entre otras cosas. Es el clásico ejemplo de alguien que se equivoca de objetivo y de competencia. Una AFP estatal sólo viene a reafirmar el sistema privado. Además, si uno toma otro actor estatal –el Banco del Estado- resulta evidente que hace poco o nada por “democratizar” el crédito. Es más, esa institución financiera estatal suele cobrar incluso intereses más altos que los bancos privados.

Pero, nuevamente, ¿por qué hay tan pocas voces en el mundo político que aboguen por transformar el sistema previsional? No existe una respuesta definitiva, pero sí una serie de sospechas que podrían explicar esta pasividad.

La primera, es que al revisar los directorios de las AFP uno se encuentra que ex ministros de todos los colores integran esos lucrativos puestos que otorgan dietas millonarias a cambio de asistir a lo más a un par de sesiones mensuales.

La segunda es que muchos miembros de la elite transversal de este país no dependen ni dependerán de los cheques mensuales que emitan las AFP. Como se dijo, los militares prefirieron quedarse con un sistema de reparto financiado por el Estado. Los operadores políticos y familiares suyos también están asegurados mediante pensiones estatales (piénsese en la esposa del diputado PS Osvaldo Andrade). Y los ricos y privilegiados de este país no cotizan en las AFP, sino que tienen sus ahorros invertidos en “instrumentos” financieros en el exterior. ¿O alguien cree que Andrónico Luksic, Eliodoro Matte, Horst Paulmann o Carlos Heller cotizan en las AFP? No, probablemente no lo hacen, pero sus empresas obtienen los recursos de todos los chilenos para financiar la expansión de sus imperios empresariales.

Y la tercera razón es algo que, de a poco, se está volviendo un cuadro nítido: al final toda la elite, se apode de izquierda o de derecha, festina con el gran pastel de las platas que todos los chilenos están obligados a entregar mensualmente. Después de todo, muchos de los empresarios que se financian gracias al ahorro previsional de los chilenos financian, al mismo tiempo, las campañas políticas de gran parte de nuestros representantes.

Es lo que el economista James Robinson llama las “elites extractivas”: grupos de poder e influencia, educados en los mismos colegios y universidades, muchos casados entre sí, que de manera tácita se ponen de acuerdo para estrujar la fruta a su favor…. Hasta la última gota. ¿Cuántos hijos o hijas de ministros, congresistas, funcionarios públicos, jueces o fiscales, empresarios, militares, periodistas y editores de la prensa tradicional estudian en colegios fiscales? ¿Cuántos de ellos cotizan en Fonasa en vez de Isapre? ¿Cuántos se atienden en el hospital público en vez de la clínica privada del barrio alto?

El economista Jeffrey Winters, que fue recientemente entrevistado por Juan Andrés Guzmán en Ciper, es aún más lapidario. Según él, existe una verdadera “industria de la defensa de la riqueza”, la que hará todo lo posible por proteger los intereses de los super-ricos: abogados tributarios, contadores financieros, lobbistas en el Congreso, financiamiento de políticos, todos al servicio de perpetuar y acrecentar la riqueza de su patrón. Winters afirma que no deberíamos hablar de “elites”, sino que derechamente de oligarquías, como las del siglo 19.

En fin, si ciento de miles de chilenos salieron a la calle para exigir el fin de las AFP, también deberían darse cuenta que habrá un puñado de hombres (sí, casi todos son hombres) que desplegarán todo su poder para impedir o al menos suavizar cualquier cambio de las reglas del juego que tanto le han favorecido en las últimas tres décadas.