«En Chile, todas las trabajadoras son beneficiarias de las normas de protección a la maternidad, y de fuero maternal, sean trabajadoras del sector público o privado», es parte de lo señalado en el documento.
Si bien la historia inicia en 2017 con un sumario en su contra, el verdadero calvario de María Teresa Ureta comienza a principios de 2020, luego de que presentara una licencia médica y la Municipalidad decidiera retomar el proceso, citándola a declarar presencialmente en las dependencias de la Fiscalía Administrativa de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Maipú.
¿El problema? La mujer estaba con la instrucción médica de reposo absoluto debido a un embarazo de alto riesgo. En el certificado médico incluso se indicaba explícitamente que María debía «llevar embarazo tranquila, evitar estrés y situaciones complejas».
Todo el proceso continuó con su curso a pesar de la evidente y compleja condición de la trabajadora, además de todos los recursos y certificados presentados en su defensa, hasta que en diciembre de 2020 se le confirmó la medida disciplinaria de destitución del cargo.
Cristóbal Cerpa, esposo de María y quien ha mediado en todo el proceso agotando todas las instancias posibles, recientemente ingresó un reclamo ante el Tribunal Electoral en contra de Cathy Barriga, candidata a la reelección, en donde solicita una revisión de la idoneidad del cargo de la Alcaldesa, ya que «posiblemente no ha podido llevar de manera adecuada e incumpliendo el deber del correcto Control Jerárquico más otras posibles vulneraciones de derechos«.
«La administración municipal de Maipú, liderada por Cathy Barriga ha desvinculado a una funcionaria municipal con una bebé que actualmente tiene 7 meses de edad y por ende existiendo fuero maternal», continua exponiendo el documento.
Asimismo, agrega que «en Chile, todas las trabajadoras son beneficiarias de las normas de protección a la maternidad, y de fuero maternal, sean trabajadoras del sector público o privado […] el cual ha sido considerado elemental en un ordenamiento jurídico democrático, ya que permite el ejercicio del derecho al trabajo a la mujer en un periodo de especial necesidad, de embarazo y lactancia, resguardándola de posibles abusos o discriminaciones en su contra».
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Luego de hacer un repaso de la cronología de los hechos y destacar varias leyes que respaldan su argumento, el reclamo concluye:
«Solicito al TRICEL una respuesta a la Reclamación en el que indique la idoneidad y si doña Cathy Barriga estaría habilitada para desempeñarse en un cargo público de elección popular por no ejercer un correcto Control Jerárquico y con ello se han vulnerado derechos y mermado arcas municipales».
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