Hace algunos años atrás la Presidenta Bachelet impulsó una modificación al presupuesto del Ministerio de Vivienda que permitió darle vida a una de las facultades legales que tienen los Municipios para llevar adelante proyectos de viviendas económicas.
De esta manera, bajo la administración de Paulina Saball, el Ministerio de Vivienda tomó contacto con un grupo de alcaldes para comenzar un proyecto piloto que permitiría construir viviendas de propiedad municipal. De esa iniciativa surgen proyectos como la denominada «inmobiliaria popular» en la Comuna de Recoleta.
En efecto, “con el objeto de incrementar el número de viviendas disponibles para el arrendamiento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de los SERVIU, otorgó subsidios de los Programas Habitacionales, a personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro, que tengan por objeto construir o mejorar viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares, las que serán destinadas en todos los casos al arrendamiento a personas beneficiarias del Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda».
Si bien esta iniciativa nació para disponer de viviendas sociales, es perfectamente factible que otros municipios se asocien y puedan impulsar proyectos de viviendas para la clase media tipo DFL 2.
Alguien podría cuestionar la idea de crear empresas inmobiliarias municipales, pero esa negativa correspondería a una visión absolutamente ideologizada que impide al Estado involucrarse aún más en la planificación y diseño de políticas de desarrollo habitacional.
Sin ir más lejos, los Municipios actualmente pueden asociarse y crear empresas de interés social. Esta legislación municipal abre la puerta para que este tipo de asociación pueda construir y administrar viviendas municipales para arriendos.
La Ley Orgánica de Municipalidades otorga el marco legal para la creación de Asociaciones Municipales, en donde por ejemplo Municipios como el de Maipú, Padre Hurtado o Cerrillos puedan promover un parque habitacional capaz de atender buena parte de la demanda de viviendas, con costos de arriendo que no superen el 25% de los ingresos familiares.
En Países de Europa vivir en casas de propiedad fiscal es algo bastante común, su administración depende de empresas públicas municipales creadas para este efecto. Hay todo tipo de modelos de viviendas según el segmento de población de desee acogerse a estos planes.
Por ejemplo, recientemente en Madrid se ha lanzado un “Plan de Arriendo Joven”, a favor de personas de hasta 35 años, inscritas de forma ininterrumpida en el municipio durante dos años inmediatamente anteriores a la fecha de adjudicación. Algo más atractivo aún es que deben desempeñar su actividad laboral principal de forma ininterrumpida en un centro de trabajo ubicado en la misma comuna durante dos años inmediatamente anteriores a la fecha de adjudicación.
Austria, Inglaterra, España, Francia entre otros Países impulsan este tipo de planes de acceso a la vivienda pública, no sólo a nivel de personas individuales o unidades familiares, sino también en «unidades convivenciales» para uso habitacional compartido.
Una iniciativa de este tipo se hace cada día más urgente, pues los precios alcanzados tanto para el pago de hipotecas como para el pago de arriendos hace cada vez más inaccesible el sueño de la vivienda propia, tanto de familias emergentes como de la población adulto mayor.
Nolberto Salinas R.
Abogado
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