Durante la jornada de ayer, lunes 22 de agosto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció la presentación de una modificación legal que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas.
Lo anterior lo informó durante una visita que realizó a Iquique, donde la secretaria de Estado estuvo acompañada del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el delegado presidencial de la región de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas.
El anuncio hecho por Ríos, se da en contexto donde la población migrante recluida se ha incrementado y se concentra en el norte del país.
Según datos de Gendarmería, creció desde 3,7% en en 2013 a 10,3% hasta abril del presente año (4.298 personas extranjeras).
¿De qué trata la iniciativa para reponer expulsión de extranjeros?
La iniciativa anunciada por la ministra de Justicia propone específicamente exigir requisitos para que se concrete como una pena sustitutiva.
En este sentido, la condena no puede ser superior a 5 años y 1 día; la persona no puede registrar otras condenas, haber cumplido un tercio de la pena originalmente impuesta de manera efectiva y tener buen comportamiento.
Al respecto, la ministra Ríos expresó que «esto es un paso clave, nosotros estuvimos en esta misma región hace un mes, y tal como lo comprometimos, regresamos con propuestas y evidencia en mano para hacernos cargo de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, tal como nos lo han hecho saber».
«Respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer, además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal», añadió la ministra.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó la importancia de «que tengamos un sistema penitenciario que nos permita tener condiciones necesarias para que se pueda realizar la reinserción social».
Asimismo, calificó esta medida como «esencial» y «clave para la seguridad pública».
Cabe señalar que, antes de prohibirse la expulsión para Ley 20.000, mediante la promulgación de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, la mayoría de las órdenes judiciales de expulsión eran en casos de delitos contemplados en la normativa antidrogas.
De las expulsiones decretadas hasta 2019, la gran mayoría proviene de algún delito de ley de drogas, alcanzando aproximadamente el 90% de todas las expulsiones realizadas en el periodo 2012-2022.
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