Hablar de Inteligencia Artificial como la gran solución para modernizar el Estado se ha vuelto un lugar común. Y, sin embargo, desde el mundo académico, vemos con preocupación que la discusión rara vez pasa de la superficie. Hoy, cuando se habla de «innovación» estatal, casi siempre terminamos hablando de lo mismo: chatbots en sitios web del gobierno. Sí, esos asistentes virtuales ayudan al ciudadano a navegar trámites básicos, y eso no es menor. Pero vale la pena detenerse y preguntar: ¿es esto todo lo que podemos esperar de una revolución tecnológica de esta magnitud?
La respuesta es que no. El verdadero potencial de la IA no está en ponerle parches tecnológicos a procesos triviales. Esta tecnología se diseñó para enfrentar problemas complejos, esos donde la mente humana simplemente no da abasto para procesar los volúmenes de información necesarios para decidir bien. En otras palabras, necesitamos a la IA para resolver los problemas reales del país, no para responder preguntas frecuentes.
El primer paso, y no hay forma de saltárselo, es digitalizar el Estado. Las cifras recientes son alentadoras: a comienzos de este año, Chile dio un salto notable en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE, subiendo del puesto 32 al 10 y consolidándose como líder regional. Es una buena noticia, porque muestra que la base está tomando forma. Pero digitalizar no es un fin en sí mismo. Su sentido último es otro: tener datos para decidir mejor. Sin datos limpios y bien estructurados, seguimos perdiendo oportunidades de optimizar procesos, bajar costos y quitarle a la ciudadanía el peso muerto de la burocracia.
Ahora bien, tampoco basta con «tener» los datos guardados en silos institucionales que no se hablan entre sí. El verdadero salto -el terreno donde la IA realmente brilla- está en cruzar distintas fuentes para sacar conclusiones de alto impacto. Un ejemplo reciente lo dice todo: la estrategia de fiscalización que impulsó la Contraloría. Cruzando los registros de licencias médicas con las salidas internacionales de la PDI, la contralora Dorothy Pérez dejó al descubierto a más de 25.000 funcionarios públicos que viajaban al extranjero mientras estaban con reposo médico. El efecto fue enorme: la emisión de licencias cayó de forma sustancial y el ahorro fiscal bordeó los 675 millones de dólares. Un cruce de datos, audaz pero simple, que muestra para qué sirve esto en la práctica: no solo para almacenar, sino para auditar, inferir y proteger los recursos de todos.
En un Estado con estrechez económica y navegando un escenario difícil, usar bien los datos deja de ser un lujo y pasa a ser una responsabilidad. Las decisiones de alto impacto no pueden seguir tomándose a punta de intuición o de ensayo y error.
Las aplicaciones, además, son bastante claras. En salud, la IA podría ayudar a ordenar listas de espera y gestionar mejor la capacidad hospitalaria. En educación, detectar a tiempo trayectorias de deserción escolar. En protección social, mejorar la asignación de beneficios y corregir exclusiones. En compras públicas, advertir irregularidades o patrones anómalos. Y en seguridad, focalizar con mayor precisión los esfuerzos de prevención. Ahí está su valor más importante: no en automatizar lo trivial, sino en apoyar decisiones complejas allí donde el Estado más falla y más impacta.
Pensemos, por ejemplo, en el reciente debate sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). En abril, el exministro de Hacienda Mario Marcel señaló en una entrevista que las medidas compensatorias adoptadas para reemplazar el funcionamiento tradicional del MEPCO terminaron costando cerca de 560 millones de dólares. Es decir, desarmar o alterar la política costó prácticamente lo mismo que mantenerla, pero con el agregado de generar fricción social y encarecer el costo de vida en cadena.
Decisiones así, con un impacto social y político tan profundo, pueden -y deberían- apoyarse en modelos analíticos avanzados. La IA permite simular escenarios y anticipar el comportamiento de una medida económica antes de aplicarla, evaluando sus externalidades y revelando los costos que no se ven a simple vista.
Chile avanzó en sus cimientos digitales, pero el edificio de la inteligencia gubernamental recién está en los planos. La IA no es solo un motor para automatizar respuestas en un chat; es una brújula para navegar la complejidad del Estado. Es hora de que el Gobierno asuma el verdadero desafío de los datos: integrarlos, procesarlos y, sobre todo, usarlos para gobernar pensando en el largo plazo.
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