El Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO), junto a las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans, Maite Orsini, Catalina Pérez y al diputado Diego Ibáñez, oficiaron al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tras recibir una serie de denuncias ante la vulneración, por parte de algunos centros de salud tanto de la red pública como del sector privado, del derecho de las mujeres gestantes a contar con acompañamiento durante el preparto y parto.
Como antecedente, el pasado 25 de junio de este año, el Ministerio de Salud -a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaria de redes asistenciales- envió un instructivo con las “Orientaciones para el manejo de casos Sars-Cov 2 (Covid-19) en Gestantes, puérperas y/o Diadas”, el cual establece que las mujeres tienen derecho a un acompañamiento significativo (“una persona sana, durante el preparto y parto”), manteniendo las precauciones y medidas sanitarias. Sin embargo, según las denuncias recabadas por el Observatorio, este derecho sigue siendo vulnerado.
Gonzalo Leiva, director de OVO Chile explicó que “durante mayo de este año realizamos un catastro el cual reveló que un 46% de los hospitales públicos suspendió el acompañamiento en todo momento, lo que derivó a que muchas mujeres cambiaran de lugar de atención, e incluso vimos un gran aumento de personas que decidieron parir en casa para no exponerse a los riesgos de vulneración y malos tratos en los centros de salud”.
“Si bien es esperable que uno de los grandes temores es que exista riesgo de contagio de COVID-19, hay experiencias en la Región Metropolitana, como es el caso del Hospital de La Florida o el Hospital San José, donde la presencia de acompañantes no ha aumentado el contagio de las y los profesionales. Aún ante el caso que la paciente sea diagnosticada de COVID positivo, sus derechos en el parto no se anulan ni se pueden vulnerar, y el derecho a tener un acompañante significativo subsiste, así lo indica también la OMS”, añadió.
Por su parte, la diputada de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Gael Yeomans, indicó que “las mujeres han vivido una violencia estructural en esta pandemia que las ha afectado en todos los aspectos de su vida, incluso en sus partos. La denuncia que hace el Observatorio de Violencia Obstétrica es muy grave porque tienen el derecho a estar acompañadas en el parto y es deber de las autoridades de salud fiscalizar que los protocolos se cumplan”.
En tanto, el diputado Diego Ibáñez, quien integra la comisión de Salud, manifestó que “hemos oficiado junto a otras diputadas para que el ministro de Salud y la ministra de la Mujer se refieran a esta situación, a la cantidad de denuncias recibidas y si es que se ha observado el instructivo que existe en esta materia. Resulta crucial erradicar estas situaciones que se producen incluso al momento de la gestación y el parto, etapas en las que se evidencian prácticas arraigadas que son violentas. Debemos avanzar hacia un trato respetuoso de su integridad y dignidad”.
De acuerdo a las denuncias recibidas por OVO, la mayor cantidad de casos han ocurrido en el sector público y en especial en regiones, evidenciando una vez más la inequidad de base que existe en temas de salud sexual y reproductiva en nuestro país.
Al respecto, la diputada Claudia Mix señaló que “nos parece muy grave que distintos centros de salud, sobre todo públicos, no estén respetando el derecho a acompañamiento. Esta es una expresión más de la violencia gineco-obstétrica que históricamente han enfrentado muchas mujeres y que lamentablemente se ha acrecentado durante la pandemia. Necesitamos que la autoridad sanitaria nos aclare lo antes posible por qué no se están cumpliendo los protocolos y que haga todos los esfuerzos para evitar que más mujeres vean vulnerados sus derechos».
La parlamentaria, además, presentó hace dos años el proyecto de Ley Adriana, que busca, entre otras materias, sancionar la violencia obstétrica, moción que hasta la fecha no ha sido tramitada en ninguna instancia legislativa. Al respecto, indicó que “hacemos un llamado a que se avance en el proyecto de ley Parto Respetado, llamado Ley Adriana. No es posible que esta iniciativa siga durmiendo en el Congreso. Exigimos que la pongan en tabla. No se puede seguir avalando la violencia gineco-obstétrica”.
La evidencia internacional y académica muestra que el acompañamiento a mujeres durante el trabajo de parto y parto tiene efectos en la disminución del dolor; sentirse protegida y acompañada en el proceso puede liberar oxitocina que ayuda en la progresión del parto, ayuda a los equipos de salud en contener a la paciente, entre muchos otros beneficios. Asimismo, genera un impacto importante en reducir las intervenciones, la ansiedad, y el temor, existiendo menor probabilidad de uso de forcep, cesáreas, junto con el retraso y/o la disminución del uso de anestesia.
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