La prisión preventiva de Joaquín Lavín León marca un momento político profundo para Maipú. No es solo la caída judicial de una figura ligada a uno de los apellidos más poderosos de la derecha chilena. Lo que queda expuesto es una forma de ejercer el poder y de relacionarse con el Estado.
Durante décadas, la derecha chilena viene construyendo cuidadosamente un relato de superioridad moral y eficiencia. Un relato repetido hasta el cansancio en medios de comunicación, matinales, editoriales y espacios de opinión donde se instaló la idea de que la derecha administra mejor, que sabe gobernar y que representa el orden frente al supuesto desorden de otros sectores políticos.
Ese relato fue protegido durante años desde espacios de poder económico, político y mediático que blindaron determinadas figuras y minimizaron denuncias incómodas. Mientras tanto, cualquier crítica es presentada como exageración, resentimiento o simple pelea política.
La historia se repite. Chile ya ha visto antes cómo sectores que levantan discursos de probidad y eficiencia terminan involucrados en casos de corrupción, financiamiento irregular y abuso de poder. Y hoy Maipú vuelve a transformarse en escenario de esa misma historia.
La Fiscalía investiga delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumentos privados mercantiles. Delitos graves cuyos efectos terminan golpeando la vida cotidiana de miles de vecinos.
Si recursos públicos terminan financiando operadores políticos o estructuras de poder, el perjuicio lo paga la comuna completa. Son recursos que dejan de invertirse en seguridad, salud primaria, recuperación de espacios públicos, programas sociales o apoyo comunitario.
Cuando el tráfico de influencias entra a la gestión pública, las instituciones dejan de funcionar pensando en el bienestar colectivo y comienzan a responder a redes políticas y favores internos. El resultado es una municipalidad debilitada, menos eficiente y cada vez más distante de las necesidades reales de sus barrios.
Y cuando se utilizan documentos presuntamente falsos para justificar gastos y movimientos de recursos, lo que se destruye es la confianza pública. Se rompe la idea básica de que quienes administran recursos del Estado deben responder ante la ciudadanía y actuar con transparencia.
Durante años, muchas de las voces que denunciaron estas prácticas en Maipú fueron atacadas, ridiculizadas o simplemente ignoradas. Hoy los antecedentes judiciales muestran que esas alertas no eran exageraciones. Había razones de sobra para denunciar.
Maipú no merece seguir siendo noticia nacional por corrupción, abuso de poder y deterioro institucional. Las y los vecinos merecen una comuna donde los recursos públicos estén puestos al servicio de la gente y no de estructuras políticas que terminan protegiéndose entre sí.
Detrás de cada peso mal utilizado hay una calle sin reparar, una atención de salud que no llega, una plaza abandonada o una familia que siente que las instituciones dejaron de representar sus intereses.
Ese es el verdadero legado que dejó la derecha en Maipú. Y después de todo lo ocurrido, la comuna tiene el deber de no volver a entregarles su confianza.
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