El 30 de abril de 2024 se promulgó la Ley 21.667, conocida como Ley de Estabilización Tarifaria, para ajustar las tarifas de electricidad tras cinco años sin actualizaciones adecuadas. Este ajuste podría implicar incrementos de hasta el 60% en algunos segmentos, y se espera que se consoliden a inicios de 2025.
Esta alza ha generado presión política para mitigar su impacto en la población, por lo que el Ministerio de Energía, liderado por el ministro Pardow, ha desplegado una mesa técnica en el Congreso a fin de analizar la situación y pedir esfuerzos a las generadoras para extender el subsidio eléctrico.
Sin embargo, las medidas propuestas hasta ahora carecen de mecanismos de compensación adecuados y pueden tener efectos negativos en la inversión en el sector eléctrico debido a una intervención artificial del gobierno en el mercado de eléctrico.
Entre las propuestas se encuentran el aumento del cargo por servicio público, que afecta la competitividad de sectores como el industrial y minero; el incremento del impuesto a las emisiones de CO2, que no reduce emisiones pero impacta a los generadores de combustibles fósiles; la utilización de la mayor recaudación de IVA, que potencialmente reduce la recaudación fiscal; la renegociación de contratos de suministro, con riesgos de politización y efectos patrimoniales negativos; el uso de energía de plantas con pequeños medios de generación distribuida (PMGD) para abastecer empresas distribuidoras, afectando a suministradores con contratos 24/7; y la limitación del pago del precio estabilizado a proyectos PMGD, con efectos negativos en los inversionistas.
Una posible solución podría basarse en un mecanismo de financiamiento del alza tarifaria, dirigido a la demanda, que podría distribuir mejor los costos y proteger a los segmentos más vulnerables y a las pymes.
Un esquema de financiamiento del alza tarifaria podría distribuir el impacto de manera más equitativa y gradual, evitando efectos negativos y permitiendo una transición energética justa en Chile.
Este enfoque permitiría mantener niveles tarifarios “sanos” mientras se revisan con calma las reformas necesarias, apoyando a los consumidores finales e inversionistas para avanzar hacia una transición energéticaante una inminente crisis climática.
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