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domingo, agosto 7, 2022

Presunto fraude al fisco de Cathy Barriga: Así habría funcionado la estructura para cometer el delito

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Nicolás Aravena
Nicolás Aravenahttps://lavozdemaipu.cl/
A los 21 años fundé este diario (hoy tengo 38). Actualmente vivo en Québec. Soy bueno para los cafés especiales, hablar de periodismo y pésimo bailarín. Un antipático.

El Municipio de Maipú se querelló contra la ex Alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, por el delito de fraude al fisco. La querella presentada por los abogados Marcos Contreras Enos y José Pedro Silva Santa Cruz, busca que la justicia investigue un entramado de hechos, acciones u omisiones que, a juicio de la entidad edilicia, se habrían creado para desviar fondos públicos.

En las 48 páginas del escrito presentado se acusa a Cathy Barriga de haber ideado, diseñado e implementado «una minuciosa estructura orgánica y funcional que le permitió vulnerar todos los mecanismos de control que la ley contempla para la correcta utilización de los recursos públicos».

En La Voz de Maipú tuvimos acceso a la querella, y la desmenuzamos para explicar, de mejor manera, a las vecinas y vecinos respecto a las graves acusaciones que recaen sobre la ex máxima autoridad comunal.

Cathy Barriga: Así habría comenzado a estructurar el fraude al fisco

La tesis del fraude al fisco de la querella, se fundamenta en un decreto municipal firmado de puño y letra por Barriga.

Es 9 de diciembre de 2016 y Barriga está recién aterrizando en el municipio. Hace apenas 3 días asumió el cargo y firma, el que de seguro, debe ser el o uno de los primeros decretos alcaldicios donde estampó su rúbrica. El decreto en cuestión es el número 4182. El documento es un caballo de Troya.

En el artículo primero del decreto Barriga hace algo que es obvio para cualquier autoridad. Delega en funcionarios de su máxima confianza, la capacidad de firmar en su nombre. Esa firma se hace «en nombre del alcalde», por lo cual la responsabilidad de lo que se firma siempre de quien confiere la capacidad de rubricar.

Sin embargo, el decreto va más allá pues, en la práctica, realiza una modificación a las funciones de varios departamentos municipales. ¿En simple? delega labores de gasto y control de gasto en personas de su confianza, y no en los trabajadores municipales que, por ley, les corresponde hacerlo.

Según se explica en la querella «tres días después de asumir en su cargo, la ex Alcaldesa barriga modificó las funciones de aquellos funcionarios que no podía nombrar directamente para transferir dichas funciones a sus colaboradores de exclusiva confianza, contrariando al ordenamiento jurídico, lo que terminó facilitando la comisión de diversos ilícitos».

Barriga delegó funciones propias de la Dirección de Administración y Finanzas en la Secretaría de Planificación (SECPLA) y en su Administrador Municipal. De esta forma, asegura la querella, se usaron esas atribuciones para «contratar servicios y bienes, personal a honorarios, aprobar bases de licitación, controlar garantías, contratar sin licitación bajo 500 UTM y autorizar determinadas modificaciones presupuestarias. Ello permitió vulnerar y prescindir de diversos procedimientos de control».

En resumen, en el documento donde delegó firma, reasignó facultades financieras y redistribuyó las competencias de varios departamentos municipales

Analizado el decreto 4182, los querellantes hacen un análisis. «(el decreto) tampoco transfiere el ejercicio de competencias que legalmente le corresponden al Alcalde (requisito esencial de la delegación). En contraste, en numerosas ocasiones transfiere de un lugar a otro competencias que legalmente le corresponden a unidades subordinadas de la Municipalidad. Esto contraviene de forma expresa la figura misma de la delegación ya que, para que esta opere, el delegante sólo puede delegar aquellas facultades exclusivas que le hayan sido atribuidas por ley. Lo anterior se traduce en que lógicamente no se pueden delegar competencias que no le pertenecen al delegante».

Barriga de esta forma delegó en personas de su máxima confianza atribuciones que no les correspondían.

Que no quede huella

En su reglamento de estructura y funciones vigente, el Municipio de Maipú delega las facultades de control y administración financieras en la Dirección de Administración y Finanzas (DAF). A esa dirección se suma el Departamento de Licitaciones y Control Presupuestario.

