Esta semana, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, presentó el Informe Anual 2023 Situación de los DD.HH. en Chile, en una ceremonia que se realizó en Villa Grimaldi y a la que asistió el Presidente Gabriel Boric, actividad que además estuvo enmarcada en la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los DD.HH. y los 50 años del golpe de Estado.
En su intervención, Contreras destacó que es la primera vez en que la entrega del Informe Anual se realiza en un sitio de memoria. “Nos encontramos en Villa Grimaldi. Sabemos que por aquí pasaron cerca de 4.500 personas, entre las cuales hay víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones sumarias y sobrevivientes a la prisión política y tortura”, dijo la directora.
Uno de los temas abordados fue la violencia en la zona centro sur de Chile, estableciendo de forma crítica que desde la institución se advirtieron limitaciones en la información disponible. “También vimos la necesidad de evaluar las estrategias de seguridad desde la perspectiva del derecho a la seguridad y sus garantías vinculadas”, planteó la directora.
En tanto, y en una temática por primera vez abordada en los informes, se hicieorn reparos a la actuación estatal por las adopciones irregulares perpetradas entre los años 60 y los 90. “No existen los mecanismos necesarios ni una instancia estatal especialmente dirigida a (…) la obtención de verdad, justicia, reparación y restitución de las víctimas a sus familiares de origen”, indicó al respecto.
En seis capítulos, distribuidos en 436 páginas, el informe fusiona el análisis de temas que han sido una preocupación permanente, con otros que han emergido en los últimos años. Entre los primeros, se encuentran la justicia transicional, de especial significación al cumplirse medio siglo del quiebre democrático. Y en los segundos, las adopciones irregulares de niños y niñas.
Capítulos de Informe INDH
El Capítulo Uno aborda los “50 años del golpe de Estado en Chile” y analiza los “avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional”. Se recopilaron todas las recomendaciones que el INDH ha hecho al Estado y se incluyeron también las de las comisiones de verdad y los órganos de los tratados ante los que Chile rinde examen. Así, el 73% de las recomendaciones están parcialmente cumplidas o pendientes.
Entre otras cosas, plantea que “es particularmente grave” que hasta ahora siga vigente el Decreto Ley 2.191 de Amnistía. Ello, si bien hay un avance en una jurisprudencia uniforme que lo declara no admisible. Además, valora el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada, considerando la necesidad de avanzar en una estrategia administrativa destinada a localizar, identificar y restituir los restos de las personas detenidas a sus familiares.
El Capítulo Dos toca las “Violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones del centro sur de Chile”. Se recuerda que el INDH ha generado 31 documentos que abordan la situación desde diversas perspectivas y que buscan evidenciar vulneraciones a víctimas. El capítulo expone brechas en variados derechos, entre ellos la seguridad personal, en cuanto a su respeto y garantía de parte del Estado para quienes viven en la zona. Además, muestra que la adopción de medidas ante la violencia no es homogénea.
También se aborda la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos que vulneran los derechos analizados en este capítulo. Se indica que una mayor calidad del análisis delictual podría contribuir a un diagnóstico más acertado de las causas de los hechos violentos y, como consecuencia, podría mejorar la convivencia entre los habitantes de la zona.
Discriminación
El Capítulo Tres aborda el “Principio de no discriminación y Derechos Sociales”, en especial en tres grupos de especial protección: mujeres, personas con discapacidad y personas LGTBIQ+. Si bien existen avances normativos por parte del Estado, se plantea que su efectividad es dudosa. No están asegurados los recursos financieros para ciertos ámbitos de la educación, tampoco existe capacitación adecuada para los profesionales de la salud y falta una adecuada evaluación de la normativa antidiscriminación.
Función policial
El Capítulo Cuatro, “Informe sobre la Función Policial y el Orden Público”, evalúa el cumplimiento de las más de 300 recomendaciones que ha planteado el INDH desde 2011 respecto de la actuación de la fuerza policial. El texto apunta a que aún se requiere avanzar, considerablemente, en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el establecimiento de un efectivo control del poder civil sobre las policías.
Desastres y respuesta del Estado
Los dos últimos capítulos del Informe 2023 del INDH se refiere a materias hasta ahora no profundizadas.
El Capítulo Cinco se refiere a la “Gestión de Desastres en Chile desde la perspectiva de los Derechos Humanos”. Hay que recordar que Chile incorporó un enfoque de DD.HH. en estas materias. A partir de este lineamiento se analizó la actuación estatal ante situaciones de desastres. El texto concluye que los desafíos concretos que enfrenta el Estado tocan a la disminución de la brecha entre lo que enuncia su diseño y lo que se ve en su implementación. Se requiere robustecer no sólo la institución del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sino mejorar la coordinación con otros servicios.
Adopciones irregulares
En tanto, el Capítulo Seis aborda por primera vez el “Derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile”. El informe ve la actuación del Estado ante las llamadas adopciones irregulares entre los 60 y los 90. Se detectó que faltan mecanismos o instancias especialmente dirigidas a la modernización de las adopciones, el reconocimiento de víctimas y la obtención de verdad, justicia, reparación y restitución de las víctimas a sus familiares de origen.
Puedes revisar el detalle del informe a continuación:
