La defensa de Ana María Cortés, quien fue conocida como «la viuda negra» en su paso por Maipú, lugar al que llegó desde el Municipio de Lo Barnechea, intentó encuadrar la participación de su defendida para evitar que quede con prisión preventiva.
Alegaron sus abogados, que ella llegó desde el Municipio de Lo Barnechea a Maipú y que el decreto 4182 sobre el cual, según la fiscalía, se fundó el ocultamiento del déficit municipal, se realizó en momentos en que ella no había llegado a Maipú.
«Cuantos directores SECPLA hubo durante el periodo, ocho, ¿cuántos de esos están siendo formalizados?, dos. De esos dos, ¿a cuántos le están pidiendo prisión preventiva? solo a una», dijo el abogado de Ana María Cortés.
Haciendo alusión a una situación familiar compleja, indicaron que Ana María Cortés es cuidadora de una hija menor de edad y un padre de la tercera edad.
Quizás lo más llamativo es que intentaron apartar a Cortés de BArriga. Dijeron que el cargo de la primera era un «cargo de confianza» y que no era lo mismo a ser una «persona de confianza».
En su exposición llegaron a decir que Cortés era una funcionaria que seguía indicaciones. Dejando de manifiesto que -a estas horas- está imperando el sálvense quien pueda.
Lo cierto, es que innumerables testimonios de la época, colocan a Ana María Cortés como parte del círculo más estrecho de colaboradores de Barriga.
La fiscalía indicó, buscando tumbar los argumentos de la defensa de Cortés, que para ella habían pedido arresto total y no domiciliario total como en el caso de Andrea Díaz, pues mientras la segunda reconoció falsificaciones, la primera había mentido en su declaración ante la PDI.