Sin embargo Barriga habría realizado transferencias de funciones desde esas unidades. La querella indicada que esos movimientos crearon «una especie de órgano con facultades financieras y de control paralelas a la que establece el citado reglamento. Esta confusión tuvo como resultado dificultar la labor de transparencia y control financiero del Municipio. Es por esto que la investigación dirigida por el Ministerio Público no sólo deberá constatar el millonario perjuicio que le irrogó la imputada Barriga al Municipio de Maipú, sino que también deberá esclarecer el destino de esos los fondos defraudados, toda vez que la querellada se encargó especialmente de que no existiera trazabilidad alguna sobre los mismos. 

En total hoy no se sabrían los destinos de $21.692.233.378 millones de pesos.

El círculo de hierro que concentró el poder

El primer Secretario de Planificación Comunal fue Boris Gálvez, constructor civil quien había trabajado en el Ministerio de Educación y en el de Vivienda y Urbanismo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Gálvez, con las modificaciones hechas por Barriga, quedó con capacidad de «aprobar modificaciones presupuestarias entre ítems y creaciones de cuentas asociadas a estas, elaborar el presupuesto municipal en torno a al subtítulo 22, 24, 29 y 31, así como su control y cumplimiento, y dictar decretos y actos administrativos necesarios para cursar modificaciones presupuestarias»

Las facultades de la SECPLA, excedían por lejos sus funciones. De hecho, el rol de esa dirección -entre muchas otras atribuciones- es “evaluar el cumplimiento de […] el presupuesto Municipal, e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente”

En síntesis la SECPLA, que es órgano asesor del alcalde, pasa a gestionar. De paso, se le sustraen las funciones a la Dirección que sí debe hacer esa labor: la DAF.

Gálvez y las 10 personas que se sucederán una tras otra en la SECPLA, gestionan y controlan gastos y, en la práctica se autofiscalizan.

Pero la SECPLA no es la única dirección que recibió nuevas facultades. La Dirección de Desarrollo Comunitario: DIDECO, recibió «la facultad de otorgamiento, modificación o término de beneficios sociales». Lo que antes era competencia del Departamento de Asistencia Social recaía en la DIDECO. Pero Barriga fue más allá. A DiDECO le dio amplias facultades en las áreas de Subsidios Sociales.

Incluso a DIDECO se le otorgaron facultades propias del Departamento de Licitaciones y Control Presupuestarios. De esta forma la DIDECO quedó a cargo de «hacer el seguimiento de las licitaciones y efectuar el control de ejecución presupuestaria. Además, al Secretario Comunal de Planificación se le entregaron las funciones de fiscalizar el cumplimiento de contratos y concesiones y aprobarse respuestas y/o aclaraciones de licitaciones públicas y privadas».

Finamente al Administrador Municipal, indica la querella: «se le entregaron funciones propias del Departamento de Personal (Numeral 1.1, artículo 30). Estas consistían en ejecutar y controlar todos aquellos procesos relativos a incorporaciones y desvinculaciones de personal tales como nombramientos, ascensos, aplicación de medidas disciplinarias y provisión de los recursos humanos a las unidades que lo requieran. Estas funciones se reasignaron al Administrador Municipal bajo la fórmula de que él sería encargado de suscribir, modificar y poner término a los contratos del personal a honorarios«.

Cathy Barriga en su adiós: «Entrego un municipio en orden, en equilibrio financiero, presupuestario y cuentas al día»

En su última intervención como alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga aseguró: «Entrego un municipio en orden, en equilibrio financiero, presupuestario y cuentas al día». Hoy, probablemente tendrá que respaldar sus dichos con papeles y hechos. El delito que se le imputa, puede acarrear una pena de hasta 15 años de cárcel.

Sin embargo, el haber tenido una estructura municipal modificada para poder hacer y deshacer a su antojo es una parte del presunto ilícito. Certificados de disponibilidad presupuestaria adulterados, presiones a analistas de SECPLA para gastar más de lo que se debía y un presupuesto municipal donde se sobreestimaban los ingresos, son una tormenta perfecta.

Más antecedentes de la querella en las próximas horas.

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