De acuerdo a datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la mitad de las municipalidades del país está siendo investigada por diversos delitos de corrupción.
Las cifras fueron entregadas en un seminario que organizó la institución para analizar el fortalecimiento de la probidad y prevención de estos ilícitos en las municipalidades.
Juan Peribonio, presidente del CDE, afirmó que ven «con preocupación el aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal, y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar«.
Según los antecedentes entregados, en 2010 ingresaron 166 asuntos, el 2015 casi se triplicaron y el 2020 se llegó a 689 procesos. Desde entonces se ha mantenido un stock de causas vigentes, a noviembre de 2021, de 1.119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país.
De lo anterior, 489 causas corresponden a materias penales en que se investigan delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros, asociadas a 180 alcaldías a lo largo del país.
Esto se traduce en que un 52,17% de las municipalidades del país se encuentran vinculadas a alguna investigación penal por este tipo de ilícitos.
Asimismo, un 23,5% de las causas penales que conoce el CDE se concentra en 11 municipios, donde no está incluido Maipú. Entre ellos, Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando, Punta Arena y San Ramón.
En cuanto a las investigaciones en curso, distintas autoridades han expresado su preocupación por las dificultades que se les presentan al momento de las indagatorias.
La fiscal nacional subrogante, Claudia Perivancich, indicó que una de las complejidades para indagar está en los «sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios».
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